Agaete saca de su hucha el dinero para pagar a una empresa por un convenio urbanístico para construir chalés que olvidó durante 10 años

El Ayuntamiento de Agaete se rasca el bolsillo para pagar 522.033 euros a la promotora Jusan Canarias por no haber desarrollado el convenio urbanístico firmado hace 10 años que contemplaba la construcción de chalés en la zona del molino, en Las Nieves, y que nunca se ha podido desarrollar por no revisarse el Plan General de Ordenación Urbana. Los grupos políticos de gobierno y oposición se echaron las culpas mutuamente de los numerosos errores administrativos y judiciales durante sus respectivas etapas en el poder en el pleno ordinario celebrado este jueves, tras una sentencia judicial firme.

Es uno de los litigios más largos y costosos en los que ha estado envuelto el municipio. Su origen se remonta al acuerdo urbanístico aprobado en el pleno de 19 de julio de 2016 con Juan Ramón Martín (PSOE) como alcalde, con ALPA-Nueva Canarias como socio, y suscrito el 25 de julio de ese mismo año entre el Ayuntamiento de Agaete y la empresa Jusan Canarias Desarrollos Urbanísticos. La unidad de actuación contemplaba unos 9.000 metros de superficie, si bien solo unos 4.000 metros correspondían a este promotor.

Cuatro partidos políticos implicados

Sin embargo, pese a contar con el respaldo también del PP entonces en la oposición, el convenio para poner al día el planeamiento municipal nunca se desarrolló, pasando en estos diez años cuatro fuerzas políticas por el gobierno que han visto cómo los errores de los que ha dejado constancia los juzgados han dejado como resultados sucesivas sentencias judiciales en contra del Ayuntamiento de Agaete. En medio, incluso, con un informe favorable al Consistorio del Consejo Consultivo de Canarias, en el que daba el visto bueno a la anulación del convenio.

El resultado es que una sentencia firme ha obligado al Ayuntamiento a echar mano de 522.033 euros del remanente de tesorería para poder pagar ahora a Jusan. Esto supone cerca de 120.000 euros más por costes judiciales e intereses de demora, frente a los 409.697 euros que reclamó la empresa hace cuatro años.

La alcaldesa, María del Carmen Rosario (PP), derivó las culpas en otros partido. "Cuando entramos nos empiezan a dar datos que no nos dieron e intentamos anular el convenio y es lo que está firmado por mí y el Consultivo nos dio la razón. Luchamos para que el ayuntamiento no tuviera ninguna responsabilidad en un convenio de 2016 entre PSOE y ALPA-NC". También defendió que la condena cayó en el gobierno de PSOE y BNR, lamentando que no hubiesen desarrollado los planes urbanísticos que podían dar cobertura a la ejecución de las obras. "Nadie podrá achacar al PP la culpa, porque cuando tuvimos la información intentamos anular el convenio".

"Es una mala gestión urbanística y jurídica"

El portavoz del BNR, Jesús González, achacó la resolución a "una mala gestión urbanística y jurídica", dirigiendo directamente las culpas a la actual alcaldesa, María del Carmen Rosario, como también a la concejala no adscrita y exconcejala de Urbanismo en su etapa, Candelaria Mendoza. "Usted votó a favor del convenio y gobernó con mayoría absoluta; es una de las grandes culpables, igual que la concejala no adscrita". Insistió en que "hablamos de una defensa jurídica del PP desastrosa, como dice la jueza, cuando intentó revisar el convenio. No actuaron durante años, dejaron avanzar y actuaron tarde y mal. Es una negligencia política y jurídica gravísima", apuntando que en su época de alcalde buscaron un abogado especializado, pero que la primera defensa no hizo lo que debía.

El portavoz del PP, Sebastián Suárez, defendió durante el pleno que en 2023 "el Consejo Consultivo nos dio la razón, nos fuimos y en 18 meses -con el cambio de gobierno-, alguien debió aportar algo". Y añadió que "culpables somos claramente todos los que hemos tenido que gestionar este ayuntamiento. Todos lo hemos intentado y hemos llegado a donde hemos llegado. Y en la pandemia era imposible hacer cosas".

"Desconozco si hubo juicios"

La concejala no adscrita, Candelaria Mendoza (antigua concejala socialista), reconoció que el convenio nace en su primera etapa en el gobierno (2015-2019), si bien alega que este tema recaía en manos de ALPA-NC. Y defendió que cuando vuelve a entrar como concejala de Urbanismo en este mandato nadie le dijo que había pendiente este asunto legal, hasta que supo de la sentencia "Desconozco si hubo juicios y si había abogados. Pero desconozco los temas legales", señaló.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Noemí Rosario, manifestó que "no hablamos de una sentencia judicial, sino de la consecuencia de una forma irresponsable de gestionar lo público". Y señaló que la sentencia solo habla de la actual alcaldesa por intentar anular un convenio, lo que "demuestra una desviación de poder acreditado". Y apuntó que la partida ahora a pagar supone el 6% del presupuesto municipal.

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