"Pago 40.000 euros al Ayuntamiento de Mogán aun con mis locales precintados": el hostelero de Puerto Rico reflexiona sobre la clausura de sus negocios

"Pago 40.000 euros al año al Ayuntamiento de Mogán aun con mis locales precintados". Pablo González, propietario del restaurante El Pirata y empresario hostelero de Puerto Rico al que el Ayuntamiento de Mogán precintó recientemente el negocio por no tener licencia, reflexiona sobre el pago de impuestos y el supuesto control que las administraciones públicas tienen sobre los negocios de los particulares. Y lo hace, dice, "no desde el enfrentamiento" y acompañado por una treintena de facturas de los impuestos abonados al Consistorio.

En un vídeo difundido por el propio González a través de las redes sociales, el hostelero continúa criticando la clausura de su establecimiento hace pocas semanas, después de que el área de Urbanismo decretase el precinto del negocio tras una denuncia interpuesta por una vecina que reside en uno de los edificios cercanos. Este cierre se suma al del restaurante Gran Canaria, que el empresario también tiene cerrado desde 2023 por el mismo motivo. A pesar de que el restaurador presentó un recurso en los tribunales para evitar el cierre, un auto de la Plaza Nº2 del Tribunal de Instancia del 29 de abril desestimó sus pretensiones y confirmó el precinto del negocio.

"Sigo cumpliendo con mis puestos y pago el IBI", prosigue en el vídeo, "mi reflexión es sencilla: cuando un ciudadano no paga, las reclamaciones llegan rápido. Entonces, ¿por qué parece que a uno se les controla de inmediato y a otros presuntamente durante años no?". En su reflexión, el empresario, que aparece sentado en una silla de su negocio y leyendo su argumento en la pantalla de su teléfono móvil, señala que no hace la crítica desde el enfrentamiento, "sino desde la preocupación y de la necesidad de que todos tengamos el mismo trato ante la ley y la Administración de Justicia".

Pablo González arrastra ya un historial con este negocio. En mayo de 2024, hace ya dos años, el hostelero del paseo marítimo de Puerto Rico se vio obligado a enviar al paro a 25 personas de una plantilla de 50 trabajadores después de que el Ayuntamiento de Mogán precintase por primera vez el restaurante El Pirata por carecer de licencia de apertura y lo multase con 22.500 euros. Y eso después de que en 2023 le cerrasen el restaurante Gran Canaria. Entonces, González decidió clausurar también los restaurantes Atlanta, Venecia y El Tiburón, todos ubicados en el paseo, para no enfrentarse a más sanciones. Una denuncia vecinal por ruidos, que obligó a inspecciones municipales, destapó que esos dos negocios precintados por el Ayuntamiento carecían de licencia desde hacía 50 años. El empresario explicó que desconocía esa situación y desde entonces ha intentado reconducirla aportando informes de ruidos que han sido desestimados.

En una entrevista con este periódico en mayo de 2024, el propio González llegó a afirmar que «estaba tan metido en los restaurantes que no me preocupé por las licencias, nadie las había pedido hasta ahora. En 50 años, ¿por qué no me han pedido la documentación?", se preguntaba entonces.