La juez rechaza suspender de manera cautelar la declaración de no adscritos de los ediles de Primero Canarias

La Justicia ha rechazado, por el momento, frenar los acuerdos aprobados por el Consejo Político Nacional de Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC) sobre la declaración de tránsfugas de los cargos públicos que abandonaron la formación para integrarse en Primero Canarias. La decisión ha sido adoptada por la sección civil del Juzgado de Instancia número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha denegado las medidas cautelares solicitadas por el Bloque Nacionalista Rural (BNR) -el partido de Teodoro Sosa en Gáldar- y Samuel Henríquez Quintana, secretario de organización de Primero Canarias. De fondo, la jueza no entra todavía a decidir quién tiene razón en el conflicto, pero sí concluye que no procede suspender de forma inmediata esos acuerdos mientras se tramita el procedimiento principal. Es decir, los acuerdos de Nueva Canarias seguirán vigentes por ahora.

La solicitud de medida cautelar fue presentada por Samuel Henríquez. El origen está en el paso del alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y cinco ediles más a Municipalistas Primero Canarias tras abandonar Nueva Canarias-Fran Amplio, siglas por las que se presentaron a las elecciones municipales de 2023. Posteriormente, los seis se afiliaron el 25 de abril de 2025 a la formación Bloque Nacionalista Rural (BNR), el partido que lidera Teodoro Sosa en Gáldar. Henríquez defendía que los concejales de Primero Canarias se presentaron en 2023 dentro de una coalición electoral y que “en ningún momento han abandonado la coalición”, por lo que rechazaba que se les pueda considerar tránsfugas. En ese momento anunciaba que su grupo presentaría un escrito de alegaciones contra el de NC que pedía que los seis fueran declarados tránsfugas y que pasaran a la condición de no adscritos.

La resolución, firmada el 6 de marzo de 2026 por la magistrada Beatriz Rallo Vallueca, analiza si se daban las condiciones para adoptar una medida urgente antes de que exista sentencia. La jueza admite que puede haber urgencia y que la situación puede tener consecuencias políticas para los afectados, pero considera que no se acredita de manera suficiente uno de los elementos clave para conceder esa protección cautelar: que la reclamación tenga, de entrada, una base jurídica sólida y clara.

El auto se apoya en la normativa sobre transfuguismo y en la legislación de régimen local para recordar que un cargo electo puede pasar a la condición de no adscrito si abandona el grupo o la formación política con la que concurrió a las elecciones. La magistrada también subraya que, en este caso, no aprecia indicios de que ese cambio contara con el consentimiento del partido que propuso inicialmente al concejal dentro de la candidatura.

La consecuencia inmediata es que la posición defendida por Nueva Canarias se mantiene y que los efectos de esos acuerdos no quedan en suspenso. Además, el juzgado impone las costas del incidente cautelar a la parte que presentó la solicitud. Aun así, la resolución puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en el plazo de veinte días. La resolución no cierra el conflicto, pero sí supone un primer revés judicial para los demandantes. El pleito continúa, aunque sin la paralización urgente que pedían, de modo que el debate sobre el fondo del asunto tendrá que resolverse más adelante.