Condenas de hasta cuatro años por secuestrar a un hombre en Vecindario y retenerlo con un cinturón atado al cuello

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a penas de entre un año y seis meses y cuatro años de cárcel a tres personas que retuvieron durante horas a un varón en una vivienda del barrio de Los Llanos, en Vecindario, y le sometieron a múltiples tratos vejatorios. En el tiempo que permaneció secuestrado, le ataron un cinturón al cuello para que no pudiera escapar, le golpearon por todo el cuerpo con una muleta ortopédica y le pincharon las piernas con un cuchillo de cocina.

Así lo reconocieron este martes los acusados -una mujer y dos varones- durante la vista oral celebrada en la Sección Primera, en la que admitieron los hechos y alcanzaron una conformidad con la Fiscalía para rebajar las penas que se pedían, que iban desde los tres años y seis meses hasta los cinco años de prisión. Las defensas lograron que se les aplicaran dos circunstancias atenuantes por reparación del daño, al haber abonado una parte de la indemnización a la víctima, y diligencias indebidas por el tiempo transcurrido desde que se empezó a instruir la causa.

El acuerdo implica que la principal responsable, Francisca T. C., deberá cumplir cuatro años de cárcel por un delito de detención ilegal, mientras que Ali S. y Antonio S. L. recibirán condenas de dos años y un año y seis meses de privación de libertad, respectivamente. Además, tendrán que asumir otras medidas accesorias como órdenes de alejamiento hacia el perjudicado y su entorno, multas económicas y el pago de una responsabilidad civil que asciende a 3.405 euros.

La pena contempla atenuantes por el pago de una parte de la indemnización y el tiempo transcurrido

Los hechos se remontan al día 9 de agosto de 2022, cuando los tres agresores, por motivos que se desconocen, se encontraban en el interior de un domicilio de la calle Delicias, situada en Santa Lucía de Tirajana, junto a la víctima. Sobre las dos y media de la mañana, según admitieron en el juicio, llevaron a cabo un plan concertado para atentar contra la libertad del varón y le ataron una soga a los tobillos y un cinturón al cuello, que apretaron con violencia, para limitar su movilidad e impedir que abandonara el inmueble en todo momento.

Durante un lapso de unas cuatro horas, Francisca y Ali se pusieron de común acuerdo y, guiados por la intención de menoscabar la integridad física del secuestrado, le propinaron múltiples golpes. La acusada se valió para ello de una muleta ortopédica y de un cuchillo de cocina, que después cedió a su compañero para que pinchase al agredido en ambos muslos.

Rescate de la víctima

No fue hasta las seis y media de la mañana de ese mismo día cuando las torturas cesaron. Uno de los secuestradores, Antonio, que se mantuvo en un segundo plano mientras se producían los ataques, decidió poner fin a lo que estaba ocurriendo. En un momento dado abandonó la vivienda y se dirigió a una gasolinera situada a apenas unos metros de distancia, donde le pidió a un trabajador que le prestase un teléfono para llamar a la policía.

Tras dar el aviso, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que había una persona privada de libertad y del lugar exacto en el que se encontraba, dos extremos que hasta ese momento eran desconocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De esta forma, los agentes pudieron dirigirse al inmueble en cuestión, donde encontraron que la víctima permanecía atada en el suelo junto a sus agresores y procedieron a su liberación.

Uno de los acusados alertó a la Guardia Civil de que tenían a una persona secuestrada

Como consecuencia de la agresión, el perjudicado sufrió diversas lesiones en forma de hematomas, erosiones y heridas puntiformes en el rostro, el costado derecho, el oído y los muslos. Estas heridas tardaron siete días en curar y no dejaron mayores secuelas físicas. Quedaron detenidos como consecuencia del ataque los tres acusados, que permanecieron en situación de prisión provisional entre el día 11 y el 19 de agosto de ese mismo año.

El Ministerio Público calificó el suceso en su escrito de acusación como un delito de detención ilegal y otro leve de lesiones, mientras que para el encausado que alertó a la policía aplicó otra circunstancia atenuante de confesión. Según esta parte, la llamada que hizo a los agentes permitió esclarecer el caso y e impidió que la víctima sufriese nuevos golpes.

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