Puertos Canarios exigirá a Cementos Especiales de las Islas en los tribunales que retire la cementera del muelle de Santa Águeda

El ente público Puertos Canarios exigirá en los tribunales a la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) que desmantele su cementera del muelle de Santa Águeda, como se le requirió en 2025, cuando se le dio seis meses para comunicar cómo lo haría. Cuando ha transcurrido ese plazo o está a punto de expirar, sin que esta sociedad haya presentado al Gobierno regional su "plan de desmantelamiento", el director gerente de Puertos Canarias, José Gilberto Moreno, ha dicho este jueves, en declaraciones recogidas por Efe, que habrá que reclamárselo por la vía judicial, a la que la empresa también ha recurrido para oponerse al cese de la prórroga que le impide seguir operando en este puerto. La cementera, por su parte, advierte del desabastecimiento de cemento y ha presentado un escrito ante Puertos Canarios en el que rechaza la obligación de presentar un proyecto de desmantelamiento del puerto al considerar que dicha exigencia es "jurídicamente improcedente, materialmente inviable y carente de base legal", según explica la compañía.

La fábrica advierte del desabastecimiento de cemento las islas y de la paralización del sector de la construcción

Fue el pasado 24 de octubre de octubre cuando a través de una resolución firmada por Moreno, el organismo público instó a la compañía, participada al 50% por Corporación Masaveu (España) y Votorantim Cimentos (Brasil), a entregar antes del mes de mayo un plan para desmantelar las instalaciones portuarias, entre las que se encuentran naves y grúas. En aquel documento, al que accedió este periódico, Puertos Canarios también estableció una relación de instalaciones, estructuras y obras que la cementera debe retirar o demoler y comunicó a Ceisa la apertura de un procedimiento administrativo para hacer efectivo el cobro de las tasas por seguir operando a pesar de que el 4 de diciembre de 2024 el Consejo de Administración del ente público aprobó denegar las prórroga de la concesión del muelle por otros 25 años que había solicitado la empresa de cementos.

Dos meses después, el 19 de diciembre Cementos Especiales de las Islas solicitó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria la nulidad de la resolución de Puertos Canarios para desmantelar el puerto de Santa Águeda, así como la suspensión inmediata de sus efectos, hasta que se produzca una sentencia firme. La compañía insistió este jueves en que la Sentencia 171/2025 anuló la denegación de su concesión y ordenó retrotraer el expediente para su tramitación favorable, "por lo que cualquier actuación irreversible debe esperar a que exista sentencia firme".

Medidas cautelares

Aquella sentencia fue después aclarada a través de un auto judicial que establecía que la cantera, la fábrica y el puerto constituyen «un todo indivisible y necesario» para el desarrollo de la actividad industrial de la cementera. La empresa reclamó en diciembre medidas cautelare a la decisión adoptada por el consejo de administración de Puertos Canarios, que entiende que "no procede" que esta cementera continúe ocupando el recinto portuario del sur de Gran Canaria, una solicitud todavía pendiente de resolución judicial.

Con todo, el director de Puertos Canarios consideró que el ente público va a tener que "entrar en un proceso judicial" para instar a esta empresa a entregar esta parcela, de forma que "todos" los implicados en este expediente administrativo queden "pendientes de una resolución judicial".

La compañía solicitó en diciembre la aplicación de medidas cautelares pero todavía está pendiente la decisión

Tras las declaraciones de Moreno, la cementera advirtió que desmantelar el puerto "provocaría un desabastecimiento inmediato de cemento en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma y la paralización del sector de la construcción". "Santa Águeda es la única infraestructura que permite la entrada de materias primas y la salida del producto y no existe alternativa portuaria que permita mantener la actividad", señala la empresa, al tiempo que subraya que explica que no tiene obligación, por ahora, de presentar el proyecto de desmantelamiento. "Ni la Ley de Puertos de Canarias, ni su Reglamento, ni el título concesional contemplan la obligación de presentar un proyecto previo de demolición e imponerlo supone una modificación unilateral de las condiciones de la concesión", concluye.

Ya en diciembre, el coordinador general de Ceisa, Claudio Piernavieja, consideró «una decisión temeraria que atenta contra el interés general» que el Gobierno de Canarias insistiese en que la cementera salga del puerto sin que haya una sentencia judicial definitiva y considera que responde a presiones del lobby turístico. «Somos víctimas de ese apoyo desmedido del Gobierno al sector turístico», señaló Piernavieja.

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