Un ágora ciudadana debate durante seis meses sobre el futuro turístico de Gran Canaria

Durante seis meses, El Soco o la Casa Común, en el barrio de Triana de Las Palmas de Gran Canaria, se ha convertido en un ágora, el espacio en la antigua Grecia donde los atenienses se encontraban para debatir y discutir sobre los problemas de la comunidad. La sede de Participa Gran Canaria ha reunido a medio centenar de personas seleccionadas por sorteo, que durante ocho sábados desde enero han deliberado sobre una de las principales cuestiones que atraviesa el Archipiélago: qué modelo turístico quiere Canarias para las próximas décadas.

La Convención Ciudadana sobre el Modelo Turístico de Gran Canaria celebrará el próximo 6 de junio su última sesión, tras ocho jornadas de trabajo de entre cuatro y cinco horas cada una. El proceso culminará con la elaboración de un informe que incluirá más de 40 recomendaciones y que será presentado oficialmente el 25 de junio al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra.

La iniciativa, impulsada por la Dirección Insular de Participación Ciudadana del Cabildo, surge en un contexto de debate social sobre el principal motor económico de las Islas, que reciben más turistas que países como Brasil. El desarrollo de la Convención ha coincidido con un escenario marcado por las demandas ciudadanas de cambio del actual modelo económico del Archipiélago, sobre todo a raíz de las manifestaciones multitudinarias de Canarias Tiene un Límite del 20 de abril de 2024.

Construcción de una opinión ciudadana

Las movilizaciones del 20A situaron en el centro del debate cuestiones como la implantación de una Ley de Residencia, una moratoria turística y a la vivienda vacacional, la paralización de grandes proyectos vinculados al turismo de masas, la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros o la implantación de una ecotasa. El Gobierno de Canarias impulsó una mesa técnica con especialistas y representantes institucionales para abordar la situación, así como una actualización del marco legislativo para tratar de responder a la realidad actual.

Los 40 participantes fueron seleccionados por sorteo para garantizar una representación equilibrada de la sociedad isleña

Sin embargo, el director de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, Jorge Artiles, sostiene que la Convención Ciudadana representa “la primera vez que se aborda cómo estructurar la opinión ciudadana en un proceso participativo sobre turismo en Canarias”. En este sentido, considera que en el Archipiélago “todo el mundo tiene algo que decir sobre el turismo", por lo tanto, el mecanismo ha tratado de extraer y poner en valor lo que Artiles denomina como la "inteligencia colectiva", un proceso que "requiere paciencia, tiempo y presupuesto".

Por ello, Artiles defiende que la convención ciudadana permite ir más allá de las encuestas tradicionales o de los debates limitados a sectores económicos y expertos. "Podemos decir que personas que no vienen del ámbito turístico, que no son empresarios, activistas ni académicos, después de dedicarle unas 45 horas de trabajo participativo en el curso de seis meses, con la implicación de personas de distintos ámbitos que han venido a mejorar su visión, pueden contribuir a mejorar las decisiones públicas", explica.

Democracia deliberativa

La Convención Ciudadana de Gran Canaria ha contado con 40 participantes, que fueron seleccionados por sorteo a través de una empresa demoscópica para garantizar una representación equilibrada de la sociedad isleña en función de variables como edad, sexo, nivel de estudios o lugar de residencia.

El proceso se ha dividido en tres grandes fases. La primera estuvo centrada en el diagnóstico colectivo del actual modelo turístico y en la elaboración de una “brújula compartida” sobre el futuro de la Isla. Posteriormente, la Convención abrió un ciclo de sesiones con especialistas procedentes de ámbitos académicos, empresariales, sindicales, ecologistas e institucionales.

Y desde la sexta sesión, en abril, los participantes trabajan en la redacción y votación de las recomendaciones finales. “El valor de este mecanismo es que estructura las distintas visiones que existen sobre un problema complejo”, señala Artiles. “No se trata solo de opinar, sino de aprender, escuchar y deliberar colectivamente”.

Distintas perspectivas

Durante las sesiones se han abordado asuntos como la saturación territorial, la vivienda, las condiciones laborales del sector turístico, el consumo de recursos naturales, la capacidad de carga del territorio o la necesidad de transitar hacia un modelo basado más en la calidad que en el crecimiento continuo del número de visitantes.

El modelo, avalado por la ULPGC y el CSIC, sigue las directrices de participación ciudadana impulsadas por la OCDE

En una de las sesiones celebradas en abril, las personas participantes debatieron junto a especialistas como la catedrática de Geografía Física Emma Pérez Chacón y la activista de Ben Magec Noelia Sánchez sobre los impactos territoriales del turismo. De aquel encuentro surgieron algunas ideas compartidas por los participantes, entre ellas la necesidad de “poner límites al turismo”, avanzar hacia la “regeneración del territorio degradado” e implantar una ecotasa.

Pero los encuentros también han contado con la visión empresarial del sector turístico, con representantes de la patronal y de empresas hoteleras, en unas sesiones en las que se abordaron cuestiones como la vivienda para trabajadores, la sostenibilidad o los límites del crecimiento turístico.

Aval científico

El director insular subraya además que el Cabildo no ha intervenido en las deliberaciones. “Nosotros impulsamos el proceso y lo financiamos, pero no participamos en las discusiones. Todo lo ha desarrollado el equipo técnico y científico”, recalca.

La Convención cuenta con el aval científico de la ULPGC y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), además de la gestión de la Fundación Universitaria de Las Palmas. El proceso ha incorporado equipos específicos de facilitación, cuidados, divulgación y comunicación, además de una comisión de garantías encargada de supervisar la calidad metodológica y la neutralidad del procedimiento.

Asambleas de la OCDE

Artiles destaca que este tipo de experiencias cuentan con un amplio recorrido internacional. “Se han hecho más de 600 procesos deliberativos similares en el mundo”, explica. El modelo toma como referencia las directrices de participación ciudadana impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde inicios del siglo XXI, que considera estas fórmulas una herramienta para mejorar la legitimidad democrática y la calidad de las políticas públicas.

La propia OCDE distingue las asambleas ciudadanas como uno de los mecanismos más sólidos de democracia deliberativa. Entre los ejemplos internacionales más conocidos figura la Asamblea Ciudadana de Irlanda, que abordó asuntos tan sensibles como el aborto o el cambio climático mediante grupos de ciudadanos seleccionados por sorteo.

Gran Canaria se convierte ahora en uno de los tres territorios españoles en aplicar este modelo, y el primero en hacerlo específicamente sobre turismo. “No es un proceso vinculante y las administraciones no están obligadas a aplicar las recomendaciones”, admite Artiles. “Lo que hacen es ofrecer recomendaciones, que pueden ser tenidas en cuenta o simplemente decir: efectivamente, nos reafirmamos, esto preocupa y esto hay que abordarlo”, agrega.

El informe final será remitido al Gobierno de Canarias, al Cabildo, a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y a la Federación Canaria de Islas (Fecai). Además, todo el material generado será enviado a la unidad de gobernanza de la OCDE en París, interesada en analizar este tipo de experiencias participativas vinculadas al turismo.