Las políticas del Cabildo de Gran Canaria en vivienda: proyección de 450 casas y rehabilitación de más de 2.000

Gran Canaria arrastra más de una década sin construir vivienda pública y un déficit estimado de 6.000 casas protegidas. El actual mandato del Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha tratado de dar los primeros pasos para responder a la emergencia habitacional en la Isla con la construcción proyectada de más de 450 nuevos inmuebles, que se suman a su principal labor, la rehabilitación, que suma más de 2.000 actuaciones repartidas por 14 municipios.

"Las últimas viviendas públicas en Gran Canaria las entregué yo, como alcalde (de Las Palmas de Gran Canaria), en el año 2015, que fueron las de Jinámar y las de Las Torres", recuerda el vicepresidente primero y responsable del área de Vivienda, Augusto Hidalgo. Aquellas promociones habían comenzado años antes fruto del Plan de Vivienda del Gobierno de Canarias de 2005-2008. “Después hubo un vacío”, resumió Hidalgo, en el que hubo rehabilitaciones y reposiciones, pero no se erigieron nuevos inmuebles en la Isla.

En la actualidad, Hidalgo defiende que el gobierno insular es “el único Cabildo que está construyendo viviendas en este momento”. La corporación lo hace a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, un ente creado en 2008 con financiación de la institución insular y la colaboración de la mayoría de los ayuntamientos, que actualmente cuenta con una plantilla de unas quince personas. "Somos el único que tiene personal específico dentro de toda Canarias", agrega.

Aunque estos entes tenían competencias limitadas en la construcción, en 2024 el Gobierno de Canarias habilitó legalmente a los cabildos para promover vivienda protegida con el decreto de medidas urgentes. De forma paralela, desde el inicio de su mandato, Hidalgo ha querido volver a retomar y potenciar el ente, que durante años ha arrastrado debilidades estructurales. "La medida del 2024 nos permite justificar el aumento de personal, porque si no, estaríamos constreñidos por la normativa estatal, que restringe la oferta de empleo público", apunta Hidalgo, quien asegura que su deseo es seguir incrementando la plantilla.

Obra nueva directa

En estos momentos, la principal obra nueva impulsada directamente por el Cabildo se desarrolla en El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se construyen 63 viviendas de alquiler asequible financiadas parcialmente con fondos Next Generation. Pese a los retrasos iniciales provocados por problemas de consistencia del terreno, Hidalgo sostiene que la construcción avanza “en tiempo y forma” y augura finalizar la promoción antes de mayo de 2027.

Además, el Gobierno Insular también prevé finalizar en los próximos meses la rehabilitación de un edificio inacabado en Valleseco para destinarlo a 16 viviendas públicas, que entregará antes del final de mandato al ICAVI para su adjudicación a familias inscritas como demandantes de vivienda pública en la Isla. En este sentido, Hidalgo recalca que hay obras que las ejecuta directamente el gobierno insular y otras las saca adelante mediante convenios con el Gobierno de Gran Canaria o con los ayuntamientos, que se encargan de la ejecución.

Convenios

Con esta segunda fórmula, Hidalgo prevé la construcción de 240 viviendas en el barrio capitalino de Las Torres, una actuación promovida junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y valorada en casi 40 millones de euros. En este caso, la Consejería que dirige Hidalgo aporta la financiación en diferentes partidas entre hasta 2029, cuando se espera su finalización, mientras el Consistorio ejecuta la promoción.

El principal problema para llevar a cabo la obra es que el suelo tenía inicialmente uso dotacional y religioso, pero el decreto autonómico de emergencia habitacional permite transformar el suelo en residencial sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. A estas actuaciones se suman otras promociones acordadas con el Gobierno de Canarias: 25 viviendas en Santa Lucía de Tirajana, 32 en Gáldar y 45 en Santa María de Guía, para las que el Gobierno insular pone 10 millones, si bien la cuantía es mayor.

