Nuevo frente judicial por las 1.200 licencias de VTC denegadas por el Cabildo de Gran Canaria

El conflicto por la licencias de a vehículos de transporte con conductor (VTC) en Gran Canaria suma un nuevo frente judicial. La empresa Miurchi Car, S.L., filial de Cabify, ha recurrido la decisión del Cabildo de Gran Canaria de denegar 1.200 concesiones en 2023, una acción que se añade a varias protestas similares llevadas a cabo por otras firmas.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este 15 de abril el emplazamiento a posibles interesados en el procedimiento ordinario 188/2026, que se tramita en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. El anuncio, realizado a instancias del juzgado, concede un plazo de nueve días para que quienes tengan un interés legítimo, como asociaciones de taxistas u otros operadores, puedan personarse en la causa.

El litigio tiene su origen en la resolución dictada en junio de 2023 por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible dirigida por Teodoro Sosa, que rechazó la concesión masiva de autorizaciones solicitadas por varias empresas. La negativa del Cabildo se sustentó en la normativa autonómica, que fijaba un límite claro para este tipo de licencias. La Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias establecía una proporción máxima de una autorización VTC por cada 30 licencias de taxi, con el objetivo de evitar un desequilibrio en el mercado.

El cupo máximo se situaba en 102 autorizaciones VTC, cifra que estaba completamente cubierta en el momento de la resolución. Frente a ello, el número de licencias de taxi ascendía a 2.656, lo que consolidaba la ratio prevista por la normativa. Con estos datos, el Cabildo concluyó que conceder nuevas licencias supondría romper ese equilibrio entre el sector del taxi y el VTC.

Cambio normativo

Sin embargo, el contexto normativo ha evolucionado desde entonces. Fue en 2018 cuando el Estado transfirió a comunidades autónomas y ayuntamientos la regulación de las VTC a través del conocido como decreto Ábalos. A partir de entonces, Canarias desarrolló su propio marco normativo: en 2019 el Parlamento autonómico refrendó la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis y dejó en manos de los cabildos la concesión de autorizaciones.

Pero tras el fallo de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tumbó la limitación de una licencia por cada 30 de taxi, el Gobierno regional modificó la ley a través de un decreto. Para contener la liberalización del sector, introdujo criterios ambientales, de sostenibilidad y gestión del tráfico como requisito de cara a autorizar nuevas licencias, dejando en manos de los cabildos su aplicación. Además, un pleno del Parlamento del 23 de junio de 2025 prorrogó durante un año la concesión de autorizaciones, en un escenario en el que hay 9.000 solicitudes pendientes en el archipiélago.

En paralelo, también en junio del año pasado, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso del Cabildo contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le obligaba a tramitar diez licencias VTC, cuestionando su interpretación basada en la ratio de una autorización VTC por cada 30 licencias de taxi.

Proteger el taxi

Por su parte, el consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, ha reiterado en diversas ocasiones que la prioridad institucional es proteger al sector del taxi y ha rechazado numerosas solicitudes desde el inicio del mandato para frenar la expansión del sector VTC. En este sentido, fuentes del área recuerdan que con la Ley 04/2025 de Ordenación del Transporte del Gobierno de Canarias se mantiene actualmente "una suspensión de licencias, tanto para VTC como para taxis".

El nuevo frente judicial abierto por Miurchi Car incrementa la presión sobre el actual modelo, ya que las 1.200 licencias en disputa multiplican por más de diez el parque de VTC existente en la isla, con capacidad para alterar de forma sustancial la oferta de transporte. Este recurso se suma a otros ya en marcha: hasta 2024, al menos siete empresas han recurrido en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria la negativa del Cabildo a conceder más autorizaciones.

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