Juzgan a un hombre por violar durante cinco meses a su hijastra con parálisis cerebral en Vecindario
El acusado convivió en el mismo domicilio que la víctima, que tiene una discapacidad física del 98% y es dependiente para todas las actividades de la vida diaria
Concentración contra la lacra de las agresiones sexuales. / EFE
La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo martes a un hombre acusado de haber agredido sexualmente durante cinco meses a la hija de su pareja, una joven con parálisis cerebral infantil que presenta una discapacidad física del 98% y es dependiente para todas las actividades de la vida diaria. Los hechos habrían tenido lugar entre el 17 de marzo y el mes de agosto de 2020 en un domicilio de Vecindario.
El acusado, que responde a las iniciales de J. N. P. y carece de antecedentes penales, se mudó el 14 de marzo de dicho año con su pareja sentimental y los hijos de esta, entre los que se encontraba la víctima. En un procedimiento especial tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas, el juez determinó que no tiene capacidad de obrar ni habilidades funcionales para realizar cuestiones patrimoniales, económicas y jurídicas, por lo que fue sometida a curatela.
El escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que el encausado obró "con ánimo de socavar la libertad sexual" de su hijastra y le realizó tocamientos y agresiones sexuales completas, en algunas de las ocasiones haciendo uso de la fuerza para vencer la resistencia de la víctima.
Orden de alejamiento
La perjudicada presentó denuncia por estos hechos ante la Guardia Civil de Santa María de Guía. Como medida cautelar, el juez acordó la prohibición de salida de la isla de Gran Canaria para el investigado, así como una orden de alejamiento hacia la joven durante la tramitación de la causa.
El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de un delito continuado de agresión sexualy reclama para el acusado, que responde a las iniciales de J. N. P., una pena de 15 años de prisión.
La Fiscalía pide que se le imponga una pena de 15 años de prisión por estos hechos
De la misma forma, pide su inhabilitación absoluta y una medida de libertad vigilada durante diez años, por la que deberá comunicar inmediatamente al juez cualquier cambio del lugar de residencia o del puesto de trabajo.
La Fiscalía también considera necesario que se adopte una inhabilitación especial para impedirle ejercer los derechos a la patria potestad, la tutela, curatela, guarda o acogimiento por un tiempo de seis años, así como negarle durante seis años el ejercicio de cualquier empleo, cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no. Por último, reclama una orden de alejamiento hacia la denunciante por un periodo de diez años.
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