Santa Lucía de Tirajana
Jenny regala sus tres perros: una mujer con orden de desalojo de un edificio en Gran Canaria se ve obligada a deshacerse de sus mascotas para encontrar un alquiler
La vecina de Vecindario vive una cuenta atrás para ser desahuciada junto a su marido y sus cuatro hijos sin que ninguna administración pública le haya ofrecido una alternativa sólida

Jennifer Mbuña con su perra Arizona, que ha tenido que regalar para facilitarse la búsqueda de una casa de Alquiler. / LP/DLP

Si a la crisis habitacional que padece toda Canarias se le añade que tienes tres menores y tres perros a tu cargo, encontrar un alquiler se hace prácticamente imposible. Este es el caso de Jennifer Mbuña, una vecina de Vecindario que vive desesperada una cuenta atrás a una semana para ser desahuciada junto a su marido y sus cuatro hijos, de 20, dos de 16 y una de 12 años, sin que ninguna administración pública le haya ofrecido una alternativa sólida. Su desesperación por encontrar una casa para su familia es tal que ha tenido que regalar sus tres mascotas para facilitarse la búsqueda de un arrendamiento.
Mbuña ha vuelto a recibir un decreto judicial emitido por el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de San Bartolomé de Tirajana (Sección Civil) que ha acordado poner fin al juicio verbal de desahucio por falta de pago contra una inquilina de la localidad de Santa Lucía de Tirajana, fijando de forma inminente la fecha del 3 de junio, a las 13.00 horas, para el desalojo forzoso del inmueble. Es el segundo requerimiento judicial que recibe, a pesar de que el Ayuntamiento le hizo un certificado de vulnerabilidad. Además de esto, ella tiene un contrato de sustitución en un hotel de la zona turística y su marido tiene un trabajo fijo. La unidad familiar cuenta con unos 4.000 euros al mes, pero eso tampoco es una garantía en un mercado de la vivienda cada vez más exigente con las condiciones para entrar a vivir en una casa.
La vecina de Vecindario, con tres menores y una orden de desalojo de su edificio, entrega sus mascotas para facilitar la búsqueda
«La semana que viene me veo en la calle con mis hijos. No estoy dispuesta a meterlos en un albergue», relata Jenny, reflejando la realidad de una crisis habitacional que ya no solo afecta a familias sin recursos, sino también a trabajadores asalariados. La angustia de la familia es tal que Jenny ha tenido que tomar la decisión de desprenderse de sus tres perros (Arizona, Brooklyn y Boston), que la han acompañado casi toda la vida, ante la negativa sistemática de los propietarios a alquilar a familias con animales.
Precios prohibitivos
Las pocas opciones que aceptan a familias numerosas superan los 2.000 euros mensuales, exigiéndoles ingresos conjuntos demostrables de hasta 4.800 euros netos, además de avales inalcanzables. En la búsqueda de una vivienda Jennifer Mbuña también busca en la capital Gran Canaria, "porque ya me da igual con tal de tener un lugar donde vivir".
El caso de Jenny no es aislado. Su vivienda forma parte de un bloque propiedad del Sareb, situado en la calle Diego de Alcalá, número 45, en Vecindario, que se está vaciando de forma progresiva mediante ejecuciones judiciales. Ante la negativa del Sareb a negociar, Jenny aclara que su intención nunca ha sido la de vivir a expensas de nadie. De hecho, la familia se ha ofrecido formalmente a pagar un alquiler mensual, una propuesta que ha sido rechazada sistemáticamente por la propiedad. El Sareb le sigue reclamando una deuda de hasta 7.320 euros, sin haber tenido en cuenta el engaño previo, cuando estuvieron pagando sus alquileres durante años a la dueña del edificio que les ocultó deliberadamente que las viviendas ya habían sido embargadas por el 'banco malo'. Las seis viviendas registran desde hace años distintos desperfectos, grietas y humedades, sin que nadie se haya hecho cargo de arreglar nada del edificio.
La unidad familiar supera los 4.000 euros, pero el contrato de ella es de sustitución, aunque su marido es fijo
Hace apenas unas semanas, otra vivienda del edificio fue desalojada y tapiada con una puerta de seguridad privada en cuestión de días. El resto de los vecinos también viven con angustia la espera de lanzamientos, que van llegando de forma progresiva a las personas inquilinas del edificio.
La falta de canales de comunicación con la propiedad y con las administraciones ha terminado por minar la paciencia de los afectados. Tras meses intentando establecer contacto mediante llamadas y correos electrónicos sin obtener ninguna respuesta humana o empática, Jenny concluye que la gestión de su desahucio se ha convertido en una burla hacia su drama familiar.
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