La reforma del Estadio de Gran Canaria abre la puerta a un nuevo modelo de gestión entre Cabildo y UD Las Palmas

La reforma del Estadio de Gran Canaria, en el horizonte del Mundial de 2030, no solo plantea una modernización del recinto para adaptarse a las exigencias de la FIFA, sino que sitúa sobre la mesa una posible redefinición de su modelo de gestión. Pero el carácter público del recinto insular conlleva un encaje legal complejo para permitir la aspiración de la UD Las Palmas de participar en la financiación y la gestión del recinto, a diferencia de otros estadios donde los clubes controlan directamente la inversión y la explotación, o de fórmulas mixtas público-privadas,

Después de la renuncia de Riazor (La Coruña) y La Romareda (Málaga), nueve estadios españoles aún se mantienen como sedes mundialistas para la cita de 2030. Cuatro son propiedad de sus clubes, el Santiago Bernabéu, del Real Madrid, y el Riyadh Air Metropolitano, del Atlético de Madrid, en la capital; y el Spotify Camp Nou, del FC Barcelona, y el RCDE Stadium, del Espanyol, en Cataluña. Dos son mixtos: San Mamés, en Bilbao, y la Nueva Romareda, en Zaragoza. Y tres son públicos: Anoeta, en San Sebastián; La Cartuja, en Sevilla y el Estadio de Gran Canaria.

En los recintos que son propiedad de sus clubes, la planificación de reformas, la explotación de espacios, así como la organización de eventos, depende exclusivamente de las decisiones internas del club; aunque también están sometidas a normativa urbanística y de seguridad, la gestión económica y deportiva es privada, lo que les permite unos ingresos significativos. La reforma del Bernabéu ha sido una de las más ambiciosas y costosas de Europa, con un coste que supera ampliamente los 1.000 millones de euros y con financiación estructurada en múltiples préstamos a largo plazo. La obra ha enfrentado quejas vecinales por el ruido que han llevado a la cancelación de diversos actos programados en el recinto.

Por su parte, la revisión integral del Camp Nou ha sufrido retrasos notables respecto a sus plazos originales, llevando al equipo a disputar sus encuentros en Estadi Olímpic de Montjuïc. En el caso del Metropolitano, el Atlético de Madrid está considerando si ceder el recinto para la cita mundialista le compensa económicamente frente a la programación de eventos y conciertos en verano.

Modelo mixto

San Mamés, en Bilbao, representa un modelo intermedio. El estadio es propiedad de la sociedad San Mamés Barria, participada tanto por el Athletic Club como por instituciones públicas vascas. Esta fórmula mixta permitió levantar un nuevo estadio que sustituyó al anterior, históricamente propiedad del club, combinando financiación pública y privada y manteniendo una sociedad específica para la gestión del recinto.

La construcción del futuro estadio en Zaragoza es un ejemplo reciente de colaboración entre entidades públicas y un club. El Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza acordaron constituir Nueva Romareda, una sociedad mercantil participada a partes iguales para financiar el proyecto, valorado en 175 millones de euros, que incluye el derribo del anterior estadio, su reconstrucción y la puesta en marcha de un campo modular donde el club disputa sus partidos actualmente.

Estadios públicos

El resto de las sedes españolas mantiene un modelo de titularidad pública. Anoeta, en San Sebastián, pertenece al Ayuntamiento y fue objeto de una larga reforma finalizada recientemente y financiada mayoritariamente por la Real Sociedad, que aportó la mayoría del coste de la remodelación. A cambio, el club obtuvo una ampliación de la concesión de uso del estadio hasta 2067, incorporando esta inversión como parte del canon. Este ejemplo demuestra cómo la colaboración público-privada puede articularse mediante concesiones prolongadas y acuerdos de compensación financiera, garantizando la titularidad pública del inmueble.

En Sevilla, La Cartuja es gestionada a través de la empresa pública Estadio Cartuja de Sevilla S.A., participada por Patrimonio del Estado, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla, entre otras. El estadio fue reformado recientemente para ampliar el aforo hasta los 72.000 espectadores eliminando la pista de atletismo que rodeaba el terreno de juego, en el marco de un conjunto de actuaciones para ser sede mundialista. Se ha convertido en el tercer estadio de España en capacidad después del Santiago Bernabéu y el nuevo Camp Nou.

Los ejemplos nacionales revelan distintas fórmulas, como la integración de inversión privada sin perder el control público, generalmente a través de concesiones prolongadas o sociedades mixtas que articulan la participación de los clubes.

Canon de 400.000 euros

En Gran Canaria, el proceso de reforma se ha convertido en un punto de inflexión. El proyecto, con un presupuesto estimado en 160 millones de euros, no solo responde a las exigencias de la FIFA, sino que también abre la puerta a redefinir el papel de la UD Las Palmas en la gestión futura del estadio. En la actualidad, la Corporación Insular cede el recinto a la UD Las Palmas a cambio de un canon anual cercano a los 400.000 euros.

La intervención contempla una modernización integral que incluye la ampliación del aforo hasta los 44.484 espectadores, superando el mínimo de 40.000 que impone la FIFA para ser sede mundialista, la instalación de una cubierta total y la reconfiguración de las gradas para mejorar la proximidad al terreno de juego. Además de los aspectos estrictamente deportivos, el diseño incorpora elementos orientados a diversificar los usos del recinto para convertir el estadio en una infraestructura activa durante todo el año, capaz de generar ingresos más allá de los días de partido, un modelo consolidado en Europa.

El proyecto lleva la firma de L35 Arquitectura, estudio responsable de la transformación del Santiago Bernabéu, y fija como horizonte de finalización junio de 2029, un año antes de la cita mundialista. La primera fase ya está en marcha con la demolición de la torre este, una estructura que condiciona la evolución del recinto y cuya desaparición permitirá avanzar en la nueva configuración del estadio.

Financiación y gestión

El principal reto reside en la financiación y el modelo de gestión. El Cabildo de Gran Canaria ha planteado la posibilidad de cofinanciar la reforma junto al club, con una aportación que podría alcanzar los 60 millones de euros, lo que representa cerca del 37,5 % del coste total. Para garantizar el cumplimiento de la normativa, esta aportación deberá gestionarse mediante mecanismos compatibles con la ley, como convenios específicos, sociedades de economía mixta o fórmulas de colaboración público-privada aún por concretar. Esta estructura permitiría que el club participe en la financiación y gestión del estadio, sin que ello vulnere la titularidad pública y los principios de concurrencia y transparencia exigidos a la administración.

Pero el debate sobre la gestión futura del estadio también se centra en la explotación de los nuevos espacios que se incorporarán. La UD Las Palmas, por su parte, aspira a que su eventual aportación económica tenga un reflejo directo en la gestión del recinto. El objetivo del club es poder participar en la explotación de los activos que se generen tras la reforma, en línea con lo que ocurre en otros estadios donde las entidades deportivas han logrado integrar su inversión en acuerdos de largo plazo que les garantizan retornos económicos.

Acuerdo de futuro

Este planteamiento obliga a abrir un proceso de negociación con el Cabildo que, además de definir la financiación, deberá concretar el marco jurídico que regirá la relación entre ambas partes en las próximas décadas. En este contexto, el Estadio de Gran Canaria encara un proceso complejo en el que deberá equilibrar la inversión privada con el control público, cumplir con los exigentes requisitos de la FIFA y asegurar que la gestión de la infraestructura responda al interés general.

Precisamente, este miércoles el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, y el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, presentarán el marco de acuerdo de futuro entre el Gobierno de la isla y la entidad deportiva.

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