Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: deberá integrar sus 11 estaciones y proteger el paisaje

El proyecto del tren de Gran Canaria, que discurre entre la capital y San Bartolomé de Tirajana, ha recibido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable por parte del Órgano del Cabildo Insular, después de tres años de trámites. El documento concluye que la infraestructura no generará efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones impuestas en el estudio.

El acuerdo, adoptado por unanimidad el 16 de marzo de 2026, avala la viabilidad ambiental de una actuación de casi 58 kilómetros de trazado que atravesará seis municipios de la isla con once estaciones: Santa Catalina, San Telmo, Los Hospitales, Jinámar, Telde, Aeropuerto, Carrizal, Cruce de Arinaga, Vecindario, Playa del Inglés y Meloneras. Está proyectado con doble vía en el tramo central (entre las estaciones de San Telmo y Playa del Inglés) y vía única en los extremos para facilitar su integración urbana (Santa Catalina-San Telmo y Playa del Inglés-Maspalomas)

Con la declaración ya publicada este lunes en el Boletín Oficial de Las Palmas, el proyecto dispone ahora de un plazo máximo de cuatro años para iniciar las obras antes de que el pronunciamiento ambiental pierda su vigencia. El pronunciamiento favorable se sustenta en los efectos positivos del proyecto en términos de movilidad sostenible y reducción de emisiones, gracias al cambio modal del transporte y al uso de energías renovables. A ello se suman los beneficios económicos y sociales, como la generación de empleo, el ahorro de tiempo en los desplazamientos entre el norte y el sur de la isla y la mejora de la seguridad vial.

Si bien el informe reconoce impactos negativos durante la fase de obras, principalmente por el ruido y los movimientos de tierra, considera asumibles y compensados los efectos por los beneficios previstos en la fase de explotación. En cualquier caso, la resolución obliga al promotor Ferrocarriles de Gran Canaria a ejecutar un amplio paquete de condicionantes y medidas correctoras.

Comisión de seguimiento

Entre las principales novedades que introduce la declaración de impacto ambiental figura la creación obligatoria de una Comisión de Seguimiento, un órgano que deberá constituirse en un plazo máximo de seis meses, manteniendo su actividad hasta al menos dos años después de la puesta en marcha del servicio. Será el responsable de supervisar el cumplimiento de la DIA durante las fases de ejecución y explotación, contando con capacidad de adoptar acuerdos ante imprevistos y reajustar actuaciones.

Esta Comisión integrará a representantes del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Administración del Estado, así como de los seis ayuntamientos afectados: Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana.

Además, el promotor deberá desarrollar planes de emergencia coordinados con el Ejecutivo autonómico y elaborar un estudio detallado de tráfico que evalúe las afecciones durante las distintas fases de obra. La resolución también obliga a actualizar el Plan de Vigilancia Ambiental, incorporando nuevos indicadores de sostenibilidad y controles específicos sobre hidrogeología, hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Integración paisajística

Uno de los aspectos más relevantes del dictamen es la exigencia de un Estudio de Integración Paisajística previo a la aprobación definitiva del proyecto. El Órgano Ambiental considera insuficientes los análisis realizados hasta ahora y obliga a un nuevo documento que evalúe la integración de la infraestructura en el entorno mediante una metodología específica y siete ejes de actuación, desde las estaciones hasta las instalaciones energéticas.

Este planteamiento se concreta en medidas como el soterramiento de todas las líneas eléctricas, la ocultación de instalaciones técnicas y la plantación de arbolado en los aparcamientos. También se prevén actuaciones para reducir el impacto visual y ambiental, como transformar en túneles artificiales los tramos en trinchera que superen los 20 metros de altura, así como gestionar de forma selectiva las tierras y el agua, reutilizando el suelo vegetal y priorizando el uso de aguas depuradas.

Además, el proyecto deberá incorporar programas de conservación permanente para infraestructuras como túneles, viaductos y taludes, que contarán con financiación anual y estarán bajo la supervisión de la Comisión de Seguimiento.

Estaciones

En cuanto a las estaciones, el expediente fija criterios específicos para su integración. En el caso de la estación de San Telmo, uno de los puntos más sensibles del proyecto al combinar la construcción de la terminal con obras de relleno y defensa litoral, el documento obliga a garantizar una integración real con el entorno urbano y el Parque de San Telmo, mediante una transición progresiva y la continuidad peatonal.

En este sentido, se prohíbe cualquier afección al arbolado catalogado así como la instalación de elementos que alteren el espacio, como rampas, muros u obstáculos visuales. Además, la escollera no podrá superar la cota de la plataforma de relleno para evitar barreras hacia el mar, y deberá ejecutarse con hormigón ecológico y criterios de diseño biomimético.

Para la terminal de Maspalomas, en el entorno de Meloneras, la exigencia es aún mayor debido a la sensibilidad del enclave, hasta el punto de obligar a reformular el diseño planteado. El expediente impone la protección de vistas estratégicas, como el Faro de Maspalomas o el Palmeral del Oasis, y descarta volumetrías o elementos que distorsionen el paisaje. También exige revisar materiales y colores para evitar soluciones estridentes y favorecer una integración con los valores identitarios de la zona.

