CC y PSOE se acusan de mentir a la cementera por el puerto de Santa Águeda

Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) se acusaron el miércoles de engañar a la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) sobre la continuidad de la actividad industrial en el puerto de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana, después de que mediante un auto del pasado 12 de mayo la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Adminstrativo) de Las Palmas de Gran Canaria aceptase las medidas cautelares solicitadas por la compañía para paralizar la demolición de las instalaciones del muelle, como requería Puertos Canarios.

Durante el pleno celebrado en el Parlamento de Canarias y a preguntas del diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino sobre su posicionamiento después de conocerse el auto, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, también presidente de Puertos Canarios, explicó que se mantiene a la «expectativa», en relación al procedimiento judicial que Ceisa mantiene abierto en los tribunales tras denegársele la prórroga de la concesión del muelle.

«Usted está defendiendo la posición legítima de una multinacional que lleva 50 años explotando la costa de Arguineguín, una multinacional con intereses económicos que paga una auténtica miseria a Puertos Canarios», señaló Rodríguez, «y efectivamente, el PSOE le generó una expectativa a través de un acuerdo [el uso compartido industrial y deportivo del muelle durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres] que nunca se materializó, que nunca se votó en el Consejo de Administración; engañaron ustedes a esos trabajadores y a la multinacional».

El socialista Pérez del Pino, por su parte, señaló al Ejecutivo regional como «un Gobierno que no planifica, que no diversifica y que no protege el interés general». «Los industriales de Canarias consideran que dependemos en exceso del turismo y también de las importaciones y que reforzar la industria es clave para esta comunidad autónoma, para diversificar la economía y para proteger el empleo». En su intervención también criticó que Rodríguez argumente que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria -tumbado por la Justicia- recoge el uso turístico del muelle una vez acabe la concesión industrial.

«Ustedes demuestran con este tipo de argumentos que no están actuando en defensa del interés general [...] lo que han conseguido con determinado tipo de acciones es crear inseguridad jurídica», señaló, «este es el reflejo de su forma de gobernar, que es profundamente contraria al sentimiento de la gente. Mientras cientos de familias están directa o indirectamente afectadas por esta decisión, ustedes actúan irresponsablemente. Y parece que ellas no pintan un pimiento más allá del interés particular de alguien que ha decidido que ese tipo de terrenos solo deben ser utilizados para la especulación turística. Ustedes defienden Canarias de boquilla, pero la realizad es que actúan renunciando de forma miserable y vendiendo nuestra tierra al mejor postor».

Rodríguez zanjó el debate recordando a Pérez del Pino que él, en su etapa en el Cabildo, votó a favor de que el PIO recogiese el uso turístico en el puerto de Santa Águeda.

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