Morales considera que la anulación del PIO “no beneficia ni a los recurrentes”

La anulación de la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) centró este jueves 30 minutos de las seis horas de duración del pleno del Cabildo de Gran Canaria. En el apartado asuntos de presidencia, Antonio Morales, líder de la Corporación Insular, insistió en la validez del instrumento que diseña el desarrollo de la Isla y volvió a cargar dureza contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). No solo reiteró los calificativos de “injusta, errónea, superficial y desproporcionada” que ya empleó el pasado 20 de abril, sino que desarrolló uno a uno los argumentos con los que sustenta esa valoración. "No beneficia ni a los recurrentes", sostuvo.

Morales detalló que el fallo es injusto porque genera un perjuicio generalizado. “Ninguna reclamación particular se atiende y, sin embargo, se perjudica al conjunto de la isla”, afirmó. En este sentido, defendió que la anulación del PIO impacta directamente sobre el interés general al comprometer la planificación de infraestructuras, el desarrollo económico o la protección del territorio, sin que exista un beneficio claro para ninguna de las partes implicadas. “Aquí nadie gana y todos perdemos”, resumió.

El presidente insular argumentó que la sentencia parte de una base “equivocada”. El fallo concluyó que el PIO está vacío de contenido porque se basa en una ley derogada, la de Directrices de 2003, en lugar de adaptarse a la Ley del Suelo, de 2017. “Eso es absolutamente falso", recalcó Morales, señalando que propia sentencia reconoce que no está derogada al hacer referencia a que algunas de sus disposiciones siguen vigentes. En este sentido, defendió que el instrumento se elaboró conforme a la Ley del Suelo de 2017 y a las directrices de ordenación del turismo, además de integrar normativa autonómica y estatal sobrevenida durante su elaboración.

Instrumento de 35.000 páginas

Además, tildó el fallo de “superficial y desproporcionado” porque en ocho folios no concreta qué determinaciones legales incumple el plan. Pero “liquida” un trabajo de más de diez años, con 35.000 páginas, avalado por más de 80 informes técnicos y jurídicos favorables y llamado a consolidar un horizonte de desarrollo hasta el año 2050. "Se percibe claramente que nadie se estudió el documento", enfatizó Morales.

En este escenario, Morales criticó que la única acción que le queda al gobierno insular para tratar de revertir la anulación firme del instrumento es acudir a instancias superiores mediante un “complejo” recurso de casación. "Se nos sitúa ahora ante una casación absolutamente limitante. (...) Me parece una seria limitación del Estado de Derecho y nos deja absolutamente indefensos”, lamentó. Pese a ello, anunció que el Cabildo acudirá al Tribunal Supremo, al propio TSJC en casación y al Tribunal Constitucional, sin descartar incluso la vía europea.

Reproches al gobierno insular

Inés Miranda, consejera de Política Territorial y Paisaje, quiso intervenir brevemente para defender y agradecer el trabajo del equipo técnico que ha elaborado el instrumento, así como a la asesoría jurídica y demás órganos que han colaborado. "La única obligación que hay con respecto a una sentencia es que, cuando es firme, hay que cumplirla, estemos o no de acuerdo. Pero no estamos en este supuesto y estoy completamente segura de que los servicios jurídicos de este Cabildo van a hacer un trabajo extraordinario y esta sentencia no va a adquirir firmeza nunca", expuso.

Frente al gobierno insular, parte de la oposición se mostró crítica con el papel desempeñado por los responsables políticos del Ejecutivo. El portavoz del Partido Popular, Miguel Jorge Blanco, definió el fallo como “una muy mala noticia” y reprochó a Morales sus declaraciones sobre el fallo judicial: "Las sentencias se acatan y se respetan. Gusten más o gusten menos". También pidió al gobierno insular que concrete un “plan B” ante la posibilidad de que la anulación sea definitiva.

