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A juicio por obligar a dos mujeres a prostituirse sin descanso en el sur de Gran Canaria

La Fiscalía acusa a cuatro personas de trata de personas con fines de explotación sexual y pide condenas de entre 10 y 18 años de prisión

Ciudad de la Justicia de Las Palmas.

Ciudad de la Justicia de Las Palmas. / Juan Castro

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Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga este martes a cuatro personas acusadas de obligar a dos mujeres a ejercer la prostitución en una vivienda de Vecindario y en un local de alterne del sur de Gran Canaria. Según sostiene la Fiscalía, presionaban a las víctimas para que estuvieran a disposición de los clientes las 24 horas del día, con independencia de su estado de salud o de si tenían la menstruación.

El escrito de acusación describe que una mujer de 49 años y nacionalidad colombiana, que se hacía llamar Rosaura, regentaba junto a su pareja, un francés de 44 años, un inmueble situado en Vecindario conocido como Bola. Este contaba con dos pisos: en el superior residían ambos y el inferior estaba dividido en dos zonas, una de las cuales estaba destinada al alojamiento de las chicas que después prestarían los servicios sexuales en la otra parte del mismo.

El hijo de ambos presuntamente se encargaba del traslado hasta el Bola de las víctimas que llegaban al aeropuerto de Gran Canaria. Además, la pareja dirigía un establecimiento al sur de la Isla conocido como Swinger Club Passion.

Fijaban las normas

El Ministerio Público cree que Rosaura era la encargada de establecer las normas, horarios y de fijar el precio de los servicios de prostitución que se ofrecerían en el inmueble y quien luego retribuiría el 50% de los mismos, además de dar alojamiento a las mujeres. Junto a ella, conforme al escrito acusatorio, controlaba la prestación de los servicios otro hijo de la encausada que conocía la situación.

La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con un delito de explotación sexual. Por tanto, exige penas de 18 años de cárcel para los padres de la familia y de 10 años para sus hijos, junto a órdenes de alejamiento e indemnizaciones de 30.000 euros a cada una de las víctimas.

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