Las multas a propietarios de apartamentos en el sur de Gran Canaria siguen al alza un año después del decreto destinado a frenarlas

Más de un año después de su aprobación, el Decreto-ley 2/2025 que prometía aliviar la presión sobre las familias que residen en zonas turísticas no ha logrado detener los conflictos entre los usos de propiedades ubicadas en el sur de Gran Canaria. El Parlamento de Canarias, con críticas y rechazo de la oposición, dio luz verde a esta norma como respuesta a las protestas de miles de titulares con segunda residencia en zona turística, que temían sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros o incluso desalojos por un uso no reconocido.

Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Ley Turística denuncia un aumento de las sanciones y una judicialización creciente de los casos en municipios como San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Los afectados sostienen que ni se está permitiendo compatibilizar el uso residencial y turístico ni se han suspendido de forma temporal los expedientes sancionadores, como prometía el decreto. “La situación está mucho peor que hace un año”, critica Maribe Doreste, portavoz de la plataforma que representa a unos 70.000 los propietarios afectados en Canarias. “Las multas se han incrementado y los ciudadanos están recibiendo resoluciones que les obligan a acudir al Contencioso-Administrativo para defender su hogar”, añade.

La Plataforma asegura que entre marzo de 2025 y abril de 2026 se han abierto unos 468 nuevos expedientes sancionadores, con especial incidencia en núcleos como Bahía Feliz, San Agustín, Maspalomas, Playa del Inglés o Puerto Rico. Y en paralelo, la actividad inspectora alcanzó más de 3.055 actuaciones, la mayoría iniciadas tras la entrada en vigor del decreto. Pero la Consejería de Turismo del Gobierno de Gran Canaria reduce el dato hasta los 176 expedientes sancionadores abiertos.

Laberinto burocrático

Doreste explica de que el decreto es una "trampa jurídica" que obliga al propietario a reconocer el "uso turístico" para solicitar una compatibilidad que, según sostiene, ya posee por derechos consolidados antes de la Ley de Ordenación del Turismo de 1995. Además, el decreto requiere que el ciudadano pruebe su uso residencial existente antes del 1 de enero de 2017, lo que a juicio de la Plataforma provoca que el procedimiento se haya convertido en un “laberinto burocrático”, en el que los propietarios deben responder a un aluvión de trámites de audiencia en relación con el decreto para demostrarlo.

La plataforma sostiene que el decreto no solo no ha resuelto el problema, sino que ha introducido inseguridad jurídica. “Está multando en contra de lo que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad en la Ley del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias, de 2017: que los usos residenciales y turísticos eran usos compatibles”, señala Doreste, quien asegura que en complejos como Servatur Green Beach (Arguineguín), Maspalomas Lago Canary Sunset, Babalú (Puerto Rico) o Los Aguacates (Playa del Inglés) continúan activándose procedimientos sancionadores.

"Aquí la interpretación sesgada que se hace de la Ley 2/2013 es que el complejo entero lo conforman apartamentos turísticos, todos, el cien por cien. ¿Y eso por qué? ¿Desde cuándo es así? Si hemos podido vivir siempre conviviendo con los turistas. Ese es nuestro modelo desde antes de 1995 (...). Hay que diferenciar bien, y es muy importante esto, que hay apartamentos que se destinan al uso turístico y apartamentos residenciales”, subraya la portavoz.

Ley integral

Desde el Gobierno de Canarias, la consejera de Turismo, Jéssica de León, ha reconocido el conflicto, pero ha negado que sea una "cacería ontra los propietarios de viviendas en zonas turística" y ha pedido "serenidad". Según explicó recientemente en el Parlamento regional, el Ejecutivo carece de una vía legal para paralizar de forma inmediata los expedientes sancionadores abiertos y pidió disculpas a las familias afectadas. Por ello, trabaja en una ley integral, junto a cabildos y ayuntamientos, para responder a tres realidades: complejos residencializados, segundas residencias y viviendas vacacionales sin gestor.

El año pasado, poco después de aprobarse el decreto, De León aseguró que el proceso de tramitación de esa nueva ley podría prolongarse "un mínimo de 14 meses". Además, defendió el trabajo de algunos ayuntamientos en este sentido, como el de San Bartolomé de Tirajana, que formalizó en abril del pasado año la contratación de la redacción de unas ordenanzas provisionales destinadas a aclarar la compatibilidad entre los usos residencial y turístico.

Doreste cuestiona que las parcelas sobre las que se erigen determiados apartamentos o bungalows estén efectivamente especializadas para uso turístico, porque "la mayoría" ya estaban construidos antes de 1995, al amparo de normativas anteriores. Además, recuerda que ese año se aprobó la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en cuyo artículo 42 limitaba la explotación turística en aquellos complejos donde se alcanzara la mayoría necesaria: "el 50% más 1%".

“¿Qué hay que hacer para suspender las multas? Dejar de interpretar la ley de forma sesgada y torticera. Tener rigor a la hora de aplicar la norma y cumplir con las directrices que también da el Parlamento de Canarias respecto a la consolidación de los usos y la convivencia entre los usos residenciales y turísticos. Es una cuestión de voluntad política y lo que aquí ha habido es una intención de segregar a la población en favor de una actividad económica”, concluye Doreste.

Suscríbete para seguir leyendo