El Pleno del Consejo Social de la ULPGC aprueba por unanimidad su nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) aprobó este jueves, por unanimidad, su Reglamento de Organización y Funcionamiento para adaptarlo al nuevo marco normativo derivado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y de la reciente modificación de la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.

El documento es resultado del proceso de revisión y actualización del Reglamento vigente, tras más de veinte años desde su aprobación inicial, y recoge las modificaciones jurídicas, técnicas y organizativas necesarias para adaptar el funcionamiento del Consejo Social al nuevo marco normativo universitario. Con esta reforma, el Consejo Social refuerza su capacidad de adaptación al nuevo contexto universitario y consolida su papel como órgano de supervisión, participación social y conexión entre la Universidad y su entorno institucional, económico y social.

Consenso

En ese sentido, la presidenta del Consejo Social de la ULPGC, Ana B. Suárez, destacó el amplio consenso alcanzado en la aprobación del texto y agradeció el apoyo del equipo rectoral de la Universidad en la redacción del nuevo documento, "cuya colaboración ha contribuido de forma significativa a mejorar y enriquecer el nuevo texto".

Entre las principales modificaciones introducidas en el nuevo texto, se encuentran una mayor sistematización de las competencias atribuidas al Consejo Social, adaptando su redacción a la terminología y contenidos incorporados por la LOSU y por la nueva legislación autonómica.

También se desarrolla con mayor detalle el régimen de emisión de informes por parte del Consejo Social, especialmente en los que tienen carácter preceptivo y previo a la adopción de determinados acuerdos por otros órganos universitarios. Se incorporan así previsiones orientadas a garantizar que dichos informes puedan emitirse en un plazo máximo de treinta días naturales, en términos generales, desde la recepción de la propuesta correspondiente.

Control interno y auditoría

Otro de los ámbitos en los que se introducen modificaciones relevantes es el relativo al control interno, la auditoría y la supervisión económico-financiera, ya que el nuevo texto actualiza y sistematiza la regulación relativa al Servicio de Control Interno, al Comité de Auditoría y al Plan de Auditoría de la Universidad.

El Reglamento aprobado este miércoles incorpora además instrumentos de seguimiento y evaluación continua, así como previsiones vinculadas a integridad institucional, gestión del riesgo y prevención del fraude, incluyendo la regulación del Comité Institucional Antifraude.

Además, el nuevo Reglamento desarrolla con mayor precisión el régimen jurídico de la Secretaría General; ordena las competencias vinculadas a la gestión económica y presupuestaria del Consejo; actualiza la regulación relativa a las comisiones y grupos de trabajo; e incorpora previsiones específicas sobre medios electrónicos, funcionamiento híbrido de los órganos colegiados y tramitación de acuerdos.

Transferencia del conocimiento

Por otro lado, entre otros aspectos, el texto incorpora nuevas referencias vinculadas a la relación universidad-sociedad, incluyendo cuestiones relacionadas con transferencia del conocimiento, empleabilidad, formación dual universitaria, colaboración con agentes sociales y económicos y conexión con el entorno productivo.

 El nuevo texto será remitido ahora al Gobierno de Canarias para su tramitación y aprobación definitiva, tal y como prevé la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.

El Pleno del Consejo Social acordó adherirse al manifiesto promovido por los rectores de las universidades públicas canarias en defensa de un sistema universitario suficientemente financiado, estable y previsible, en los mismos términos expresados previamente por las presidencias de los Consejos Sociales de las universidades públicas del archipiélago.

El pronunciamiento pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un marco plurianual de financiación que permita a las universidades públicas canarias afrontar adecuadamente los retos vinculados a la calidad docente e investigadora, la transferencia de conocimiento, la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad y la cohesión territorial.

Plan plurianual

En este sentido, el documento considera prioritario que el futuro plan plurianual de financiación del Sistema Universitario Público de Canarias pueda alcanzar su plena operatividad a partir del ejercicio 2027, dotando a las universidades públicas de un marco estable, suficiente y previsible para afrontar sus necesidades estructurales y sus procesos de modernización.

El Pleno valoró de forma positiva la posibilidad de articular, en el marco de la futura revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), líneas complementarias de financiación destinadas a infraestructuras universitarias, I+D+i y programas de transferencia de conocimiento, apelando expresamente a la implicación y participación del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, fundamentalmente, en el fortalecimiento y modernización del sistema universitario público canario.

 Del mismo modo, el Consejo Social subrayó la importancia de reactivar los trabajos previstos en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, relativos al objetivo de avanzar progresivamente hacia una inversión pública equivalente al 1% del PIB destinado a educación universitaria pública antes del año 2030.

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