El Cabildo de Gran Canaria mantiene sus ayudas a la ONG Oportunidades de Vida, investigada por explotar migrantes

El Cabildo de Gran Canaria ha concedido y modificado en 2026 subvenciones por más de 240.000 euros a la Asociación Social Oportunidades de Vida, una entidad inmersa en una crisis económica y organizativa que mantiene deudas con la propia institución insular y cuyo presidente, Rafael Hernández, está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto delito de trata de personas migrantes.

La dos últimas ayudas públicas han sido formalizadas en resoluciones de marzo y abril de este año. La principal partida corresponde a una subvención de 200.000 euros de la Consejería de Política Social para el proyecto Gestión de Ayudas de Emergencia Social 2025, cuyo objeto es atender necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad. A esta se suma otra ayuda de 40.000 euros, concedida por Presidencia en abril de 2026, destinada a financiar la continuidad de dos técnicos durante el ejercicio.

Ambas resoluciones contemplan el abono anticipado de los fondos y establecen mecanismos de control y justificación. Además, la consejera del Grupo Popular en la Corporación Insular, Josefa Luzardo agrega que "entre las partidas previstas figura otra subvención en tramitación, de unos 118.000 euros, para la adquisición de alimentos básicos".

"Nos parece bastante inmoral que alguien que está en esta situación siga recibiendo subvenciones nominativas, a dedo, del Cabildo, desde cuatro áreas distintas: Presidencia, Solidaridad, Agricultura y Política social", critica Luzardo. A su juicio, “no es razonable seguir financiando a una entidad bajo sospecha”.

Despido colectivo

La entidad ejecutó en los últimos meses un despido colectivo que afecta a medio centenar de trabajadores tras el cierre en 2024 del centro de menores Tagoror, que albergaba a más de un centenar de menores migrantes en las instalaciones del antiguo colegio Camilo José Cela, en el barrio capitalino de El Fondillo, y que concentraba más del 90% de su actividad. Este recurso, gestionado por la ONG desde 2018, cesó su actividad por orden del Gobierno de Canarias.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comunicó en abril de 2024 a la entidad la obligación de abandonar el inmueble municipal, que había sido ocupado sin título habilitante. El Consistorio ejecutó posteriormente el desalojo con el objetivo de recuperar el edificio y destinarlo a uso social compartido con colectivos vecinales del barrio.

En este escenario, la organización ha reconocido pérdidas superiores a 315.000 euros en 2025 y más de 90.000 en el primer trimestre de 2026, además de una situación de falta de liquidez que le impide afrontar indemnizaciones y otros pagos pendientes. A esta situación se suma una deuda con el propio Cabildo, según un informe de Valora Gestión Tributaria, fechado en abril de 2026, que detalla un expediente que se remonta a noviembre de 2023. El documento certifica que la asociación no ha reintegrado una subvención anterior, de 15.512 euros más intereses, ni ha atendido los requerimientos administrativos, lo que ha activado el procedimiento de apremio y posibles embargos.

Investigación judicial

Todo ello, después de que una denuncia de un extrabajador del centro de menores Tagoror, ubicado en El Fondillo, abriera en marzo de 2024 una investigación judicial por presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral de menores migrantes. La Fiscalía investiga si Hernández utilizó a los jóvenes tutelados en el centro Tagoror, que dirigía su propia hija, para trabajar en sus fincas agrícolas privadas.

Durante años, Hernández, formado en Magisterio y empresario agrícola, fue la cara visible de los agricultores durante más de dos décadas como presidente de la COAG-Canarias. De forma paralela, también ha sido líder de la Iglesia Evangélica Bautista, ubicada en el barrio capitalino de El Fondillo, cerca del centro Tagoror, que tras conocerse su proceso judicial, fue expulsada del Consejo Evangélico Canario. Este periódico ha preguntado sobre la situación actual de Oportunidades de Vida a su presidente Rafael Hernández, pero no ha obtenido respuesta.

A ese frente judicial se sumó, pocos meses después, otro urbanístico. A finales de marzo de 2024 el gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paralizó y precintó las obras de un albergue que la ONG levantaba en El Fondillo, sin licencia alguna. "Aunque hay otras instituciones que le han paralizado las subvenciones, el Cabildo sigue actuando como si no pasara nada, como si no estuviese investigado por delitos tan fuertes como la trata de seres humanos, por el que la Fiscalía se ha querellado contra él", añade Luzardo.

Posición del Cabildo

Según la consejera popular, que asegura haber trasladado este asunto a comisiones de pleno en reiteradas ocasiones, el gobierno insular sostiene que la concesión de ayudas se ajusta a la legalidad vigente porque, en ausencia de una sentencia condenatoria firme, la entidad mantiene su capacidad para concurrir y recibir fondos públicos. "Si el centro está cerrado, si ya no atienden a los chicos y han recortado personal, ¿a qué se destina ese dinero?", pregunta Luzardo.

Por su parte, fuentes del gobierno insular aducen que "lo que pueda haber, en su caso, está el Presupuesto de 2026, que está publicado y se puede consultar en el Portal de Transparencia". Oportunidades de Vida, fundada en 2015, ha centrado su actividad en la atención a familias vulnerables y menores migrantes, además de proyectos en el exterior. Sin embargo, la investigación judicial, el cierre de instalaciones y la crisis financiera han reducido de forma sustancial su operatividad.

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