Entre la sorpresa y el lamento: división entre los grupos en el Cabildo por la anulación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

La anulación de la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha generado una división en las reacciones entre los grupos políticos que conforman el Cabildo de Gran Canaria, que oscilan desde la sorpresa y la cautela al lamento y la crítica abierta al gobierno insular.

Desde el grupo de gobierno, el portavoz socialista Augusto Hidalgo apeló a la calma y subrayó que la sentencia no es firme. “El PIO sigue en vigor”, insistió, al tiempo que confirmó que existen argumentos y motivos suficientes para ser recurrida en casación, bien ante el Tribunal Supremo o el TSJC. Hidalgo reconoció que el contenido del fallo le ha "sorprendido", al entender que la Ley del Suelo de Canarias permite mantener los planeamientos en trámite bajo normativa anterior en aquellos aspectos no derogados. En este sentido, insistió en que existe base jurídica para revertir la decisión judicial.

En la oposición, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Jorge Blanco, calificó la resolución como un “varapalo judicial y político en toda regla” para el gobierno del presidente Antonio Morales, al considerar que pone en riesgo el desarrollo socioeconómico de la isla.

El líder popular ha recordado que durante la aprobación del PIO en el pleno celebrado en enero de 2023 su partido se abstuvo. Dado que la sentencia anula el PIO fundamentalmente por adaptarse a la Ley 19/2003, una normativa que ya había sido derogada casi al completo, Blanco critica que el Cabildo no evitara este escenario adaptándose a la Ley del Suelo de 2017, cuando tuvo un periodo de cinco años para ello.

En un cajón

"Cabe señalar que el gobierno de Antonio Morales ha mantenido el PIO guardado en un cajón y ha sido incapaz de poner en marcha ni una sola medida de su plan de actuaciones ni promover la Comisión de impulso y seguimiento prevista en el propio documento", agregó Blanco.

Sobre los próximos pasos a seguir, el portavoz popular criticó que la primera reacción de Morales haya sido "arremeter contra el tribunal porque la sentencia no te gusta", y le recomienda "analizar en profundidad y con serenidad las consecuencias de este varapalo judicial, ser absolutamente escrupulosos con el cumplimiento de la legalidad y anteponer la defensa del interés general al interés partidista".

Por su parte, el consejero de Coalición Canaria Julio Rodríguez lamentó la sentencia y advirtió de que sus efectos pueden ser “realmente serios”, aunque evitó pronunciarse sobre el fondo jurídico del caso. Rodríguez defendió el trabajo técnico realizado y considera al PIO "un buen instrumento de ordenación, muestra un modelo de futuro al que ir, ordena bien la isla y ordena bien los recursos naturales de la isla".

Trámite complejo

Sin embargo, atribuyó parte de la situación a la complejidad de la tramitación, marcada por sucesivos cambios normativos. "No seré yo quien diga que el Plan es impecable, pero aquí no se ha ido al fondo del documento, si no a una cuestión de procedimiento", añadió.

Y el portavoz de Vox, Yeray Suárez, interpretó la sentencia como una prueba de la “inutilidad” del gobierno insular y cuestionó su capacidad para gestionar la isla. En este sentido, aseguró respetar las decisiones judiciales y criticó la reacción del presidente del Cabildo al conocer la sentencia, quien "lejos de acatarla, patalea como un niño pequeño en lugar de ponerse del lado de los grancanarios y reconocer el error cometido por parte de este gobierno insular".

La PALT carga contra un modelo "agotado"

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha recibido con satisfacción la sentencia que anula la revisión del PIO-GC, al considerar que respalda las críticas que venía sosteniendo contra un documento que, a su juicio, vulneraba derechos y respondía a un modelo territorial “injusto e insostenible”.

En un comunicado, la plataforma defiende que el recurso que han presentado contra el instrumento no fue “caprichoso”, sino basado en la protección de derechos de propiedad consolidados y en la falta de justificación del plan, especialmente en lo relativo a la imposibilidad de compatibilizar usos residenciales y turísticos en una misma parcela. Según sostienen, esta convivencia ha existido históricamente y está recogida en la Ley del Suelo de Canarias de 2017.

Uno de los puntos más críticos para la PALT es la propuesta de especialización de usos, turístico o residencial, en municipios como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, incluso en suelos urbanos ya consolidados. A su entender, esta medida no responde al interés general y tendría como consecuencia la expulsión de población local, además de afectar a derechos adquiridos. La plataforma advierte de que este planteamiento podría implicar el desplazamiento de propietarios en cientos de parcelas y generar un impacto económico en los ayuntamientos.

La organización también cuestiona el modelo territorial que, a su juicio, plantea el plan anulado, al considerar que convierte el sur de la isla en un espacio orientado casi exclusivamente al turismo. En este sentido, critica una visión que, según afirma, reduce elementos naturales y paisajísticos a “escenografía” al servicio del visitante, en detrimento de la población local y de la identidad del territorio.

En la misma línea, la PALT rechaza que se plantee un crecimiento turístico sin tener en cuenta sus efectos sociales. Considera “un desatino” asumir que se puede aumentar significativamente la llegada de visitantes sin alterar la vida cotidiana de los residentes, y alerta de las consecuencias de un modelo basado en la expansión continua de la oferta alojativa.

Para la plataforma, el PIO-GC respondía a una lógica de “cuantas más camas mejor”, centrada en una única actividad económica, lo que, a su juicio, favorece la pérdida de espacios para la ciudadanía y la transformación de las dinámicas sociales. Frente a ello, reivindican un desarrollo que combine sostenibilidad ambiental, económica y, especialmente, social.

Asimismo, critican que se limite la capacidad de decisión de los propietarios sobre sus inmuebles, mientras que otros actores sin titularidad directa influyen en la ordenación del territorio. En este contexto, interpretan la sentencia como un freno a lo que califican de modelo desequilibrado.

La PALT concluye que el fallo judicial confirma que el plan era “discutible” y que su impugnación estaba justificada, al tiempo que aboga por un cambio de enfoque en la planificación insular. En su opinión, el futuro de Gran Canaria pasa por superar la división entre zonas turísticas y residenciales y avanzar hacia un modelo en el que ambas realidades convivan, respetando los derechos de la población y el equilibrio territorial.