Un juez indaga si dos empresarios de Telde sustrajeron millones a su compañía para lucrarse

Un magistrado de Telde ha abierto una investigación contra dos empresarios de la familia Del Río Bravo de Laguna y un abogado por su gestión al frente de Melenara 2000, dedicada a la explotación de fincas y la venta de aguas, que ha supuesto la intervención judicial de la compañía. La causa trata de averiguar si aprovecharon sus cargos al frente de la entidad para lucrarse añadiendo "deudas ficticias" y derechos de cobro que les habrían permitido desviar "importes millonarios" en perjuicio de la sociedad y del resto de sus socios.

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde admitió a trámite la querella interpuesta por los supuestos perjudicados, que imputan a Pedro y Juan del Río Bravo de Laguna y al letrado Francisco P. M., como cooperador necesario, presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y administración desleal.

El magistrado instructor, Alejandro Navarro Hernández, consideró necesario apartar a los investigados de la gestión de la compañía de forma cautelar mientras avanzan las pesquisas. En un auto dictado el 28 de enero, determina que "existen elementos más que suficientes" para acceder a la adopción de esta medida por existir "sólidos indicios de una continuada y sistemática despatrimonalización de la sociedad por parte de los querellados, en su propio beneficio y de su sociedad Calcusan".

Están imputados por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad y administración desleal

La querella parte de un informe de auditoría de las cuentas anuales de la entidad realizado en 2023, que advirtió la existencia de determinados movimientos que podrían perjudicar "gravemente" las arcas de la empresa y que contravendrían los "principios contables más elementales".

Una de las operaciones bajo sospecha consiste en un cargo extraordinario de 400.000 euros transferido a Calcusan por los "daños de los últimos cinco años en la producción de plátanos pertenecientes a Calcusan sobre los terrenos arrendados por Melenara 2000 y no expropiados por las obras de la nueva vía de la circunvalación de Melenara". Sin embargo, los denunciantes consideran que la única base para justificar ese gasto consistió en un informe elaborado por un trabajador de la empresa beneficiada.

Transferencias bajo sospecha

De la misma forma, habrían actuado con otra transferencia relativa a los intereses de demora por la fijación de justiprecio y el pago referidos al vial costero, en la misma proporción que el importe cobrado por la expropiación de la finca Mondongo transferida en 2019. No obstante, en el procedimiento administrativo y contencioso, la mercantil beneficiada no se personó ni interesó indemnización alguna.

El informe de auditoría sobre las cuentas del año 2022 refleja además que Calcusan figura por un saldo deudor de 1,3 millones de euros procedentes de diversas transferencias con intereses anuales a favor de Melenara 2000. Pese a ello, apuntan los querellantes, no constan documentos que reflejen la existencia de un préstamo que justifique la transferencia de un importe millonario como el que se desvió hacia la empresa de los denunciados.

El instructor ve "sólidos indicios" como para apartarlos de forma temporal del seno de la compañía

Además, el auditor reflejó una minoración de 660.000 euros por el consumo de agua procedente del Heredamiento de Regantes Capellanía de Cuchara desde 2005 hasta 2021, siendo la titularidad del mismo de los dos empresarios querellados. "Hacen surgir de la nada, como si de una chistera de mago se tratase, unos derechos históricos de uso de agua que nunca figuraron en la contabilidad, sobre los que nunca hubo reclamación ni soporte documental", recoge la denuncia.

Los querellados presuntamente facturaron 330.000 euros cada uno al atribuirse "la titularidad de un derecho que no les pertenece", por lo que habrían infringido sus deberes como administradores de un derecho hereditario colectivo. Además, los reclamantes creen que trataron de apropiarse ellos dos exclusivamente de las supuestas ganancias que generaría la herencia común de cinco herederos, aprovechándose del doble cargo de administradores que ostentan como herederos de la sociedad y de la herencia.

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