Salvar Chira-Soria denuncia supuestos delitos por la gestión del barranco de Arguineguín durante la borrasca Therese

La Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria y Barranco de Arguineguín ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Las Palmas en la que solicita que se investiguen los presuntos delitos cometidos por las administraciones públicas y empresas privadas en el barranco de Arguineguín, en referencia a los daños registrados durante la borrasca Therese, entre el 18 y el 24 de marzo de 2026.

A juicio de este colectivo ciudadano, no se cumplieron las medidas establecidas para evitar los perjuicios, pues “no se han activado alertas tempranas ni facilitado información adecuada a la población a pesar de las obligaciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, el Plan de Emergencia de las Presas (PEP) y las correspondientes normativas sectoriales”.

Según se especifica en el escrito a Fiscalía, los hechos ocurridos en ese barranco “pueden ser constitutivos de delito de riesgo catastrófico (estrago) por imprudencia grave (arts. 346 y 350 CP): daños derivados de la gestión/acondicionamiento negligente de infraestructuras hidráulicas; delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 y ss. CP): vertidos y actuaciones que dañan ecosistemas protegidos; delito de prevaricación administrativa por omisión (art. 404 CP): incumplimiento de deberes legales para prevención y alerta; y delito de omisión del deber de socorro o imprudencia profesional (arts. 195, 142/152 CP): por ausencia de activación de alertas y desatención del riesgo a poblaciones”.

Los presuntos responsables, según la Plataforma, serían Red Eléctrica de España, S.A.U. ( como promotor de la obra), la UTE Salto de Chira, como constructor principal; la empresa Novotec (por la dirección facultativa); el Cabildo de Gran Canaria, como responsable de la titularidad de la presa de Chira y mayoritario en la Comunidad de Propietarios de la presa de Soria; el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, por ser el gestor de infraestructuras hidráulicas, y la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, órgano competente en la observancia de exigencias ambientales y planes de vigilancia.

Obras de Salto de Chira

El escrito sitúa el foco en las obras en curso en la presa de Soria y en la central hidroeléctrica de bombeo Salto de Chira, promovidas por Red Eléctrica de España. Según la plataforma, entre el 18 y el 24 de marzo se habrían realizado actuaciones que derivaron en la apertura del desagüe de la presa, lo que, siempre según la versión de la plataforma, impidió contener el agua de lluvia y provocó un aumento significativo del caudal en el barranco de Arguineguín.

Como consecuencia, el colectivo sostiene que se produjeron inundaciones en carreteras y zonas próximas, con el aislamiento de unas 3.000 personas, algunas de las cuales tuvieron que ser rescatadas por efectivos de emergencia. La denuncia también recoge afecciones a espacios de valor ecológico, en concreto a la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la franja marina de Mogán, apoyándose en imágenes satelitales y material gráfico.

Además, la plataforma apunta a posibles vertidos y arrastres de lodos procedentes de distintas infraestructuras vinculadas a las obras, como la presa de Chira, el túnel de Caidero o la chimenea de equilibrio en Lomo de la Palma, que habrían terminado, presuntamente, en el dominio público hidráulico y en el entorno marino protegido.

En el apartado probatorio, los denunciantes aportan o se comprometen a aportar documentación como recortes de prensa, fotografías y vídeos fechados, una imagen satelital del programa europeo Copernicus del 20 de marzo (en la que, aseguran, se aprecia una mancha de lodos en el mar), así como un listado de testigos, principalmente vecinos de las zonas afectadas.

Por todo ello, el escrito solicita formalmente a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos, recabar documentación técnica y administrativa de las entidades implicadas y depurar, en su caso, posibles responsabilidades penales y administrativas derivadas de lo ocurrido.

Ni el gobierno insular de Gran Canaria ni Red Eléctrica de España han querido hacer declaraciones tras las solicitudes de este periódico.