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Santa Lucía de Tirajana

NC acusa al Gobierno Canarias de ponerse «al servicio» de Primero Canarias por avalar al alcalde y los concejales de Santa Lucía de Tirajana

La formación responde en un comunicado a la certificación de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias que paraliza el pase a no adscritos del alcalde Santa Lucía y cinco ediles de Santa Lucía

Yaiza Pérez, Luis Campos, Ofelia Alvarado y Leví Ramos, de Nueva Canarias.

Yaiza Pérez, Luis Campos, Ofelia Alvarado y Leví Ramos, de Nueva Canarias. / JOSÉ CARLOS GUERRA

José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

Nueva Canarias–Bloque Canarista en Santa Lucía de Tirajana ha denunciado “con absoluta firmeza” el "uso partidista" del Gobierno de Canarias, al que acusa de actuar como “instrumento al servicio de los intereses de Coalición Canaria” para avalar "el transfuguismo del alcalde", Francisco García, y los cinco concejales ahora integrados en Municipalistas Primero Canarias. La organización critica la emisión “exprés” de un informe de la Dirección General de Función Pública que respalda que los ediles elegidos en una coalición electoral puedan moverse entre los partidos que la integran sin perder su condición dentro del mismo grupo municipal, tesis invocada por el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, como aval a la situación del gobierno de Santa Lucía.

Según NC, el documento del Ejecutivo regional contradice “de forma directa” el criterio jurídico del secretario municipal, que había considerado tránsfugas y no adscritos al alcalde de Santa Lucía y a los cinco concejales que abandonaron la formación para sumarse al nuevo partido municipalista. “No estamos ante un debate jurídico, sino ante una operación política perfectamente dirigida a construir una coartada legal para justificar lo injustificable”, sostienen en el comunicado, en referencia al cambio de siglas de unos cargos que “hoy militan en una formación política que no se presentó a las elecciones en el municipio, alterando de forma ilegítima la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas”.

Un procedimiento "anómalo"

La nota de Nueva Canarias considera “anómalo” el procedimiento seguido por Función Pública y habla de un “grave precedente de injerencia política en la autonomía municipal”, al entender que se vacían de contenido las garantías jurídicas que deben regir el funcionamiento de las administraciones y se pone en cuestión la separación entre los criterios técnicos de los habilitados nacionales y las decisiones políticas. La dirección local recuerda que, tras los autos que rechazaron las medidas cautelares solicitadas por Primero Canarias contra los acuerdos internos de NC, ya habían exigido al alcalde “recuperar la legalidad, la ética y el sentido común” aplicando el informe del secretario, por lo que ahora ven en este nuevo documento del Gobierno “un intento de burlar” ese pronunciamiento técnico.

Frente a la lectura que hacía ayer Óscar Hernández, quien celebró el informe de Función Pública como “una derrota más” para Nueva Canarias y como prueba de que “ni hay tránsfuga, ni hay no adscrito, ni hay nada de eso”, la formación canarista sostiene que recientes pronunciamientos judiciales refuerzan justo la tesis contraria. Citan expresamente un pasaje del marco interpretativo del Pacto Antitransfuguismo: “Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.

Nueva Canarias–Bloque Canarista advierte de que “lo ocurrido no es un hecho aislado, sino un ejemplo evidente de degradación democrática”, al normalizar que representantes elegidos bajo unas siglas “traicionen ese mandato y se reubiquen políticamente sin rendir cuentas”. La organización alerta de que la utilización de las instituciones públicas para fines partidistas “erosiona la confianza ciudadana, debilita el Estado de derecho y socava los principios básicos de la democracia representativa”.

Frente a ello, la formación reitera su compromiso con la defensa de la legalidad y del respeto a la voluntad popular “frente a quienes pretenden retorcer las normas para justificar sus intereses políticos y mantenerse en el poder a toda costa”, en alusión directa al actual grupo de gobierno de Santa Lucía y a sus nuevos aliados en Primero Canarias y Coalición Canaria.

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