Medio Ambiente
Cazadores alertan del “riesgo ecológico” de soltar perdices en abril en Gran Canaria
La Sociedad de Cazadores de Gran Canaria rechaza la liberación de aves en plena época de cría, mientras que otros colectivos niegan el impacto al ser todas hembras

Jaulas con parejas de perdices para la cría en cautividad en la granja cinegética del Cabildo en el Corral de los Juncos. / Yaiza Socorro.

La Sociedad de Cazadores de Gran Canaria ha trasladado al Cabildo su oposición a la suelta de "440 perdices" realizada durante el mes de abril, al considerar que supone un “riesgo ecológico” que puede perjudicar a la fauna de la isla. En una carta remitida el pasado 14 de abril a la Consejería de Medio Ambiente, el colectivo advierte de que la medida coincide con el periodo reproductivo de la especie, lo que, a su juicio, compromete tanto la supervivencia de los ejemplares liberados como el éxito de la cría natural de los que ya están en el medio.
Según el escrito, durante abril las parejas ya están formadas y muchas se encuentran en fase de anidación, con huevos en incubación. “Las épocas idóneas para la reintroducción son las que marcan el plan insular de caza, el plan técnico de caza así como la propia ley de caza de canarias 7/1998 cuyo fin es la preservación y conservación de las especies, es decir, entre octubre y febrero, no en plena primavera, cuando todas las especies están criando”, señala el presidente de la entidad, Rodolfo Marrero. El colectivo insiste en que cualquier actuación fuera de ese calendario rompe los ciclos biológicos y reduce la eficacia de las repoblaciones.
Además, Marrero alerta de que la primavera es uno de los peores momentos para este tipo de actuaciones, especialmente en el sur y suroeste de la isla, donde las condiciones climáticas son más cálidas y la reproducción está más avanzada. En estas zonas, sostiene, ya hay ejemplares “con huevos o pollos”. El principal riesgo, a su juicio, es la alteración del equilibrio territorial, porque la llegada de nuevas aves, especialmente machos, puede generar enfrentamientos, estrés e incluso abandono de nidos. “Va a generar competencia directa”, advierte Marrero, quien añade que “quedan cuatro meses para que comience la temporada de caza, tiempo muy limitado para que esas perdices se adapten y se reproduzcan”.
Retraso en la suelta
Marrero atribuye el retraso de la suelta de perdices al mes abril a una decisión “forzada” del Cabildo, por su "intención" de reformar la granja de cría de perdices ubicada en la cumbre de la Isla. "Lo más tarde que se han reintroducido las especies cinegéticas en el medio natural ha sido en el mes de febrero", subraya Marrero. En este sentido, critica los constantes retrasos administrativos en la tramitación de autorizaciones, que achaza a "la dejadez de funciones" de los organismos públicos responsables.
Frente a esta postura, otros representantes del sector rechazan que la suelta haya tenido efectos negativos. Oliver Saavedra, presidente de la Sociedad de Cazadores de La Aldea, asegura que finalmente se liberaron unas 340 perdices y que todas eran hembras. “Se soltaron muy repartidas en zonas donde había menos presencia de la especie”, defiende.
Saavedra explica que la decisión se adoptó en colaboración entre el Ejecutivo insular y los colectivos de cazadores, tras detectar problemas en la convivencia de los ejemplares en cautividad, donde los machos ya habían protagonizado peleas. Parte de estos se destinaron a competiciones de la Federación de Caza, mientras que las hembras fueron liberadas con la colaboración de las sociedades locales. “Nos preocupamos de que fueran a zonas con menor densidad para evitar conflictos”, añade Saavedra, quien recuerda que el año pasado "se soltaron unas 3.000 perdices distribuidas por toda la isla".
Autorizaciones del Gobierno de Canarias
Saavedra reitera que abril no es el momento más adecuado para la suelta de perdices por los mismos motivos que expone Marrero, pero entiende que la decisión de la Consejería de Medio Ambiente ha estado condicionada por retrasos en los permisos del Gobierno de Canarias. “Lo ideal es hacerlo en noviembre, tras la temporada de caza, pero los permisos llegaron tarde”, sostiene. En este sentido, defiende que la actuación se ejecutó intentando minimizar riesgos y que servirá para mejorar la planificación de futuras sueltas.
La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ha señalado que está elaborando un informe sobre lo ocurrido, sin ofrecer por ahora más detalles. Según datos de la propia institución, en la isla hay entre 3.200 y 3.600 cazadores y más de 14.000 podencos. La temporada cinegética, que suele desarrollarse entre agosto y octubre, podría variar este año en función del riesgo de incendios, por lo que su calendario definitivo aún no está cerrado.
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