Gran Canaria busca un plan B para salvar proyectos renovables tras el veto de la UE

El Cabildo de Gran Canaria busca alternativas para evitar que decenas de proyectos vinculados a la transición energética queden en saco roto tras la negativa de la Comisión Europea a ampliar el plazo de ejecución de los fondos Next Generation destinados a renovables. La decisión de Bruselas deja en el aire inversiones superiores a los 100 millones de euros en la Isla, correspondientes a actuaciones públicas y privadas ya adjudicadas, licitadas o en marcha.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo, Raúl García Brink, anunció que viajará próximamente a Madrid para reunirse con responsables del área de Energía del Gobierno central y explorar fórmulas que permitan “paliar” la pérdida de financiación europea. “Ahora no se trata de tirarse los trastos a la cabeza, sino de buscar soluciones para sacar adelante proyectos que ya están licitados o preparados”, afirmó.

La reacción del gobierno insular llega después de que el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, descartara ampliar el plazo previsto para justificar los fondos, fijado para este verano. La decisión frustra la petición reiterada por el Gobierno de Canarias y respaldada posteriormente por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que había solicitado a Bruselas una prórroga de hasta un año para culminar las inversiones vinculadas a la descarbonización.

Más de 100 millones

El Cabildo calcula que la negativa de la Unión Europea compromete más de 100 millones de euros en Gran Canaria, dentro de los cerca de 500 millones asignados a Canarias. Entre las actuaciones afectadas figuran más de 30 millones en proyectos propios de la corporación insular, más de veinte obras públicas ya licitadas o en ejecución, iniciativas municipales por valor de 5,7 millones y más de 50 millones de inversión privada vinculada a instalaciones de autoconsumo, almacenamiento energético, hoteles, industrias, plantas de agua y comunidades energéticas.

Brink defendió que durante los últimos meses se desarrolló un “trabajo conjunto” entre administraciones y sector privado para intentar salvar la financiación europea. Según explicó, el Cabildo puso incluso sus equipos jurídicos a disposición del Gobierno de Canarias para elaborar propuestas dirigidas al Ejecutivo central y a Bruselas. “Ha habido una sintonía muy importante con el Gobierno de Canarias, FEMEPA, ASINCA, la Confederación Canaria de Empresarios, instaladores y comunidades energéticas. Cuando se trata de defender nuestros intereses, hemos demostrado que sabemos alinearnos”, sostuvo.

Mecanismos compensatorios

Pese a ello, criticó la respuesta de la Comisión Europea, a la que acusó de mostrar “falta de sensibilidad” hacia las dificultades administrativas y técnicas de los territorios insulares para ejecutar proyectos complejos en plazos tan ajustados. “Es una decisión absolutamente desafortunada”, señaló, al tiempo que lamentó que Bruselas sí haya permitido ampliar plazos en otras líneas energéticas, como proyectos geotérmicos o determinados fondos gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

También reprochó al Gobierno central haber reaccionado tarde, aunque evitó centrar el debate en el cruce de reproches políticos. “Lo importante ahora es encontrar soluciones”, insistió. En este sentido, el responsable insular reclamó tanto al Ejecutivo autonómico como al Estado nuevas vías de financiación para evitar que las inversiones queden paralizadas. Entre las opciones planteadas figura la posibilidad de activar mecanismos compensatorios a través del IDAE u otros fondos europeos disponibles.

Contexto internacional

Brink aseguró que el Cabildo mantiene numerosos proyectos preparados y con permisos solicitados que podrían ejecutarse rápidamente si aparecieran nuevas líneas de ayuda. “Si se liberaran fondos ahora mismo, podríamos sacar veinte o veintidós nuevas licitaciones en muy poco tiempo”, afirmó. La pérdida de financiación europea, advirtió, no solo afecta a las obras ya comprometidas, sino también a la capacidad futura de la institución para seguir impulsando proyectos de transición energética.

El consejero vinculó además esta situación con el actual contexto internacional de inestabilidad geopolítica y energética. Citó expresamente las tensiones en Oriente Medio, el conflicto en torno al Estrecho de Ormuz o la incertidumbre económica global para defender la necesidad de acelerar la soberanía energética en la Isla. “Si queremos seguridad, estabilidad, empleo y soberanía, necesitamos soberanía energética de manera urgente”, concluyó.