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Pablo González, propietario de El Pirata, denuncia que los trabajadores de hostelería de Mogán "también tienen familias detrás"

El empresario con varios locales precintados en Puerto Rico reclama al Ayuntamiento que impulse los trámites para desbloquear la situación de sus negocios

El propietario de El Pirata pide respeto para los trabajadores de hostelería de Mogán

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Pablo González, propietario del restaurante El Pirata y empresario hostelero de Puerto Rico, ha vuelto a dirigirse al Ayuntamiento de Mogán para reclamar una salida a la situación de sus locales precintados. Esta vez, el mensaje no se centra en los negocios, sino en los trabajadores que han quedado afectados por los cierres.

El empresario interpela directamente a la alcaldesa de Mogán y vincula la defensa de la hostelería con la protección de los empleos que dependen de los establecimientos clausurados. "Usted (Onalia Bueno) dice que es importante defender los puestos de trabajo de los bomberos porque detrás hay familias, y tiene razón", afirma González. "Pero detrás de cada camarero, de cada cocinero y de cada trabajador de los locales cerrados también hay familias que viven de ese sueldo, que pagan alquiler, hipoteca y mantienen a sus hijos con ese trabajo", añade.

González sostiene que los empleados de la hostelería no deben quedar fuera de la respuesta institucional. "Los trabajadores de hostelería también merecen respeto y protección", señala.

El problema sigue sin resolverse

El propietario de El Pirata critica que el problema siga sin resolverse mientras, según denuncia, las administraciones se trasladan la responsabilidad unas a otras. "Lo que no se puede hacer es jugar con el futuro de tantas personas mientras las administraciones se pasan la responsabilidad de unas a otras", asegura.

El hostelero apunta a la existencia de una autorización sectorial que debe transmitirse entre administraciones y reclama al Ayuntamiento de Mogán que impulse los procedimientos necesarios. "Es obligación del Ayuntamiento de Mogán impulsar los procedimientos, no dejar a trabajadores y familias atrapados durante años", sostiene.

Pablo González denuncia que paga 40.000 euros al año pese al precinto de sus locales en Mogán

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González también lamenta la diferencia de trato que, a su juicio, reciben los trabajadores de la hostelería respecto a otros colectivos. "A veces parece que la situación de los camareros, cocineros y trabajadores de hostelería no tiene la misma importancia institucional que la de otros colectivos", afirma.

Falta de soluciones

El empresario advierte, además, del malestar que puede generar entre los afectados la falta de una solución. "Muchos trabajadores pueden llegar a pensar que su problema no cuenta porque quizás no se considera necesario escuchar también su voz de cara a las próximas elecciones", señala.

Las declaraciones se producen en pleno conflicto por el cierre de varios establecimientos en el paseo marítimo de Puerto Rico. El restaurante El Pirata fue precintado por carecer de licencia, después de una denuncia vecinal por ruidos y de la intervención del área de Urbanismo. El restaurante Gran Canaria, también vinculado al empresario, permanece cerrado desde 2023 por el mismo motivo.

El caso ha tenido consecuencias laborales en los últimos años. En mayo de 2024, González ya tuvo que enviar al paro a parte de su plantilla tras el cierre de El Pirata, dentro de un conflicto administrativo que ha puesto bajo revisión la situación de varios locales con décadas de actividad en la zona.

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