El PP en el Cabildo ve "grave" la nulidad del Plan Insular de Ordenación y carga contra Antonio Morales: "Es un varapalo judicial y político en toda regla"

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria sostiene que la sentencia que declara la nulidad del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria supone un “varapalo judicial y político en toda regla” al gobierno presidido por Antonio Morales, al entender que la nulidad afecta al principal instrumento de planificación insular. Tras el recurso de un particular, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha concluido que el documento carece de validez legal al haberse elaborado para adaptarse a una normativa casi derogada en su toralidad en el momento de su aprobación.

En un comunicado, y a la espera de otras resoluciones judiciales anunciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los populares consideran "razonable" que la revisión aprobada definitivamente en diciembre de 2022 se hubiera adaptado a la normativa vigente, en concreto la Ley 4/2017, de Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. En su argumentación, señalan que la sentencia apunta a que la adaptación se hizo a una regulación “casi al completo” derogada y añaden que el gobierno insular dispuso de un margen de casi cinco años (2017–2022) para adecuar el documento.

Vía de recurso y efectos del pronunciamiento

El PP recuerda que contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante el propio TSJC, pero insiste en la trascendencia práctica del fallo al afectar al documento de ordenación insular. En este marco, advierte de las consecuencias que puede tener la nulidad sobre la planificación y el encaje de proyectos o actuaciones vinculadas al territorio.

En su valoración, los populares añaden que, pese a la relevancia del PIO, el gobierno del Cabildo lo ha mantenido “guardado en un cajón” y "no ha impulsado" medidas del plan de actuaciones ni la comisión de impulso y seguimiento contemplada en el propio documento. También sitúan el debate en el contexto político de la aprobación plenaria de la revisión del PIO en diciembre de 2022, que salió adelante con los votos a favor de NC, PSOE, Sí Podemos, CC y Ciudadanos, mientras el PP se abstuvo.

Por último, el Grupo Popular pide que la reacción del Cabildo de Gran Canaria ante el fallo no se dirija contra el tribunal "como ha hecho el presidente Antonio Morales para intentar desviar la atención y sacudirse su responsabilidad". En su comunicado, reclama “serenidad” para evaluar las implicaciones de la sentencia, actuar con “escrupuloso” respeto a la legalidad y priorizar el interés general en las decisiones que se adopten a partir de ahora.