NC-BC y PSOE piden la comparecencia de la alcaldesa Onalia Bueno por la detención de un policía local en Mogán
La oposición reclama explicaciones en el próximo pleno municipal por supuestas irregularidades y cuestiona el papel de la regidora en la gestión del caso

Vehículos de la Policía Local de Mogán. / LP/DLP

Nueva Canarias-Bloque Canarias y PSOE han solicitado la comparecencia de la alcaldesa, Onalia Bueno, en el próximo pleno municipal para que ofrezca explicaciones tras la detención de un agente de la Policía Local en el ejercicio de sus funciones el pasado 2 de febrero, por su presunta implicación en el cobro irregular de multas de tráfico, al imponer sanciones a turistas que cometían infracciones pero luego quedarse el dinero. En cinco años, llegó a alcanzar la cantidad de 135.000 euros recaudados, según la Guardia Civil.
Los grupos de la oposición consideran que existen “múltiples dudas” en torno a los hechos que han desembocado en la detención y entienden que deben aclararse en el máximo órgano de representación política del municipio. En este sentido, recuerdan que en febrero de 2025 fueron retiradas las competencias en materia de Policía al entonces responsable del área, Mencey Navarro, y plantean que se esclarezca si esa pérdida de confianza guarda relación con los hechos ahora conocidos.
En rueda de prensa, la alcaldesa aseguró que tuvo conocimiento el año pasado de “anomalías” en el funcionamiento de las PDA -dispositivo electrónico portátil que usan los agentes para tramitar multas o denuncias- y que su actuación se limitó a indicar que se procediera en consecuencia desde la empresa municipal Gestiona Mogán. Sin embargo, NC-BC y PSOE dudan de que la regidora no estuviera puntualmente informada del desarrollo del asunto.
Entre las cuestiones que la oposición quiere que se aclaren figuran si desde el inicio se conocía qué agente o agentes podían estar implicados, si existen más anulaciones de infracciones realizadas a través de las PDA, si los dispositivos permiten identificar quién anula un procedimiento y si se ha estimado el posible perjuicio económico para las arcas públicas. También cuestionan si la alcaldesa se desentendió del caso delegando toda la gestión en el responsable de la empresa municipal y, de ser así, si ello podría suponer una dejación de funciones.
Por todo ello, los grupos firmantes defienden que la comparecencia es necesaria en el marco de sus funciones de control y fiscalización, con el objetivo de que la alcaldesa dé explicaciones públicas y se despejen las incógnitas en torno a este asunto.
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