En paralelo, ordena la renaturalización del ámbito con especies autóctonas, fomentando incluso la creación de corredores verdes o cubiertas vegetales. Ambos proyectos deberán someterse a los indicadores del Estudio de Integración Paisajística, que evaluará aspectos como la identidad del lugar o la percepción del usuario, y obliga a incorporar medidas correctoras adicionales si el grado de integración se considera insuficiente antes de la aprobación definitiva.

El documento también introduce cambios relevantes en las infraestructuras eléctricas, al obligar a sustituir las subestaciones previstas inicialmente por tecnología encapsulada en gas, lo que permitirá reducir tanto la superficie ocupada como el impacto visual. Asimismo, se fijan umbrales concretos de control ambiental en zonas sensibles: si la turbidez del agua supera determinados niveles, las obras deberán limitarse o incluso paralizarse de forma inmediata.

Flora y fauna

La protección de la biodiversidad es otro de los ejes centrales de la declaración. En materia de flora, se prevé la conservación de especies como la palmera canaria, los dragos o los cardonales mediante un programa específico que incluirá la actualización del inventario vegetal, la justificación de los trasplantes que sean necesarios para la ejecución de las obras y la prohibición de talar ejemplares catalogados.

En cuanto a la fauna, el proyecto afecta a especies protegidas como el alcaraván, la terrera marismeña o diversos quirópteros, por lo que se establece un sistema de gestión adaptativa que contempla nuevos estudios de ciclo anual, restricciones de obra en periodos de cría y la instalación de dispositivos para evitar colisiones, tanto en infraestructuras ferroviarias como en los aerogeneradores del parque eólico de autoconsumo que alimentará al sistema ferroviario.

En este ámbito, se incluyen medidas adicionales como la señalización de vallados, la instalación de postes en zonas sensibles o sistemas de detección que permitan la parada automática de aerogeneradores en caso de riesgo para la avifauna. También se prevén controles sobre el denominado parpadeo de sombras generado por los molinos, con sistemas de parada si se superan determinados umbrales en áreas habitadas.

En materia de patrimonio cultural, el trazado afecta a enclaves sensibles como el yacimiento subacuático de San Telmo y el conjunto histórico del barrio de Triana, entre otros. Para su protección, se establece un control arqueológico y etnográfico continuo desde el inicio de las obras, con medidas como el vallado de los bienes y la paralización inmediata de los trabajos ante cualquier hallazgo.

En el ámbito social, el documento incorpora medidas orientadas a la salud pública y la accesibilidad, como programas de seguimiento de ruidos y vibraciones durante la explotación, así como criterios de diseño que garanticen la seguridad y la inclusión, con iluminación adecuada, eliminación de obstáculos y sistemas de apoyo a los usuarios.

Más de 15 años de trámite ambiental

El proyecto del tren que conecte el norte y el sur de Gran Canaria por la vertiente este tiene sus antecedentes a comienzos de siglo, pero no adquiere forma administrativa hasta 2010. En junio de ese año se aprueba el Plan Territorial Especial 21 (PTE-21), el instrumento que fija el corredor de transporte público guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y el sur de la isla.

Ese mismo año comenzó el procedimiento ambiental que ahora concluye, con la solicitud al Gobierno de Canarias del alcance del estudio de impacto ambiental. El expediente permaneció durante más de una década en el ámbito autonómico hasta que, en julio de 2022, se completó. Tres meses después, el proyecto salió a información pública tras su publicación en los boletines oficiales, un trámite en el que se presentaron 21 alegaciones de empresas, colectivos y particulares, además de 23 informes, todos ellos analizados y respondidos.

A comienzos de 2023, los ayuntamientos implicados certificaron la exposición pública del expediente y en julio de ese año, el promotor, Ferrocarriles de Gran Canaria, solicitó formalmente el inicio de la evaluación ambiental ordinaria. Desde entonces, el proyecto ha pasado por una fase de revisión técnica con seis requerimientos de subsanación antes de completar toda la documentación necesaria.

Con la declaración de impacto ambiental favorable, el Cabildo puede activar la fase de expropiaciones. La corporación dispone de 16,7 millones de euros para adquirir 512 parcelas, dentro de un ámbito total de unos 2,2 millones de metros cuadrados necesarios para trazado y estaciones. La mayor parte de estos suelos son de titularidad pública, están ya transformados y carecen de protección paisajística.

Financiación

En un comunicado, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló que “el desarrollo del transporte guiado es clave para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible en la isla”. En paralelo a los trámites ambientales, Morales añadió que “también se está trabajando en actuaciones vinculadas a la futura estación del aeropuerto” y apuntó que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado será determinante para completar la financiación del proyecto, estimado en unos 2.000 millones de euros.

Así es la línea de tren proyectada por el Cabildo de Gran Canaria

La consejera de Política Territorial, Inés Miranda, explicó que la declaración incorpora medidas orientadas a “reducir la intervención sobre el territorio y garantizar la protección del paisaje”. Asimismo, subrayó la importancia de la integración de infraestructuras como “la estación de San Telmo, en relación con el frente marítimo, y la terminal de Maspalomas, conforme a los criterios establecidos”.

Por su parte, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, recordó que la resolución llega tras “un proceso de evaluación que ha incluido numerosas sesiones del órgano ambiental y la revisión de los distintos proyectos que conforman la infraestructura”. Además, señaló que este avance permite continuar con la planificación necesaria para la financiación y el desarrollo de las actuaciones previstas, tras el trabajo realizado en los últimos años para reactivar el proyecto.

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