PP-AV lleva al alcalde de Santa Lucía de Tirajana al juzgado en la pelea por aclarar si debe ser no adscrito tras pasarse a Primero Canarias

La crisis política en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha entrado ya en el terreno judicial. El concejal y portavoz de PP-AV, Juan José Ramos, presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía y un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales contra la actuación del alcalde, Francisco José García López. La acusación viene en relación con la situación corporativa de él y cinco concejales más que abandonaron Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista para incorporarse a Municipalistas Primero Canarias a través del Bloque Nacionalista Rural (BNR), partido que lidera Teodoro Sosa y al que se afiliaron el 25 de abril de 2025 tras abandonar NC.

La denuncia ante el Ministerio Fiscal sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa, de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos o de cualquier otro ilícito penal que pudiera apreciarse durante la investigación. El escrito señala como presunto responsable al alcalde de Santa Lucía de Tirajana y sitúa los hechos entre el 19 de marzo y el 5 de mayo de 2026. La primera fecha corresponde al momento en el que secretario emite un informe por el que, según la información de la que disponía el funcionario tras el documento presentado por (NC-FAC), el alcalde y cinco concejales tendrían que pasar a la condición de concejales no adscritos, perdiendo así el sueldo que perciben actualmente como representantes públicos y permitiendo reincorporar al grupo de gobierno a los tres concejales de NC cesados por el alcalde.

La última fecha es la del pleno extraordinario celebrado este martes, en el que el alcalde se volvía a aferrar al informe remitido por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, que lo blinda a él y los cinco ediles al certificar que no son no adscritos, desplazando así el informe del secretario municipal que los declara no adscritos.

Según el escrito presentado ante Fiscalía, el alcalde habría creado un “conflicto artificioso” entre informes para impedir la dación de cuenta formal del documento de Secretaría que lo consideraba no adscrito junto a otros cinco concejales. La denuncia vincula esa actuación con el mantenimiento de efectos políticos y económicos derivados de su situación anterior dentro del grupo municipal.

"Oportunismo político"

Por su parte, sobre esta denuncia en la Fiscalía, que solo firma el PP-AV sin el resto de los grupos de la oposición, el alcalde aseguraba estar “absolutamente tranquilo” con todas las decisiones adoptadas. García enmarcó la actuación del Partido Popular en lo que calificó de “oportunismo político”, al sostener que “lo que el concejal del Partido Popular no gana en el debate del pleno, lo lleva al juzgado”, una actitud que, según recordó, “nos lo ha demostrado desde siempre”.

El regidor recordó que, en el mandato anterior, el edil popular ya presentó tres denuncias penales y dos recusaciones contra el entonces alcalde, Santiago Rodríguez, y subrayó que la actual es “mi segunda denuncia” en este mandato, después de la vinculada al Ateneo que, dijo, “no llegó a nada” y “se quedó en papel mojado porque no hay nada”. Frente a las acusaciones de PP–AV, García defendió la corrección de su actuación administrativa y recalcó que su obligación es “darle cuenta al pleno de la totalidad del expediente”. El alcalde sostuvo que, con esta nueva denuncia, el concejal del PP lo único que pretende es “hacer ruido, no otra cosa”, y criticó su trayectoria en la oposición. 

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