Drama habitacional en Gran Canaria: El juzgado ordena el desahucio de seis familias de un edificio de Vecindario

La Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia (Sección Civil) del Juzgados de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado a una inquilina de un edificio en la calle Diego de Alcalá, 45 en Vecindario, el desalojo del inmueble. Y como a ella, el requerimiento judicial también le ha llegado, con diferencia de apenas unos días, a otras cinco familias que residen en el mismo edificio. El dueño del edificio actual, el Sareb, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria -el conocido como banco malo-, se acoge al impago de las mensualidades, que los residentes dejaron de abonar en 202 una vez que se enteraron de que el edificio ya no pertenecía a la casera que les había hecho el contrato de alquiler y a la que pagaban mensualmente. "Dejamos de pagar porque no sabíamos ni a quién ni dónde teníamos que hacerlo", explicó Jennifer Mbuña, una de las afectadas por esta orden de desahucio. Dos de las familias perjudicadas tienen menores a su cargo y también animales.

El requerimiento que el juzgado ha hecho llegar a las seis familias ordena que se desaloje el inmueble, se pague al propietario actual o, en caso de pretender evitar el desahucio, los inquilinos abonen la totalidad de la deuda hasta ahora impagada. En su caso, si consideran que no son deudores, deberán comunicarlo igualmente en el juzgado.

Los núcleos familiares manifiestan haber sido víctimas de un engaño prolongado por parte de la antigua propiedad. Los inquilinos explican que estuvieron pagando sus alquileres durante años a una mujer que les ocultó deliberadamente que las viviendas ya habían sido embargadas por el Sareb. En el caso de Jennifer Mbuña, que entró a vivir en el inmueble en 2014, denuncia con impotencia que fue "estafada" al pagarle a una arrendadora que ya no poseía la titularidad del piso desde 2013, mientras que el Sareb ahora les reclama deudas de hasta 7.000 euros sin haber tenido en cuenta el engaño previo ni las deplorables condiciones del edificio, que presenta importantes grietas y humedades.

Intentar negociar de buena fe

Jennifer -que tendrá que abandonar la vivienda el 3 de junio a las 13.00 horas- relata con angustia que, a pesar de intentar negociar de buena fe un plan de pagos y solicitar un contrato actualizado para poder gestionar ayudas de servicios sociales, la respuesta de la gestoría del Sareb ha sido "el silencio telefónico o respuestas automatizadas por correo electrónico". Los afectados del edificio describen un entorno de "precariedad extrema", con paredes llenas de moho, grietas estructurales y humedades que afectan la salud de los menores que viven en el edificio, condiciones que el Sareb se ha negado a reparar alegando la supuesta falta de contrato vigente.

A esta situación se suma la extrema dificultad de encontrar una alternativa habitacional, un mercado que les cierra las puertas sistemáticamente por percibir el Ingreso Mínimo Vital o por tener menores en la familia y además mascotas, dejando a estas seis familias en un callejón sin salida, atrapadas entre una presunta estafa inicial y la maquinaria burocrática de la entidad pública que ignora el drama social que está a punto de provocar a las seis familias.

La Concejalía de Atención Social y Comunitaria del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana asegura que hasta ahora desconocía la situación y el estado en el que se encuentran estas seis familias y ha mostrado su interés en conocer sus circunstancias para prestarles ayuda en caso de que lo necesitan, según han informado fuentes municipales.

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