El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso

El jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Juan Bordes López, ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción del municipio contra la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, por un presunto entramado de irregularidades administrativas y un supuesto caso de acoso institucional. El escrito, dirigido por el abogado Juan Sánchez Limiñana y representado por la procuradora Sandra Cárdenes, describe una actuación continuada de manipulación de expedientes y presiones internas.

La querella describe una serie de actuaciones que, según el funcionario, evidencian un funcionamiento irregular en el área de Urbanismo. Entre ellas, señala la paralización de expedientes ya resueltos, incluidas sanciones firmes que no llegaron a ejecutarse pese a contar con respaldo administrativo. También denuncia interferencias en la labor inspectora, con presuntas presiones a técnicos municipales para frenar o evitar actuaciones de control urbanístico.

El escrito apunta además a retrasos deliberados en la tramitación de expedientes relacionados con la ocupación de dominio público, especialmente en el entorno de Meloneras. Según el querellante, estas demoras habrían impedido la ejecución de sanciones y desalojos, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales. En la misma línea, denuncia el bloqueo de la ejecución de una sentencia firme que obligaba a demoler construcciones ilegales.

El documento también sostiene que algunos expedientes habrían sido dejados caducar de forma intencionada, en función de criterios ajenos a la legalidad. El funcionario interpreta este conjunto de actuaciones como un patrón continuado de decisiones arbitrarias dentro del área, que habrían afectado al normal desarrollo de la disciplina urbanística en el municipio.

Acoso laboral

En un último bloque, la querella describe un presunto acoso laboral contra el propio Bordes López tras negarse a ejecutar órdenes que considera ilegales. Entre las represalias, señala aislamiento profesional, descalificaciones públicas y la exclusión del cobro de productividades, siendo el único técnico del área afectado por esta medida, según su versión. El funcionario ha querido desvincular al alcalde, Marco Aurelio Pérez, de la querella. Según su versión, fue precisamente su intervención, junto con la de su superior jerárquico, la que permitió frenar el acoso y desbloquear el pago de sus productividades.

A partir de estos hechos, el querellante solicita que se investigue a la concejala, de Coalición Canaria, por posibles delitos de prevaricación administrativa, corrupción urbanística, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos y desobediencia judicial, entre otros. También incluye figuras como coacciones, encubrimiento y vulneración de derechos de los funcionarios públicos en relación con el supuesto acoso.

La querella, del 28 de octubre del año pasado, menciona además la participación o conocimiento de otros cargos públicos y personal municipal en algunos de los episodios descritos, aunque centra la responsabilidad en la concejala de Urbanismo. Según consta en una providencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, firmada por la magistrada Lorena Quíles Vallejo, el órgano judicial ha acordado incoar diligencias indeterminadas a partir de la querella presentada.

Denuncia ante el Ayuntamiento

El conflicto tuvo un nuevo frente el 22 de abril, cuando el empresario del sur de Gran Canaria Juan Manuel Pérez presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana contra el técnico municipal. El escrito cuestiona el desempeño del funcionario y se le acusa de absentismo laboral, uso irregular del teletrabajo, percepción indebida de retribuciones públicas y una supuesta incompatibilidad por desarrollar actividades privadas de forma simultánea a su labor en la administración.

Bordes sostiene que, antes de su incorporación al Servicio de Disciplina Urbanística, no se había incoado ningún expediente sancionador pese a las competencias delegadas en el área. Según explica, fue la propia Alcaldía la que instó a activar la tramitación ante la acumulación de denuncias por infracciones a la Ley del Suelo.

En este contexto, asegura que durante sus funciones se incoaron 96 expedientes, frente a los cero expedientes registrados en los 15 años anteriores a su llegada, lo que supone casi una quinta parte de la actividad sancionadora de toda Canarias, con un equipo mínimo de cinco personas. Además, sostiene que desde que comenzó a impulsar expedientes que afectaban a intereses vinculados a responsables políticos, se iniciaron maniobras para apartarlo de sus funciones.

El Ayuntamiento niega irregularidades en Urbanismo

“No puedo quedarme en silencio ante las acusaciones que se están vertiendo. Son rotundamente falsas, y no responden a la realidad de lo ocurrido”, ha replicado el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal. En un comunicado, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha negado cualquier irregularidad en la gestión del área.

Según explica la Concejalía de Urbanismo, en julio de 2024 se incorporó un técnico procedente de la administración autonómica como jefe de Disciplina Urbanística mediante una adscripción provisional, con objetivos concretos: reducir expedientes acumulados, agilizar la tramitación y activar un plan de inspección en espacios como terrazas o actividad nocturna. El acuerdo incluía un sistema de productividad vinculado al cumplimiento de esas metas.

Sin embargo, un informe municipal fechado el 3 de octubre de 2025 concluye que esos objetivos no se cumplieron. El documento señala una situación de parálisis del servicio, con expedientes sin tramitar y falta de ejecución del plan previsto. Ante ello, se propone el fin de la adscripción, la suspensión de productividades, cuyo valor trimestral asciende a 6.800 euros, y el regreso del técnico a su plaza en la administración autonómica.

En este contexto, el Consistorio vincula el inicio de las acciones judiciales a esa decisión administrativa. Aunque la querella se formaliza el 28 de octubre de 2025, el Ayuntamiento asegura que no ha sido aún notificada y que no consta su admisión a trámite. Al respecto, Marichal defiende que “no es casualidad el momento” en que se producen las actuaciones legales.

El primer teniente de alcalde defiende que el Ayuntamiento actuó por responsabilidad y uso correcto del dinero público. “No se puede pagar por un trabajo que no se realiza”, señala, insistiendo en que el gobierno local seguirá defendiendo la legalidad de sus decisiones en Urbanismo.

Suscríbete para seguir leyendo