La Audiencia Nacional deniega la petición del restaurante El Paso de Moya de paralizar el expediente de derribo que tramita Costas

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional deniega en un auto la petición solicitada por el restaurante El Paso, situado en primera línea de playa en Moya, para paralizar el expediente de derribo, al ocupar suelo de dominio público marítimo y terrestre. La parcela en la que se levanta el negocio quedó incluida dentro de este espacio a proteger en la revisión del deslinde, por lo que una orden del Ministerio para la Transición Ecológica del año 2000 solo le dejaba dos opciones al propietario, como es su demolición, o bien la posibilidad de solicitar una concesión, siempre que demostrara con escrituras públicas que era titular de ese suelo antes de que se realizara este último amojonamiento.

El propietario había recurrido hasta la Audiencia Nacional la suspensión cautelar del procedimiento tramitado por Costas, mientras se resuelve la impugnación de la resolución para demoler la propiedad. Hay que tener en cuenta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico había rechazado con fecha de 16 de octubre de 2025 que se le otorgara la concesión para la ocupación y aprovechamiento del dominio público terrestre, en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. La medida afecta a 524,41 metros cuadrados, incluidos en el dominio público marítimo terrestre por el deslinde.

Perjuicios irreparables

La defensa alegó ante el tribunal nacional que en caso de seguir adelante con el procedimiento administrativo "causaría perjuicios de imposible o difícil reparación, por las pérdidas económicas directas que conllevaría dicha efectividad, a lo que habría que sumar las pérdidas de puestos de trabajo". Por contra, el abogado del Estado rechazó que se tomara esta medida cautelar propuesta.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo señala en sus fundamentos de derecho del auto que la petición carece de mayores argumentaciones. Y, sobre todo, que la medida no puede prevaler sobre los intereses públicos y generales, a "los que indiciariamente responde el contenido de la resolución administrativa dictada, pues como pone de relieve la administración nos hallamos ante una mera afirmación genérica de pérdidas económicas y de puestos de trabajo, ajena a todo esfuerzo acreditativo insuficiente efecto identificarse con una eventual pérdida de la finalidad legítima del recurso contencioso interpuesto".

El magistrado y ponente de la Sala de la Audiencia, Ricardo Fernández, deniega en un auto judicial que acaba de dar a conocer la medida cautelar solicitada por la representación procesal del afectado, con la que se intentaba que se avalara la suspensión cautela hasta que no se resuelva el expediente que conllevaría en última instancia el derribo de la zona de dominio público que ocupa. Contra esta resolución de los jueces en Madrid cabe interponer recurso de reposición.

Años de lucha

El dueño de El Paso, situado junto al charco natural de San Lorenzo, lleva años luchando contra Costas para tratar de prolongar la vida de este restaurante en las condiciones actuales, a través de una concesión de largo tiempo. La parcela en la que se levanta este restaurante quedó incluida en la revisión del deslinde del espacio de dominio público y en base a una orden del Ministerio para la Transición Ecológica del año 2000 solo es posible su demolición, o bien prolongar su vida siempre que demuestre con escrituras públicas que era titular de ese suelo antes de que se realizara el último deslinde.

Costas entiende que en el apartado III de la Orden Ministerial del 2000 se otorga un plazo de un año para solicitar la concesión a aquellos titulares que puedan acreditar que le incluyan en los supuestos contemplados en la Disposición Transitoria de la Ley de Costas. Sin embargo, ha defendido que el propietario de El Paso no lo había pedido hasta 2003, por lo que decidió seguir con el expediente administrativo hacia adelante.

La Audiencia Nacional también ha avalado recientemente el deslinde del litoral en el entorno del Faro de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, frente a las pretensiones de una cadena hotelera. La sentencia rechaza la modificación de la delimitación vigente que solicitaba el grupo Lopesan, que a través de su empresa IFA Hotel Faro Maspalomas pretendía que se reconociera una línea de ribera del mar distinta a la actual. El fallo pone fin al pleito que mantenía la entidad contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, que a finales de 2022 denegó la solicitud de rectificación del deslinde aprobado en 1995.

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