Claudio Piernavieja, coordinador de la cementera: "El freno de la demolición del puerto de Santa Águeda es un espaldarazo a nuestra industria"

El coordinador de la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa), Claudio Piernavieja, celebra que el juzgado aceptase las medidas cautelares presentadas por la empresa que representa y manifestó su "esperanza" en que el resultado final del procedimiento judicial principal sea favorable a la compañía para mantener la industria y los puestos de trabajo.

La Justicia frena por ahora el desmantelamiento del puerto de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana, por parte de la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa). La Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Adminstrativo) de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado la medida cautelar solicitada el pasado mes de diciembre por la compañía para paralizar la resolución del ente público Puertos Canarios en la que ordenaba a la empresa que presentase un proyecto de demolición de las instalaciones del puerto antes del mes de mayo, todo ello en cumplimiento de la resolución de su Consejo de Administración del 4 de diciembre de 2024 en el que denegó la prórroga de la concesión del dique. El pronunciamiento judicial se conoció menos de 24 horas después de que el director de Puertos Canarios, Gilberto Moreno, afirmase este jueves que llevaría a la cementera a los tribunales para exigir que desmantele el puerto.

Piernavieja considera que esta resolución judicial "es un espaldarazo a la continuidad de la producción y de la actividad en Santa Águeda y de nuestra industria" y valora positivamente una decisión que considera que responde al "sentido común". El coordinador se muestra aliviado porque considera que esta resolución aporta tranquilidad tanto a los trabajadores del puerto como al sector de la construcción del Archipiélago en general.

El responsable de la fábrica recalca que la decisión del juzgado "pone freno a ese ansia desmedida que tiene Puertos Canarios por hacer desaparecer esta industria, que es estratégica para Canarias". Piernavieja sostiene que todavía tienen que esperar por la resolución final que depende del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero señala que "hay buenos indicios en esta resolución judicial de cara a pensar favorablemente en un éxito de la resolución final" y opina que "hubiera sido inaudito tener que desmantelar las instalaciones y que luego la resolución final resultara favorable a la compañía".

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