Onalia Bueno quiere corregir las oposiciones a bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para fijar antes a doce interinos

En una sala repleta del Hotel AC Iberia, en Las Palmas de Gran Canaria, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, escenificó su respaldo a doce bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que, arropados por familiares y compañeros, volvieron a denunciar su “injusta” situación. Los afectados sostienen que se encuentran en abuso de temporalidad, tras acceder en 2019 a sus puestos después de un proceso selectivo iniciado en 2010, y temen no poder estabilizarse en el concurso-oposición que arrancará el 24 de mayo para cubrir 37 plazas.

"Mogán está aquí", avanzó Bueno, porque "somos uno de los 19 municipios que componemos el Consorcio de Emergencias", participado también por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional. En este contexto, anunció que impulsará la convocatoria de una junta extraordinaria del organismo para tratar de paralizar el proceso y modificar sus bases, de modo que los doce interinos puedan concurrir mediante concurso de méritos. Para ello, necesita recabar al menos 307 votos entre las administraciones representadas. “Es de justicia dar la cara. Cada ayuntamiento debe entender que es una situación especial, que hay 12 familias que se pueden ir a la calle”, afirmó, al tiempo que apeló a la responsabilidad del resto de alcaldes: “Todos nos vamos a retratar”.

El portavoz del colectivo, Miguel Ángel García, insistió en que su situación no es comparable a la de otros interinos. “No somos interinos usuales. Pasamos un proceso selectivo que duró diez años de nuestra vida”, explicó. Según relató, las pruebas se desarrollaron de forma escalonada durante casi una década hasta culminar en 2020. Ese año, tras aprobar pero quedar fuera de las 27 plazas convocadas, los doce aspirantes accedieron al Consorcio como interinos en una lista de reserva. Desde entonces desempeñan funciones estructurales en igualdad de condiciones que el resto de la plantilla.

Bomberos de más de 50 años

García criticó que ahora se les obligue a afrontar un nuevo proceso selectivo cuando la mayoría supera los 50 años. “Lo que tardamos diez años en hacer, ahora se va a resolver en un mes y diez días”, señaló en referencia al calendario de la convocatoria actual, que concentra todas las pruebas en poco más de un mes, con finalización prevista a comienzos de julio. En total, 630 aspirantes han sido admitidos para optar a las 37 plazas ofertadas.

El origen del conflicto se remonta al 31 de octubre de 2023, cuando el Consorcio y la representación sindical alcanzaron un acuerdo en una mesa de negociación. Ese pacto contemplaba que las doce plazas ocupadas por estos profesionales se cubrieran mediante concurso de méritos, mientras que el resto se convocaría por oposición libre. “Existía una solución aceptada por todas las partes”, defendió Bueno.

Sin embargo, un informe jurídico interno posterior cuestionó esa fórmula y derivó en la convocatoria unificada actualmente en vigor. “Un informe no puede tirar una negociación colectiva. El acuerdo se rompió de forma unilateral”, denunció García. Los afectados han recurrido tanto la Oferta Pública de Empleo de 2024 como las bases del proceso selectivo, por lo que, según la alcaldesa, si prosperan estas acciones “todo el procedimiento podría decaer”.

En paralelo, el colectivo registró el pasado 29 de abril un escrito dirigido al presidente del Cabildo, Antonio Morales, solicitando una reunión para abordar su situación, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. “Nosotros lo que pedimos es que se cumpla el acuerdo”, reiteró García, quien tuvo que hacer una pausa durante su intervención, al emocionarse tras conocer la reciente sentencia del Tribunal Supremo. El escrito contempla la conversión automática en fijos de empleados públicos en situación de abuso en casos donde los afectados hayan superado procesos selectivos previos, como alegan los bomberos interinos del Consorcio.

"No es viable"

Por su parte, el gobierno del Cabildo de Gran Canaria reconoce “la incertidumbre” y la preocupación de los interinos, pero sostiene que no puede atender su demanda en el momento actual. Fuentes de la corporación insular indican que la convocatoria y sus bases son actos administrativos “válidos y eficaces”, aprobados en el seno de la Mesa General del Consorcio y que se presumen ajustados a Derecho mientras no sean anulados por los tribunales.

En cuanto a la posibilidad de cubrir las plazas mediante concurso, los servicios jurídicos concluyen que “no es viable” en el marco normativo actual, ya que el acceso a la función pública como funcionario solo puede realizarse mediante este sistema en supuestos excepcionales previstos por ley, que no concurren en este caso.

El Cabildo añade que tampoco resulta aplicable la Ley 20/2021 de estabilización del empleo público, al no cumplirse el requisito de ocupación temporal ininterrumpida de las plazas desde antes de enero de 2016. Asimismo, subraya que actúa con “máxima seguridad jurídica” en un contexto marcado por recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo que, según la interpretación de sus servicios jurídicos, no avalan modificar el criterio aplicado.

No obstante, la institución insular deja abierta la puerta a revisar su posición si se producen cambios normativos o nuevos criterios jurisprudenciales que permitan abordar procesos de estabilización en términos distintos. “Pero, a día de hoy, no existe esa opción”, concluyen las mismas fuentes.

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