Amurga, un pleito histórico por la tierra en Gran Canaria

Contar Amurga es contar otra historia del sur de Gran Canaria. Una historia menos vinculada al tópico turístico y más pegada al territorio, a la memoria pastoril, a la propiedad de la tierra y a los conflictos por su aprovechamiento. En esa dirección apunta la investigación del historiador e investigador Jesús Álvarez Pérez sobre los pleitos por la posesión de Amurga entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, un trabajo que permite releer, en clave patrimonial y contemporánea, uno de los espacios más singulares de la isla.

Hace cinco años, el Consejo Consultivo de Canarias avaló la legalidad de la compra de terrenos de Amurga por parte del Cabildo de Gran Canaria y descartó la nulidad del procedimiento. Aquel dictamen, emitido en marzo de 2021, cerró una de las principales controversias jurídicas abiertas en torno a una operación que ya había desatado un fuerte debate político e institucional. La efeméride permite volver sobre un enclave que, mucho antes de la polémica reciente, ya había sido escenario de una larga disputa sobre su posesión, su uso y su valor colectivo.

Ubicado en el ámbito de San Bartolomé de Tirajana, Amurga es hoy un espacio reconocido por sus valores ambientales y paisajísticos. Está protegido como Zon Especial de Conservación de la Red Natura 2000 y forma parte del ámbito de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, lo que refuerza su importancia ecológica. No obstante, Amurga no es solo naturaleza. También es paisaje cultural, territorio vivido, espacio de tránsito y memoria de aprovechamientos tradicionales que durante siglos articularon la vida en una parte del sur de la isla.

Un territorio en disputa

La investigación de Álvarez recupera precisamente esa dimensión histórica. Según recoge el estudio Amurga, Término del común de los criadores de esta isla. Pleitos y disputas por su posesión. 1787-1834, este enclave fue considerado desde la Conquista y los repartimientos como un término concejil, de realengo y público, vinculado al aprovechamiento de los criadores de ganado manso y salvaje. No era una tierra vacía ni marginal, sino un espacio de enorme importancia para la economía pastoril insular. Su control generó uno de los litigios más destacados de la isla, al enfrentarse quienes defendían su carácter comunal con quienes aspiraban a convertirlo en propiedad particular.

El pleito se intensificó en 1785 cuando José de Quintana reclamó ante la Real Audiencia la posesión del término de Amurga alegando derechos heredados. Frente a esa pretensión se situaron criadores de ganado y autoridades locales, que defendían el uso público y común del territorio. En 1803 se determinó que no correspondía a Quintana el dominio y la propiedad de Amurga, aunque sí determinados aprovechamientos vinculados al ganado de su marca. En la práctica, la resolución confirmaba que aquel espacio no podía entenderse únicamente como un bien privado, sino como un territorio de interés general para buena parte de la isla.

La documentación deja claro hasta qué punto Amurga era un lugar estratégico. Sus laderas y barrancos estuvieron ligados durante siglos a la cría de ganado cabrío en régimen de suelta, a las apañadas y a las majadas, en un sistema pastoril que hoy prácticamente ha desaparecido. El propio estudio subraya que el término servía de sustento a numerosos vecinos y que su privatización habría supuesto la pérdida de recursos esenciales para muchos habitantes de Gran Canaria.

Patrimonio y memoria

A ello se suma otra lectura patrimonial de gran interés. Los deslindes, testamentos y documentos judiciales que analiza el historiador conservan una rica toponimia de barrancos, montañas, corrales y vegas, con nombres que en algunos casos remiten incluso a una raíz indígena. Esa geografía nombrada convierte a Amurga en algo más que un espacio natural protegido: la sitúa como un paisaje cultural donde se cruzan memoria local, usos tradicionales y permanencias históricas del poblamiento y de la relación con la tierra.

La controversia contemporánea confirma, en cierto modo, que Amurga sigue siendo un territorio sensible. Mucho antes de la compra de 2018, ya había sido objeto de interés institucional y llegó a plantearse su encaje en propuestas de máxima protección, como la del Parque Nacional de Las Tirajanas. Más tarde, la adquisición de terrenos por parte del Cabildo reabrió el debate público sobre el sentido de intervenir en este espacio, sobre el papel de lo público y sobre el modelo de gestión que debe aplicarse a un enclave de tan alto valor natural y patrimonial.

Por eso Amurga permite contar otra historia del sur. No la del escaparate turístico, sino la de una tierra cargada de memoria, de conflicto y de valor colectivo. Cinco años después del aval del Consultivo, y más de dos siglos después de los pleitos que reconstruye Álvarez, este macizo sigue planteando la misma cuestión esencial: de quién es la tierra, para qué sirve y quién decide su porvenir. Y quizá por eso su historia sigue resonando hoy, en una isla donde el debate sobre el territorio es también un debate sobre el futuro.

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