Santa María de Guía
La Fiscalía archiva la denuncia por la compra de locales y contratos a un abogado en Guía
El Ministerio Fiscal avala la pulcritud del expediente de adquisición de la actual Oficina Ciudadana, que pasó por cinco informes de funcionarios, y también el trabajo del letrado por la falta de empleados públicos cualificados
La Oficina Municipal de Atención Ciudadana de Guía, frente al cuartel de la Guardia Civil. / LP / DLP
La Fiscalía Provincial de Las Palmas decreta el archivo de las diligencias de investigación abiertas el año pasado tras una denuncia anónima contra el exalcalde de Guía, Pedro Rodríguez, y su mujer, al no apreciar la existencia de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencia relacionados con la adquisición del inmueble que ocupa en estos momentos la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en la calle Óscar Bautista Afonso (frente a la guardia Civil). A su vez, el Ministerio Público ha tomado la misma decisión en el caso de los contratos de servicios vinculados al abogado externo, al entender que se ajustan a la Ley de Contratos del Sector Público.
Un procedimiento "transparente"
Agentes de Delincuencia Económica de la Guardia Civil irrumpieron en julio de 2025 en el Ayuntamiento de Guía para solicitar el expediente administrativo vinculado a la adquisición de ocho locales, que en un primer momento iban dirigidos a albergar un gimnasio municipal, y cuyo uso se cambiaría más tarde para convertirse en la actual Oficina del Ciudadano. La investigación se había iniciado como consecuencia de una denuncia anónima presentada en la Comandancia de Las Palmas, dando cuenta de unas decisiones supuestamente delictivas. Unos hechos que negó el ahora exalcalde, Pedro Rodríguez, que convocó una conferencia de prensa para rechazar los hechos por los que se investigaban en su fase preprocesal, tras publicar este periódico la información.
Pedro Rodríguez, en el centro, durante la comparecencia de prensa junto a sus compañeros de partido, César Medina, Sibisse Sosa, Teresa Bolaños, Tanausú Santos y Ángel Ramos. / LP / DLP
El fiscal detalla en su resolución que la transacción de compraventa entre el Ayuntamiento y el empresario se llevó a cabo mediante un procedimiento abierto, que "garantiza a priori la transparencia, igualdad de oportunidades, publicidad y competencia". En este caso, el Ministerio Público defiende que una vez examinada la documentación recabada por la policía, "parece quedar acreditada la necesidad de la compra de los ocho locales comerciales adquiridos por el Ayuntamiento por un importe total de 587.424,85 euros a cargo del presupuesto general de la corporación local para el año 2018 trae causa del Plan Corrector del Desequilibrio Financiero aprobado por el Pleno de la corporación local en 2016 en el que se analizaron los servicios deportivos... así como del informe de fecha 10 de enero de 2017 emitido por el licenciado en educación física".
Las transferencias se efectuaron como reflejan las escrituras
A su vez, concluye que la tramitación del expediente se ha ajustado a lo establecido en las leyes de Contratos del Sector Público y de Patrimonio de las administraciones Públicas, contando con los informes y documentos preceptivos en el expediente administrativo, y "no apreciándose actuación de don Pedro Rodríguez Pérez ni de su esposa contraria a Derecho".
En cuanto a la adquisición de los inmuebles por el matrimonio a la misma promotora, expone que "no se observan irregularidades en relación a las operaciones de compraventa de las fincas analizadas revistiendo las escrituras notariales todos los visos de legalidad, pudiéndose constatar que las transferencias bancarias realizadas como forma de pago se efectuaron como reflejan las escrituras notariales, no apreciándose movimientos bancarios en efectivo en las cuentas de don Pedro y de su mujer que llamen la atención en relación a la posible comisión de cualquier tipo de ilícito penal".
El letrado llevaba años ejerciendo para el Ayuntamiento
A su vez, en el caso de la contratación del abogado externo A. R. R. R. y el dinero pagado por sus servicios, el fiscal expone que "una vez examinada la documentación recabada al respecto, tampoco cabe apreciar la comisión de ilícito penal alguno dado que, por lo que se refiere a la adquisición de los locales antes citados, el letrado en cuestión llevaba prestando servicios jurídicos de asesoramiento para el Ayuntamiento de Santa María de Guía desde años antes de que don Pedro Rodríguez Pérez fuese alcalde del citado Ayuntamiento y en los informes elaborados con ocasión de la adquisición por el Ayuntamiento de esos locales intervinieron principalmente el arquitecto superior municipal -que emitió un total de tres informes- y el interventor de la corporación local -que emitió dos informes- y muy secundariamente el citado letrado".
Por todo ello, la Fiscalía ha decretado el archivo de las diligencias, "al entender que de las mismas no se deduce la existencia de ilícito penal alguno", al tiempo que notifica esta decisión a la Guardia Civil de Las Palmas para que, si lo estima pertinente, pueda presentar el escrito y documentación adjunta con la denuncia anónima que dio origen a las presentes diligencias de investigación ante el Juez de Instrucción competente.
Los hechos denunciados no constituyen un delito
El denunciante exponía en su relato ante la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas que el matrimonio había recibido un supuesto trato de favor, al ser beneficiario "de un considerable descuento en la compraventa de dos inmuebles", registrados entre el 22 de diciembre de 2015 y el 10 de julio de 2017. A cambio de esta rebaja del precio por la promotora, el entonces alcalde de la localidad promovió una operación de adquisición del Ayuntamiento con la empresa de ocho locales comerciales ubicados en el mismo edificio. Y detallaba que, pese a su inicial uso deportivo, se destinarían posteriormente a otros usos. La denuncia recoge que en la operación había participado el letrado A. R. R. R., "ajeno al Ayuntamiento de Santa María de Guía, si bien vinculado íntimamente al denunciado, el cual utiliza los servicios del citado letrado, ante la inexistencia de empleados públicos cualificados, para la elaboración de forma externa del Ayuntamiento de informes preceptivos que debían realizarse por la entidad local".
El decreto de la Fiscalía resuelve que, de la documentación recibida y de las diligencias de investigación acordadas, "se puede llegar a la conclusión de los hechos denunciados no constituyen, per se, hecho delictivo alguno".
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