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La recusación contra el alcalde de Santa Lucía de Tirajana fracasa por falta de concejales para votarla

El pleno aprueba como declaración institucional la cesión de suelo a la Policía Canaria para habilitar una comisaría

Pleno ordinario de mayo, en el que se votaba una recusación contra el alcalde que no salió por falta de quorum.

Pleno ordinario de mayo, en el que se votaba una recusación contra el alcalde que no salió por falta de quorum. / LP/DLP

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José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

Los plenos de Santa Lucía de Tirajana siguen el mismo patrón de los meses anteriores, con la sombra de que el alcalde Francisco García y los cinco concejales pasen a ser no adscritos y ellos manteniéndose en sus cargos, y todo después de abandonar NC para integrarse en Primero Canarias y ser acusados de tránsfugas . Y el de este jueves no fue diferente: el orden del día llevaba una recusación contra el alcalde formulada por Leví Ramos, el nuevo secretario general de Nueva Canarias en Santa Lucía, expulsado hace meses del grupo de gobierno por el propio regidor. Pero resultó fallida. ¿El motivo? La recusación no tenía quién la votase.

Para la votación de recusación abandonaron el salón de plenos Francisco García y los cinco ediles que se marcharon de NC para integrarse en el Bloque Nacionalista Rural (BNR) y Primero Canarias, pero también los tres de NC, los cuatro concejales de La Fortaleza y los dos de PP-AV por tener causas judiciales actualmente abiertas contra el alcalde. A todos ellos se sumaron el representante de Unidos por Gran Canaria y miembro del grupo de gobierno, Sergio Vega, que salió por decisión propia para mantenerse al margen, y las ausencias de una edil del PSOE y del concejal no adscrito José Moreno, que se incorporó al pleno más tarde. Al final solo quedaron sentados ocho ediles, cuando eran necesarios nueve para cumplir con un tercio de un total de 25 concejales. Eso hizo que al no haber quorum fracasara la recusación. Tras el resultado de la votación, el secretario informó que no se podrá volver a votar otra recusación contra el alcalde.

Francisco García intervino tras la votación del punto y calificó la iniciativa como una "torticera maniobra política" orquestada por los concejales cesados para mermar las funciones de su cargo. Durante su comparecencia, el regidor municipal desmarcó sus decisiones de cualquier "interés personal", argumentando que sus actuaciones se limitan a la gestión institucional y a garantizar la gobernabilidad y estabilidad del municipio. "La prohibición de intervención por interés personal se refiere a asuntos estrictamente privados y no a los públicos", defendió García, recordando que cuenta con un certificado de la Secretaría General que avala que su situación no ha cambiado.

Críticas a la oposición

El alcalde también arremetió contra la estrategia de Nueva Canarias, afeándoles que hayan acudido al Ministerio de Política Territorial "ocultando la verdad" sobre la situación de la coalición electoral. Asimismo, desveló que un burofax del presidente de dicha formación, Román Rodríguez, reconoce que la expulsión de los concejales "no es firme" , por lo que acusó a la oposición de iniciar una batalla jurídica a sabiendas de que la premisa era falsa. García concluyó su intervención invitando a la oposición a abandonar "las viejas mañas políticas" y las conspiraciones , exigiendo "altura de miras" para centrar los esfuerzos del Ayuntamiento en la gestión y los problemas reales de los vecinos.

Tras este punto, el pleno continuó con el orden del día, y se aprobó como declaración institucional, entre otras mociones, la de PP‑AV para que el Ayuntamiento se ofrezca formalmente a acoger una comisaría o base operativa de la Policía Canaria, cediendo gratuitamente una parcela de suelo municipal dentro del plan de expansión de la policía autonómica. La iniciativa defendía que el municipio reúne por población e índices de seguridad ciudadana las condiciones para contar con una sede propia de la Policía Canaria en el municipio, y pidiera para ello iniciar los trámites necesarios para poner a disposición del Gobierno de Canarias un terreno adecuado para construir las futuras dependencias.

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