El Cabildo de Gran Canaria denuncia un trato desigual del Estado en las ayudas a las renovables

El Cabildo de Gran Canaria ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la modificación de la normativa que regula las ayudas a energías renovables, al considerar que su aplicación actual genera un trato desigual en las Islas. La institución advierte además de posibles acciones legales si no se corrige la situación.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), distintas líneas de ayuda financiadas con cargo al mismo componente (C7.I2) están siendo sometidas a condiciones de ejecución diferentes, según expone el gobierno insular en una nota. Mientras que las ayudas gestionadas directamente por el IDAE han sido flexibilizadas, permitiendo ampliar los plazos de ejecución y adaptar el cumplimiento de los hitos; las reguladas por el Real Decreto 451/2022, incluidas las vinculadas a la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas y gestionadas por el Gobierno de Canarias, mantienen un régimen más restrictivo, con plazos cerrados y sin posibilidad de modificación. 

Desigualdad en los fondos

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, defiende que proyectos financiados con los mismos recursos europeos están sometidos a condiciones distintas según su vía de gestión. "Lo que estamos planteando es una cuestión de justicia y de coherencia en la gestión de los fondos europeos. No puede haber proyectos que, siendo iguales y financiados con los mismos recursos, tengan condiciones distintas en función de cómo se gestionan".

El dirigente insular advierte de que esta diferencia puede afectar a la ejecución de proyectos y a la capacidad de Canarias para absorber los fondos europeos. "Vamos a acudir a los tribunales y a todas las instancias que sean necesarias para defender los intereses de Gran Canaria y pelear unos fondos europeos que son ahora más necesarios que nunca", aseguró Morales.

En este sentido, el presidente insular recordó que "este trato desigual debió haberse corregido ya en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado por el Gobierno y convalidado el pasado jueves en el Congreso, incorporando medidas que garantizaran la igualdad en la ejecución de estos fondos, especialmente en un territorio ultraperiférico como Canarias".

Riesgo para inversiones

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, ha destacado que "en el contexto internacional actual, marcado por la inestabilidad geopolítica y la subida de los precios de la energía, no se entiende que el Gobierno no esté articulando medidas que favorezcan la soberanía energética en un territorio ultraperiférico y vulnerable como Canarias", subrayando además el impacto de esta situación sobre "un amplio tejido de pequeñas y medianas empresas instaladoras que dependen de estos proyectos".

A la iniciativa ya se han sumado distintas entidades vinculadas al sector energético, entre ellas comunidades energéticas y administraciones locales como el Ayuntamiento de Gáldar. La previsión es que en los próximos días se adhieran más organismos públicos y privados.

A esta iniciativa ya se han sumado distintas entidades. En particular, la comunidad energética privada de El Goro ha manifestado que presentará también una instancia en el mismo sentido, así como la comunidad energética de Gáldar y el propio Ayuntamiento de Gáldar. Asimismo, se prevé que en los próximos días se adhieran nuevas entidades públicas y privadas, reforzando una posición común en defensa de un tratamiento justo y equitativo de los fondos europeos en Canarias.