Guía da carpetazo al proyecto de la planta de biogás por su impacto paisajístico y social

Guía da carpetazo definitivo a la solicitud de los permisos para la construcción de una planta de biogás en La Atalaya, promovido por la empresa Conagrican (Grupo FSM). La Junta de Gobierno del Ayuntamiento desestima en su integridad las alegaciones presentadas por el promotor tras una resolución similar del año pasado, y deniega la licencia de obras. El informe de Urbanismo centra buena parte de su argumentación en el impacto paisajístico de una obra que estima de carácter industrial, más que asociado a la actividad agrícola del lugar, y en la resolución del Cabildo que descartó su interés público y social.

19.370 toneladas de plátanos, papayas y estiércol

La junta de gobierno cerró este mediodía del jueves todas las puertas municipales de forma definitiva a la instalación de una planta para el tratamiento y valorización de destríos del sector agropecuario, mediante digestión anaerobia, proyectada en una parcela agrícola de Matas Blancas (entre La Atalaya y Roque Prieto), y con capacidad para más de 19.370 toneladas al año.

El informe técnico del Área de Desarrollo municipal en manos del concejal José Manuel Santana corrobora una decisión previa en la misma línea de septiembre del año pasado, a la que se suma una resolución posterior en noviembre del Servicio de Planeamiento y Paisaje del Cabildo, que rechazó su declaración de interés público y social por considerarlo "una actividad complementaria de la actividad agrícola principal". En este sentido, el Cabildo califica expresamente en sus informes esta planta como una "instalación de gestión de residuos".

El alcalde, Alfredo Gonçalves, ya había avanzado en el pleno celebrado por la mañana la decisión final, reafirmando su compromiso de que durante su gestión no se va a construir la planta de biogás, ante una pregunta de la oposición y la irrupción de un vecino que quiso manifestarse de forma espontánea en el salón plenario.

Instalaciones de tipología industrial en suelo rústico

El informe técnico del Ayuntamiento de Guía justifica su resolución, por un lado, por un carácter paisajístico. "El paisaje rural de Canarias es un activo fundamental para la identidad cultural del territorio, para la calidad de vida de los residentes y para el turismo. Permitir la proliferación de instalaciones de tipología industrial en suelo rústico, amparadas en la simple justificación de su “necesidad técnica” para usos complementarios, supondría una degradación progresiva e irreversible del paisaje rural canario. El informe municipal desfavorable constituye, por tanto, un acto de defensa del interés general frente a intereses particulares legítimos pero que deben canalizarse a través de los procedimientos y condiciones que el ordenamiento establece cuya herramienta es el proyecto que lo acredite.

A su vez, se emite un informe jurídico desfavorable relativo a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, en la que "verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecúa a la legalidad urbanística".

Falta una regulación nacional y regional

El documento también reconoce que en España no existe una legislación específica que establezca una distancia mínima obligatoria para la ubicación de plantas de biogás con respecto a los núcleos urbanos. Sin embargo, añade que "la ubicación de estas instalaciones está sujeta a diversas normativas ambientales y territoriales que, indirectamente, influyen en la necesidad de alejarlas de zonas habitadas. En Canarias, la situación es similar a la nacional en cuanto a la falta de una ley autonómica que establezca una distancia mínima general para todas las plantas de biogás a los núcleos urbanos". Pero sí en Castilla La Mancha, que es de 2.000 metros, medidos desde el límite de suelo urbano de uso residencial exclusivo o predominante, pudiendo ser autorizadas, en casos excepcionales, a 1500 metros.

No hay que olvidar también que el Estado le otorgó a Conagrican una subvención de 1.961.685,21 euros de fondos Next Generation de la Unión Europea. Al margen de que la empresa todavía tiene pendiente la vía judicial.

A 500 metros de distancia al suelo urbano

El acuerdo cierra las puertas del Ayuntamiento a la concesión de la licencia municipal de la obra, como exigían vecinos, y solo podría salir adelante por la vía administrativa en el caso de que existiera una declaración de interés general en un ámbito superior al insular.

En este caso, se detalla que en Guía estaría a 500 metros del suelo urbano de La Atalaya, 18,5 metros del velatorio y 86,1 metros de la puerta del cementerio.

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