Giro en el millonario negocio de vallas y mupis en Maspalomas: el Ayuntamiento no podrá asumir su gestión de forma directa

Un informe jurídico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana rechaza que el Consistorio pueda asumir de forma directa, a través de la empresa municipal Gesvisur, la gestión de la publicidad en los soportes municipales, como vallas, mupis y otros elementos anclados a la vía pública, dentro de un expediente enquistado desde hace años.  La controversia se remonta a la concesión original, adjudicada en 1994 por 13 años y declarada extinguida por el propio Ayuntamiento en 2020, al considerar que había vencido en 2012, aunque la empresa continuó explotando esos soportes hasta que en junio de 2025 se suscribió un acuerdo transaccional, posteriormente homologado judicialmente, para regular una etapa transitoria de liquidación. El nuevo documento sostiene que esa actividad no constituye un servicio público local, sino un uso privativo del dominio público con finalidad lucrativa, por lo que la vía legal pasa por una concesión demanial sujeta a licitación pública.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, admitió este lunes, tras conocerse el contenido del informe - y en respuesta a críticas del PSOE, que lo tachó de "kamikaze de la política"- que la municipalización de este servicio «no se puede hacer desde el voluntarismo político» y que, en este caso, los informes jurídicos concluyen que esa opción «no es viable». El Ayuntamiento sostiene ahora que procederá a sacar la explotación a licitación conforme a la normativa vigente y enmarca este expediente en la necesidad de actuar con seguridad jurídica.

El informe señala que no se cumplen los requisitos legales

El informe, firmado el 10 de marzo de 2026 por la jefa de Servicio de Patrimonio y al que ha tenido acceso este periódico, concluye de forma expresa que «no se cumplen los requisitos legales» para realizar un encargo a medio propio a Gesvisur. Añade, además, que la explotación publicitaria del mobiliario urbano debe regirse por el Derecho patrimonial y no por una encomienda directa a una sociedad municipal.

La salida legal no pasa por encargar la explotación a Gesvisur, sino por una nueva licitación pública

El mismo documento también cuestiona que se mantenga la actual situación de interinidad con M.C. Comunicación Vial. A juicio de la responsable del informe, no existen razones de interés público que justifiquen prolongar ese escenario, por lo que propone preavisar a la mercantil con un mes de antelación al vencimiento inicialmente previsto para el 31 de julio de 2026, con el fin de cerrar esta etapa y fijar la recepción definitiva del mobiliario urbano.

Informe de fiscalización

El informe advierte, además, de que ese acuerdo se adoptó sin que conste el preceptivo informe de fiscalización previa de la intervención y subraya que el expediente no incorpora documentación suficiente para comprobar si las cantidades abonadas por la empresa se corresponden realmente con el 3% de los ingresos trimestrales fijado en ese pacto. Por ello, plantea requerir a la mercantil la entrega de la documentación económica pendiente.

Por su parte, el PSOE de San Bartolomé de Tirajana interpretó el documento como un revés a la hoja de ruta del grupo de gobierno. La portavoz socialista, Conchi Narváez, sostuvo que el informe desmonta la pretensión de encargar esta gestión a la sociedad municipal y reclamó que el Ayuntamiento acate el criterio técnico, cierre la actual situación transitoria con la empresa explotadora y convoque cuanto antes un concurso público ajustado a la legalidad.

La vía ahora descartada por los técnicos había sido defendida por el propio gobierno local en abril de 2024, cuando anunció que asumiría la gestión de la publicidad en los espacios públicos a través de Gesvisur, con subrogación de seis trabajadores. En la respuesta remitida este lunes, Marichal sostiene que la revisión del expediente emprendida desde 2023 ha servido precisamente para analizar alternativas y confirmar que la municipalización no era jurídicamente viable. El edil añade que este caso demuestra que asumir servicios desde lo público no es «una cuestión tan sencilla como otros grupos plantean» y extiende ese argumento a otros debates abiertos en el municipio, como el de hamacas y sombrillas.

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