El Ayuntamiento de Telde usará remanentes de Tesorería para pagar el transporte urbano por sentencia judicial

El Ayuntamiento de Telde ha iniciado la tramitación de los expedientes necesarios para afrontar el pago derivado de una sentencia judicial relacionada con el servicio de transporte urbano prestado por Transportes La Pardilla SL. Según ha trasladado el Consistorio en un comunicado, la cuantía a abonar supone una carga económica elevada para las arcas municipales y supera la capacidad ordinaria de la concejalía responsable, cuyo presupuesto —explican— está orientado al funcionamiento diario del servicio y cuenta con un margen de disposición limitado. La deuda reconocidoa judicialmente por los ejercicios 2021, 2022 y 2023 es de 689.092 euros, a la que se suman más de 160.000 euros en intereses de demora y costas, superando los 850.000 euros, según adelantó TeldeActualidad.

Suplemento de crédito y paso por el Pleno

Ante este escenario, el consistorio señala que ha optado por la vía administrativa del suplemento de crédito, un mecanismo con el que se pretende habilitar los fondos necesarios y que requiere su aprobación en el Pleno municipal. La administración municipal indica que esta fórmula se adopta desde el primer momento para ordenar el procedimiento y encajar el pago dentro de los cauces presupuestarios.

Remanentes de Tesorería como solución extraordinaria

Para afrontar el abono, el Ayuntamiento prevé recurrir a los remanentes de Tesorería. Esta alternativa, calificada como extraordinaria, ya habría sido comunicada al órgano judicial correspondiente. En ese marco, el consistorio sostiene que existe una imposibilidad material para cumplir los plazos exigidos, al entender que la movilización de esa cantidad en un periodo reducido depende de trámites administrativos complejos.

Origen del problema y antecedentes

El Ayuntamiento sitúa el origen del conflicto en el mandato anterior y asegura que tanto entonces como en el actual se intentó resolver la situación por vías internas y ordinarias, sin que prosperaran al no superar los procedimientos de fiscalización de la Intervención Municipal. Según la versión municipal, el área de Tráfico promovió distintas iniciativas para desbloquear el pago, aunque no culminaron en la tramitación administrativa.

En el mandato anterior, durante la gestión política de Agustín Arencibia y las alcaldías de Héctor Suárez y Carmen Hernández, el consistorio apunta que existió voluntad de encauzar el asunto, sin lograrlo, lo que desembocó en un proceso judicial. En la etapa actual, el área está dirigida por Miguel Rodríguez bajo la alcaldía de Juan Antonio Peña, manteniéndose —según el Ayuntamiento— la línea de trabajo para resolver la situación.

Impacto en la concesionaria y estabilidad del servicio

El estancamiento administrativo fue, de acuerdo con el relato municipal, uno de los factores que llevó a la empresa concesionaria a acudir a la vía judicial, que ha concluido con un pronunciamiento favorable a sus reclamaciones. El Ayuntamiento reconoce el impacto del conflicto en la empresa y en sus trabajadores y señala que busca cumplir la resolución judicial en el menor tiempo posible, mientras trabaja para garantizar la continuidad y viabilidad del servicio de transporte urbano en el municipio.

Colaboración del Cabildo de Gran Canaria

Para evitar escenarios similares, el consistorio anuncia la disposición del Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Movilidad y Presidencia que dirige Teodoro Sosa, a colaborar con el Ayuntamiento. Esa cooperación incluiría asistencia técnica y apoyo en la elaboración de informes y procedimientos para encauzar con mayor eficacia la gestión administrativa vinculada al servicio.