De manera similar, el portavoz de Vox, Yeray Suárez, reprochó al presidente su reacción ante la sentencia y la calificó de “pataleta”, al tiempo que cuestionó la ausencia de alternativas para evitar la paralización de proyectos e inversiones. Por su parte, el consejero de Coalición Canaria, Julio Rodríguez, advirtió de la existencia de otros procedimientos judiciales en marcha que podrían desembocar en resoluciones similares, lo que, a su juicio, pone en cuestión la estabilidad del instrumento de ordenación y obliga a plantear una posible revisión futura.

El derecho a no respetar una sentencia

En su respuesta, dirigida especialmente al Grupo Popular, Morales defendió con un tono contundente su derecho a criticar una sentencia con la que no está de acuerdo. “Claro que se acata, pero no se respeta”, manifestó, estableciendo una analogía con situaciones que se producen en sesiones plenarias: "Yo no respeto cuando algunas veces algunos señores aquí muestran ideas xenófobas y racistas. (...) Estaría bueno que no se pudieran cuestionar decisiones que entendemos equivocadas en un sistema de libertades”.

Además, el presidente recalcó que su posicionamiento no responde a una reacción política inmediata, sino a un análisis técnico previo. “Nos reunimos con todos los equipos y hemos estudiado a fondo la sentencia. Y estamos en condiciones de hacer estas declaraciones”, sostuvo. Morales también recordó que el instrumento se ha tramitado desde 2010 con diferentes organizaciones políticas en el gobierno insular y se aprobó en enero de 2023 con el apoyo de Coalición Canaria, PSOE y Nueva Canarias, mientras que el Grupo Popular y Unidos por Gran Canaria se abstuvieron.

Además de la vía judicial, Morales dejó claro que el Cabildo contempla escenarios alternativos si la anulación del plan llegara a ser definitiva. En ese caso, la isla volvería a regirse por el documento de 2004 mientras se inicia la tramitación de un nuevo PIO, un proceso que se prolongaría durante años.

Refuerzo de la protección de las Dunas de Maspalomas

Durante la sesión plenaria, el Cabildo de Gran Canaria también ha dado luz verde al inicio de la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, un instrumento que busca reforzar la protección de este enclave estratégico para la isla. El documento, cuyo proceso se estima en unos 17 meses, permitirá delimitar y categorizar el espacio en función de sus valores naturales, establecer criterios de conservación y regular los usos compatibles.

El objetivo es preservar las cerca de 404 hectáreas del sistema dunar, compatibilizando la actividad turística y recreativa con la protección ambiental, en un entorno sometido a una elevada presión humana. El plan pretende, además, frenar procesos de erosión y mitigar los efectos del cambio climático en este espacio, considerado clave tanto por su biodiversidad como por su peso en el modelo turístico de Gran Canaria.

Además, en el pleno también se aprobó la anualidad 2026 del Plan de Cooperación con los ayuntamientos de Agaete y Santa Brígida, con una inversión total de 260.000 euros. Agaete destinará 152.840 euros a vehículos eléctricos y puntos de recarga, mientras que Santa Brígida recibirá 107.185 euros para acondicionar el Camino de Los Silos. Ambos consistorios asumirán la gestión y ejecución de los proyectos.

Cuatro mociones aprobadas

El pleno aprobó cuatro mociones. Por unanimidad, Vox sacó adelante una iniciativa para reforzar la transparencia y el control del sistema sociosanitario, con medidas como la creación de un canal único de comunicación para usuarios y familiares, un registro de quejas y la publicación periódica de datos, además de reuniones informativas en los centros. También con apoyo unánime prosperó la propuesta de Coalición Canaria para mejorar los accesos al Ecoparque Sur y anticipar soluciones ante el previsible agotamiento de su capacidad en los próximos años.

Por otro lado, el grupo de gobierno (NC-FAC y PSOE) logró aprobar, con el rechazo de la oposición, una moción contra el desequilibrio territorial en la empresa pública Proexca, criticando la concentración de nuevos puestos en Tenerife y reclamando una distribución más equitativa. Asimismo, salió adelante otra iniciativa del Ejecutivo insular contra el derroche alimentario, que plantea impulsar campañas de concienciación en los ámbitos educativo, institucional y social para promover un consumo más responsable y sostenible.

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