Función Pública del Gobierno de Canarias avala al alcalde y los cinco ediles de Primero Canarias en Santa Lucia

La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias ha emitido una certificación en la que confirma que los concejales elegidos en una coalición electoral pueden moverse entre los partidos que la integran sin perder su condición dentro del grupo municipal. Ese criterio refuerza la posición del alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y de los cinco concejales que se pasaron a Primero Canarias, frente a las pretensiones de Nueva Canarias (NC) de que sean considerados tránsfugas y pasen a la condición de no adscritos. Francisco García y el resto de ediles que abandonaron NC para pasarse a Primero Canarias, se afiliaron el 25 de abril de 2025 a la formación Bloque Nacionalista Rural (BNR), el partido que lidera Teodoro Sosa en Gáldar.

El pasado mes de marzo, el secretario de Santa Lucía constató que concurrían los requisitos para que los seis ediles, incluido el alcalde, pasaran a ser no adscritos, aunque el informe no se hizo público en el pleno. En las últimas semanas, dos autos de los juzgados civiles de Las Palmas rechazaron las medidas cautelares solicitadas por el Bloque Nacionalista Rural (BNR) y por el propio Samuel Henríquez, concejal de San Bartolomé de Tirajana y secretario de Organización de Primero Canarias, para suspender provisionalmente los acuerdos del Consejo Político de Nueva Canarias que calificaban de tránsfugas a sus exconcejales. La jueza denegó esas cautelares sin entrar en el fondo del asunto, al considerar que la demanda no acreditaba suficientemente la urgencia ni la “apariencia de buen derecho” requeridas para una decisión tan excepcional.

Este nuevo informe del Gobierno de Canarias viene a reforzar a Francisco García y Arminda Santana, Roberto Ramírez, Minerva Pérez, José Mario Bordón, Juan Francisco Guedes, que se pasaron a Primero Canarias, frente a las pretensiones de Nueva Canarias (NC) de que sean considerados tránsfugas y pasen a la condición de no adscritos.

El presidente de Municipalistas Primero Canarias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, considera que el informe emitido por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias supone “una derrota más” para la estrategia de Nueva Canarias contra los ediles que abandonaron la formación. Según explica Hernández, el informe solicitado por el Ayuntamiento de Santa Lucía a Función Pública “ratifica de forma rotunda que los concejales que van en una coalición electoral pueden moverse entre los partidos que la conforman”. Eso implica, añade, que tienen derecho “a seguir perteneciendo al grupo político que se conformó al principio del mandato, porque es el que procede de la coalición electoral”. A partir de esa interpretación, el dirigente municipalista concluye de forma contundente que “ni hay tránsfuga, ni hay no adscrito, ni hay nada de eso”, y acusa a la antigua dirección de Nueva Canarias de mantener una “animadversión absoluta” hacia quienes decidieron integrarse en Primero Canarias.

Críticas de Nueva Canarias

Frente a las críticas de Nueva Canarias, que ha interpretado los autos judiciales como un aval a sus decisiones internas y exige al alcalde de Santa Lucía que “recupere la legalidad, la ética y el sentido común” aplicando el informe del secretario municipal, Hernández acusa a sus antiguos compañeros de seguir instalados en la “política vieja y rancia” que Primero Canarias “detesta”. “Están intentando tener a la gente nuestra en otras tareas que no son precisamente las de gobierno”, denuncia, y les reprocha que centren sus esfuerzos en “destruir” en lugar de en aportar propuestas para los municipios.

Hernández, sin embargo, enmarca ese revés en la estrategia procesal de su partido. “El auto de la jueza tiene que ver con la primera de las medidas cautelares”, explica, y sostiene que esas peticiones se presentaron “a sabiendas casi de que no se iban a aceptar”, porque las cautelares se valoran con criterios estrictamente procesales y “no van al ámbito político”. En su opinión, la magistrada “habla expresamente de la casuística de las cautelares para resolverlo, pero no entra en el fondo del asunto”, a diferencia del informe de Función Pública, que interpreta directamente la Ley de Municipios de Canarias y la aplicabilidad de dicha norma a los concejales de Santa Lucía.

Pacto Antitransfuguismo

El líder de Primero Canarias subraya que el criterio de Función Pública “no es nada distinto de lo que ha dictaminado el secretario general de Moya y, por lo que me dicen, el de San Bartolomé también”, donde otros ediles de la coalición NC–Frente Amplio Canarista se han integrado en la nueva formación municipalista sin que se les haya considerado tránsfugas. A su juicio, se abre así una brecha entre la interpretación administrativa y la ofensiva interna de Nueva Canarias, que ha instado a varios ayuntamientos, entre ellos Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana y Moya, a declarar no adscritos a los concejales que abandonaron el partido, apoyándose en el Pacto Antitransfuguismo.

Hernández asegura que la resolución de Función Pública supone un “respiro” para el gobierno de Santa Lucía, que en los últimos días ha vivido “una supuesta interinidad” con sus concejales “bajo la espada de Damocles” tras el informe del secretario municipal que cuestionaba su adscripción. “Ya eso queda absolutamente disipado, no hay otra posibilidad de que se genere ninguna debilidad en el gobierno local”, afirma, convencido de que “con todo el argumento jurídico y legal están defendiendo su función de grupo de gobierno y perteneciente a la coalición electoral que se presentó a las elecciones”.

El presidente de Primero Canarias insiste en que su formación seguirá “concentrada en lo que está haciendo, en trabajar por la mejora de Santa Lucía”, mientras deja que “ellos sigan en lo otro, en las malas mañas, en las malas costumbres y en las malas artes en el mundo de la política”.

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