Los promotores alertan del riesgo para la implantación de las renovables tras la nulidad del PIO del Plan Insular de Ordenación

Uno de los ejes centrales de la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) aprobada en 2022 es su apuesta decidida por mejorar el diseño del avance en energías renovables como palanca para la transición energética y la descarbonización de la isla. El documento da un salto respecto a su predecesor en 2004 al incorporar una planificación más ambiciosa en materia de generación limpia, almacenamiento y autosuficiencia energética, alineada con los objetivos climáticos para 2030.

Sin embargo, la reciente anulación del plan por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aún no firme, ha abierto un escenario de incertidumbre que afecta directamente a este modelo energético. El fallo cuestiona el encaje jurídico del PIO al considerar que fue tramitado bajo una normativa en gran parte derogada, lo que ha llevado al Cabildo a preparar recursos de casación para tratar de revertir la decisión. Mientras tanto, el documento sigue vigente, pero bajo la sombra de una posible anulación definitiva que condiciona tanto la planificación pública como la inversión privada, básicos para lograr los objetivos marcados por el Gobierno insular: alcanzar el 60% de generación limpia en 2030 y lograr el 100% en 2040.

En este escenario, los promotores de las energías renovables quedan estrechamente ligados a la evolución de este proceso judicial, al depender en gran medida del marco territorial que fija el PIO para determinar dónde y cómo pueden implantarse infraestructuras como parques eólicos o plantas fotovoltaicas, así como los sistemas de almacenamiento asociados. La directora técnica de la Asociación Eólica Canaria (Aeolican), Marta Hernández, considera que el documento representaba “un salto cualitativo necesario” para el sector.

Marco actualizado y claro

A su juicio, el plan actualizaba un marco que había quedado “obsoleto tras dos décadas” e incorporaba elementos clave como la delimitación de zonas de mayor compatibilidad para la eólica, la agilización de criterios de implantación y la integración de nuevas tecnologías, entre ellas la eólica marina y los sistemas de almacenamiento energético. “Para el sector era una herramienta positiva porque alineaba la realidad tecnológica actual con la realidad geográfica de la isla”, explica Hernández.

La técnica insiste en que contar con un marco insular claro no es opcional. “No es un lujo, es una necesidad operativa fundamental”, señala. En su opinión, la existencia de una planificación actualizada aporta seguridad jurídica, reduce el riesgo de litigios y facilita la captación de capital para proyectos vinculados a la transición energética. Además, permite definir criterios de localización que compatibilicen el aprovechamiento del recurso con la protección ambiental y paisajística.

En este contexto, Hernández subraya que la ordenación territorial “puede ser el cuello de botella o el acelerador” en el despliegue de las renovables. Cuando el marco es ambiguo o restrictivo, los proyectos pueden ralentizarse durante años en interminables procesos administrativos o judiciales y, "si el territorio no está ordenado, se producen conflictos con otros usos", añade Hernández, como el turístico, el agrícola o el residencial. Porque "la expansión de las renovables no depende solo del viento o el sol, sino de tener un hueco administrativo donde instalarse legalmente", aclara.

Incertidumbre máxima

La anulación del PIO, aunque aún no sea definitiva, sitúa a los promotores en un “estado de incertidumbre máxima”, advierte Hernández, "al dejar en el limbo a los que se basaron en el plan de 2022". Si los proyectos en trámite se desarrollan sobre un soporte que se encuentra bajo litigio judicial, se genera "una grave inseguridad financiera que suele llevar a las entidades bancarias a congelar los fondos", señala.

Mientras el gobierno insular prepara sus recursos de casación y hasta que los tribunales dicten sentencia firme, algo que se puede prolongar durante años, la preocupación de un parón administrativo a corto plazo "es real", reconoce Hernández, porque "los promotores están a la espera de ver qué pasará con sus proyectos", tanto los que están en curso como los futuros, ya que una anulación definitiva del PIO podría tumbar todo lo que se haya aprobado bajo su amparo.

De hecho, si se confirma la anulación del instrumento, el PIO de 2004 volvería a ser el marco de referencia, lo que para la energía eólica "supondría un retroceso de veinte años en un sector de evolución constante", lamenta Hernández. En primer lugar, apunta al desfase técnico evidente que se produciría entre un documento que ordena el territorio en base a una realidad anclada durante la década de 1990 y principios del siglo XXI: "El planeamiento anterior no contempla las dimensiones ni las necesidades de la eólica actual", agrega.

Zonas obsoletas

Además, la posible vuelta a un marco anterior deja "obsoleta" la ordenación de las instalaciones eólicas, al excluir áreas con alto potencial o generar conflictos con otros usos del territorio, como el turístico o el agrícola. A ello se suma el riesgo de una mayor judicialización de los proyectos, al tener que recurrir a figuras excepcionales para poder desarrollarlos, con el consiguiente retraso en su ejecución.

Frente a este escenario, el PIO aprobado en 2022 incorporaba una planificación más ambiciosa en materia energética, con un marco que refuerza y agiliza los proyectos renovables. El documento alineaba la ordenación del territorio con los compromisos climáticos fijados para 2030, introduciendo criterios más claros para facilitar la implantación de estas infraestructuras.

La incertidumbre actual no solo afecta al planeamiento territorial, sino que condiciona el modelo de desarrollo de la isla en su conjunto. Mientras el gobierno insular defiende la legalidad del plan y prepara sus argumentos, el sector energético se mantiene a la espera de una resolución firme que restablezca la seguridad jurídica. Hasta entonces, el avance hacia un sistema energético más sostenible queda supeditado a un escenario de inestabilidad normativa.