Aunque Hidalgo reconoce que el presupuesto directo del Cabildo para vivienda (9,2 millones de euros este año) puede parecer reducido frente al volumen total de fondos insulares (1.000 millones de presupuesto), insiste en que muchas partidas se ejecutan de forma plurianual o mediante convenios. “En el presupuesto no podemos poner todo lo que vamos a hacer porque no la vamos a ejecutar en estos dos años”, argumentó Hidalgo.

Rehabilitación del parque existente

Más allá de la obra nueva, la principal carga de trabajo del Consorcio sigue estando en la rehabilitación del parque residencial existente. Actualmente, hay más de 2.000 actuaciones distribuidas en barrios y entornos rurales de toda la Isla, tanto en ejecución como a punto de licitarse. Telde concentra el mayor volumen de intervenciones previstas o en ejecución, con un total de 868 actuaciones entre San José de las Longueras (49) y Jinámar (372). Le sigue San Bartolomé de Tirajana con un total de 792 viviendas beneficiadas: en Las Llaves (300); la Urbanización La Paz (208) y otras intervenciones clave en Castillo del Romeral, El Pajar y Montaña Clara.

El despliegue se extiende por otros doce municipios de la isla: Mogán, con 245 actuaciones entre su casco histórico, Veneguera y Barranquillo Andrés y Soria; Moya, con 179 viviendas en El Pagador y El Altillo; Ingenio, con 170 actuaciones en Cuesta Caballero, El Toril y el Barrio del Sequero y Agaete, donde se rehabilitan 142 hogares en su valle. Completan este mapa de renovación habitacional las intervenciones en Guía (119), Vega de San Mateo (115), Valleseco (88), Las Palmas de Gran Canaria (56), Santa Lucía de Tirajana (42) y Teror (4). Además, el gobierno insular mantiene además actuaciones de erradicación de infravivienda y chabolismo en zonas degradadas de la Urbanización La Paz (298), en Agüimes, así como en la Charca de Arguineguín y Barranco Pino Seco, en Mogán (23).

Hidalgo explicó que muchas de las actuaciones se destinan a edificios construidos durante el franquismo como vivienda protegida que pasaron a manos privadas y que hoy presentan un grave deterioro. “Esas viviendas protegidas se construían, a veces, con muy malas condiciones arquitectónicas y las personas se las quedaban en propiedad, después no tenían recursos, porque eran muy humildes para mantener su propio edificio. Y terminaban en unas condiciones urbanísticamente catastróficas", detalla. 

Más recursos

A su juicio, la raíz del problema actual está en el déficit estructural de vivienda pública acumulado durante décadas. Según recordó, mientras en Europa el parque protegido ronda el 8% del total de viviendas, en la Isla apenas alcanza el 1,5%. En ese contexto, defendió que la prioridad debe centrarse en aumentar la oferta residencial mediante construcción pública y colaboración institucional. “El problema fundamental es la falta de oferta y eso no se soluciona de la noche a la mañana”, afirmó.

De forma paralela, Hidalgo defiende que es necesario reactivar la promoción privada de vivienda protegida, un modelo que antes de 2008 representaba cuatro de cada cinco viviendas protegidas construidas en España. Sin embargo, admite que actualmente las cuentas “no salen” para los promotores privados debido al coste del suelo, la construcción y las limitaciones de precio fijadas para vivienda protegida. Por eso, según el consejero, las experiencias impulsadas en municipios como Agüimes o Mogán mediante colaboración público-privada todavía no han conseguido despegar.

Por ello reclama más implicación financiera del Ejecutivo autonómico. Aunque evitó una confrontación política directa, sí reprochó que la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias no haya incrementado suficientemente los recursos para vivienda protegida. "Nosotros ponemos recursos en la medida de nuestras posibilidades. No podemos poner suelo, porque fundamentalmente lo tienen los ayuntamientos, pero sí podemos ayudar para que se urbanicen parcelas, para que se construyan o directamente construir nosotros, que también lo estamos haciendo", remarca Hidalgo, que en cualquier caso señala que "no podemos resolver el problema con un chasquido de dedos” y "nos queda un camino muy largo por recorrer".

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