La interventora de Guía destapa facturas en cajones y la privatización municipal

La nueva interventora del Ayuntamiento de Guía, María Esther Granada, reconoce en el Pleno que existen muchas facturas impagadas en los cajones, que se ha abusado «desde tiempos inmemoriales» de empresas privadas externas para ejercer servicios propios de funcionarios, e implanta un plan de choque para pagar facturas atrasadas a proveedores «que no tienen la culpa» y mejorar la gestión interna que agilizar la administración municipal. En esa línea, el grupo de gobierno aprobó un reconocimiento extrajudicial de créditos por más de un millón de euros para pagar a empresas cargos por servicios ya prestados desde hace tiempo.

Sin margen de maniobra

«Me he encontrado un ayuntamiento en parada técnica, un presupuesto agotado, trabajamos con unas cuentas prorrogadas por segunda vez, o sea, bastante anteriores de este año, lo que nos deja sin margen de maniobra real para las necesidades de 2026. Hay facturas en el cajón. He hallado una cantidad ingente de facturas del ejercicio anterior e incluso de 2024».

Lleva apenas dos semanas, y la nueva interventora aprovechó el Pleno celebrado este jueves para reflejar el panorama ‘oscuro’ que se ha encontrado nada más pisar ‘la casa pública de los guienses’.

Fraccionamiento de contratos

En su exposición a los concejales dejó varias aseveraciones. Entre ellas, que se ha abusado durante mucho tiempo de los contratos menores, en vez de convocar concursos públicos, y la dependencia de empresas consultoras externas en servicios que deben ser ejercidos por el personal municipal. Un problema que ya denunció en el anterior mandato la oposición sobre los informes legales, que deberían ser de un secretario de la Corporación.

«No hace falta que nadie me lo diga, es lo primero que he visto. Existe una inercia de fraccionar contratos para evitar la licitación pública. Esto, además de ser ilegal, es ineficiente y nos sale caro. Hay una dependencia externa bestial. Se ha delegado desde hace un tiempo inmemorial, no lo sé desde cuándo, el asesoramiento a empresas privadas para funciones que deberíamos de haber hecho nosotros, los funcionarios. Esto ha provocado que se aplique lógica de derecho privado donde solo cabe el derecho administrativo, invadiendo competencias que son propias de esta casa. Hemos estado asesorados por especialistas en derecho privado, cuando esto es una administración pública, y el personal aplica las técnicas mal», expuso María Esther Granada.

Concursos para nuevos funcionarios

Para poner remedio a esta situación, anuncia que ha puesto en marcha un plan de choque «bestial», para solventar los problemas detectados. «Para que Guía no se detenga, he implementado tres medidas de choque: operación limpieza, con un reconocimiento extrajudicial de créditos vamos a pagar esas facturas de servicios esenciales prestados, en una media excepcional para normalizar la situación y que los proveedores cobren lo que es suyo. Del no sistemática a una política de advertencia previa. Y emitiendo informes educativos para que el personal sepa cómo tramitar bien los expedientes desde el principio, para no bloquearlos al final».

Los últims alcaldes piden perdón

Además, de cara al futuro persigue una administración «moderna, digital y basada en la gobernanza. Ser eficientes, porque no nos podemos permitir gastar mal ni un solo euro de nuestros presupuestos. Todo ello, basado en lo público y no lo privado». Para ello va a «reactivar las convocatorias de empleo, y crear bolsas de trabajo reales con los que aprueben el primer examen. Necesitamos personal propio, para dejar de depender de consultoras externas», sentenció.

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