Antonio Morales anuncia recursos tras la nulidad del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria: “La sentencia es injusta, errónea y desproporcionada”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha cargado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declara nulo el Plan Insular de Ordenación (PIO), una decisión que, a su juicio, es “injusta, errónea, desproporcionada y superficial” y que “arremete directamente” contra el desarrollo social y económico de la isla. Morales añadió que el fallo supone, además, “un atentado contra la potestad planificadora de los cabildos”. La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el documento carece de validez legal al haberse elaborado para adaptarse a una normativa ya derogada en el momento de su aprobación.

El pronunciamiento judicial, dictado tras la estimación de un recurso, fundamenta la nulidad del instrumento de ordenación con el único argumento de que se tramitó para adaptarse a una normativa regional que, en el momento de su aprobación definitiva, ya había sido derogada por la Ley 4/2017 de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

Tras revisar el contenido de la resolución, Morales rechazó de forma tajante esa premisa. Según el presidente insular, “es absolutamente incierto” que la llamada Ley de Directrices esté derogada y sostuvo que ese planteamiento es “falso”. En su explicación, defendió que el PIO no queda vacío de contenido porque, según indica, “siguen en vigor” las treinta directrices turísticas y dos directrices en suelo rústico, además de otras normas ambientales, urbanísticas y sectoriales.

Morales también apuntó que, en su interpretación, la propia Administración autonómica prevé un “derecho de opción” para continuar con arreglo a la legislación anterior y que, en todo caso, solo se suprimiría lo que entrara en contradicción con la Ley 4/2017, asegurando que “no hay absolutamente nada” en el PIO que la contradiga.

Recursos ante varias instancias y posible vía europea

El Cabildo ha anunciado que defenderá el Plan Insular en todas las instancias disponibles. Morales avanzó que la Corporación recurrirá ante el Tribunal Supremo y planteará la casación ante el propio TSJC, además de acudir al Tribunal Constitucional. Asimismo, añadió que se estudiará la viabilidad de llevar el caso a instancias de la Justicia europea. La sentencia abre ahora un nuevo escenario para la planificación territorial en la isla, con el Cabildo decidido a sostener la validez del PIO mientras se activan las distintas vías de recurso anunciadas.

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