Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes

Durante este mes de febrero, la Policía Nacional ha recibido un goteo de unas 18 denuncias contra B.M.A.P, la dueña de la agencia de viajes Aray Tours Canarias S.L., ubicada en el centro comercial de San Fernando, por presuntamente dejar sin vuelos ni alojamientos a decenas de personas que habían abonado casi 10.000 euros para reservar su traslado y estancia a Los Indianos de La Palma, previstos entre el 13 y el 17 de febrero. De forma paralela, el pasado día 9 la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó reabrir la investigación por otra presunta estafa vinculada a la cancelación de varios cruceros contratados a esa misma empresa del sur de Gran Canaria en 2023.

El tribunal provincial estima el recurso presentado por varios afectados y revoca el archivo provisional acordado en julio de 2025 por la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, al apreciar indicios suficientes de delito en la actuación de la responsable de la agencia. La causa se originó tras las denuncias de cinco clientes que contrataron entre septiembre y noviembre de 2023 un viaje en crucero a la agencia Aray Tours Canarias S.L. con salida prevista para el 24 de septiembre de 2024.

Los perjudicados abonaron cantidades que oscilaban entre los 2.880 y los 4.560 euros por persona. Sin embargo, el viaje fue cancelado sin que recibieran la devolución íntegra del dinero, pese a las reclamaciones efectuadas durante meses. Solo algunos clientes obtuvieron reintegros parciales de pequeñas cuantías: 950 euros en el caso de uno de los denunciantes y 500 euros en otros dos.

Mientras que de las declaraciones de los denunciantes podía entenderse que existirían elementos de ánimo de lucro, engaño suficiente para inducir a error a los clientes y perjuicio económico derivado de los pagos efectuados, la titular de la agencia sostuvo que la cancelación se debió a que no se alcanzó el número mínimo de pasajeros exigido por la naviera. En este sentido, declaró que reconocía la deuda contraída con cada uno de los clientes e incluso les había ofrecido otra alternativa de viaje.

Ante ello, la magistrada apreció que no cabía interpretar en su actuación ni engaño relevante ni el ánimo de lucro propios del delito de estafa que se le atribuía. Por ello, el juzgado decidió que los hechos narrados en cada una de las denuncias constituirían un conflicto de naturaleza jurídico civil o mercantil y archivó provisionalmente la causa.

Versión de la naviera

No obstante, la Audiencia Provincial considera que el escrito del recurso desvirtúa esa versión. El documento aporta las diligencias practicadas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas, que recabaron información de la naviera encargada de los viajes contratados. Así, constataron que de los cinco viajes citados en las denuncias solo uno contaba con código de reserva y que, además, fue cancelado por la propia compañía el 22 de agosto de 2024 por falta de pago.

Esta información, según la Audiencia, mantiene los indicios de un posible delito de estafa porque la responsable de la agencia no habría tenido desde el inicio intención real de cumplir con los servicios vendidos, pese a haber cobrado las cantidades abonadas por los clientes. La cancelación de los viajes habría dependido exclusivamente de su actuación, lo que presuntamente generó un beneficio económico para ella y un perjuicio para los denunciantes, reforzado por las contradicciones entre sus explicaciones y la versión facilitada por la naviera sobre por qué no se realizaron los viajes.

Posible juicio oral

El auto, al apreciar indicios suficientes, ordena reabrir la investigación y practicar las diligencias necesarias. De este modo, la causa regresa al juzgado de origen para que continúe la investigación penal y será la magistrada instructora quien decida qué actuaciones deben realizarse y si existen elementos para llevar a la responsable de la agencia al banquillo de los acusados y proceder a la apertura de un juicio oral.

El delito de estafa está castigado con penas de prisión de seis meses a tres años, cuya duración se fija en función del dinero defraudado, el perjuicio económico causado a las víctimas, la relación entre las partes, los medios empleados y otras circunstancias que determinen la gravedad de los hechos. Cuando la cantidad estafada no supera los 400 euros, la sanción prevista es una multa de uno a tres meses.

Los afectados, tanto de los cruceros como de los viajes a los Indianos en La Palma, han contactado entre sí y han conformado un grupo de WhatsApp en el que hay alrededor de 70 personas para intercambiar información sobre sus malas experiencias con la agencia de viajes y organizar posibles acciones legales. Aunque la empresa mantiene presencia en redes sociales, no dispone de página web propia y su sede física permanece cerrada. En portales especializados del sector turístico figuran varias valoraciones negativas publicadas en fechas recientes, en las que algunos usuarios reiteran la calificación de «estafadora». Además, fuentes policiales aseguran que la responsable de la agencia ya fue detenida meses atrás por hechos de naturaleza similar.

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