Un sindicato denuncia más de 50 deficiencias en la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana

El Sindicato de Trabajadores de las Administraciones Públicas (STAP) ha denunciado en una nota de prensa que las mejoras e inversiones anunciadas recientemente en las dependencias de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana llegan, según su versión, tras años de reclamaciones y después de la intervención de la Inspección de Trabajo. Por su parte, concejal de seguridad del municipio, José Carlos Álamo, asegura que "las partidas presupuestas se hicieron desde hace tiempo" y señala que "la inversión en seguridad de esta legislatura no tiene precedente. Los datos están ahí y eso es inconstable".

El sindicato, que afirma contar con dos de los cinco delegados de personal, sostiene que el anuncio público de esas actuaciones no responde a una planificación preventiva impulsada desde la Concejalía de Seguridad, sino a "requerimientos laborales y a la presión de las denuncias sindicales".

Denuncias y primeras actuaciones en 2025

De acuerdo con el relato de STAP, los hechos se remontan a principios de 2025, cuando el sindicato presentó denuncias por deficiencias en instalaciones, medios materiales y condiciones de trabajo. El colectivo asegura que una inspectora se personó el 2 de febrero de 2025 para una actuación en las dependencias, que —siempre según esta organización— no pudo desarrollarse “con normalidad”. STAP añade que esa circunstancia habría motivado la apertura de un procedimiento sancionador por presunta obstrucción a la labor inspectora contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que dice que estaría pendiente de resolución.

Según argumenta la organización sindical en el escrito remitido a los medios de comunicación, el 18 de febrero de 2026 dos inspectoras realizaron una inspección completa en las dependencias policiales y requirieron documentación preventiva. Entre la documentación solicitada, STAP menciona la evaluación de riesgos laborales de la Policía Local, cuyo análisis —según su comunicado— reflejaría que no se había actualizado de forma integral en más de una década pese a cambios en instalaciones, medios y organización del servicio.

16 requerimientos y otras 37 medidas correctoras

STAP sostiene en la nota de prensa que, como resultado de esa actuación, la Inspección de Trabajo formuló 16 requerimientos obligatorios con un plazo de tres meses para su subsanación. Entre los ámbitos señalados, el sindicato cita la falta de un vestuario adecuado, problemas de seguridad en duchas y aseos, insuficiencia de taquillas y equipamientos, deficiencias en puestos de trabajo administrativos, ausencia de protocolos de limpieza de vehículos policiales y carencias de seguridad en el armero.

En paralelo, el sindicato asegura que la evaluación y planificación preventiva elaborada por una empresa especializada contratada por el propio Ayuntamiento identificó otras 37 medidas correctoras. En esa relación incluye deficiencias en la “zona fría” del armero, riesgos de caída en cubierta y azotea, problemas en instalaciones eléctricas, deterioros estructurales, carencias en señalización de emergencias y falta de determinados medios y equipos exigidos por normativa.

Vestuarios y condiciones para mujeres policía

Entre las situaciones descritas, STAP afirma que los agentes continúan cambiándose “en los aseos” por la falta de vestuarios, y subraya que las mujeres policía no dispondrían de vestuario ni duchas independientes. El sindicato también sitúa entre las prioridades la seguridad del armero y el estado de los vehículos, aludiendo a la falta de limpieza y mantenimiento adecuado.

La cuenta atrás del plazo

El comunicado incorpora una referencia temporal concreta: a falta de 20 días para que venza el plazo indicado por la Inspección, STAP afirma que no le consta que se hayan corregido “deficiencias críticas” ni las catalogadas como de “Prioridad I” en la planificación preventiva. Con ese argumento, la organización vincula los anuncios de inversiones a una “rectificación” motivada por los requerimientos y no a una iniciativa propia de gestión.

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte el concejal de Seguridad, José Carlos Álamo, lamenta "la instrumentalización de los trabajos realizados que está llevando a cabo la organanización sindical". El edil afirma que "durante la pasada legislatura no se realizaron inversiones en materia de seguridad y emergencias" y recalca que desde el Consistorio se han invertido más de cuatro millones de euros en tres años y pretenden terminar la superando los 6 millones de euros.

Álamo afirma que fueron informados por la Jefatura de algunas de las mejoras que pedían y destaca que "desde que tuvimos el presupuesto necesario" comenzaron a actuar. El concejal afirma que los trabajos "ya estaban iniciados desde hace tiempo" y añade que recientemente han invertido dos millones de euros en mejorar el parque móvil de la policía y diferentes infraestructuras. Álamo también destaca la inversión de más de 450.000 euros que han realizado para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos de San Bartolomé de Tirajana y califica de "críticas oportunistas" los argumentos vertidos por la organización sindical.

STAP considera que Álamo, llevaría más de nueve meses sin reunirse con los sindicatos, según su versión, y sostiene que tampoco habría respondido a una propuesta reciente para colaborar en la mejora de medios materiales. En conjunto, el sindicato cifra en “más de medio centenar” las deficiencias o medidas pendientes, y en un punto del documento concreta 53 deficiencias detectadas entre requerimientos y actuaciones preventivas.

Petición del sindicato

La organización reclama la subsanación inmediata de los requerimientos de la Inspección de Trabajo, la ejecución efectiva de las medidas preventivas pendientes y la creación de un mecanismo de seguimiento que permita verificar públicamente el cumplimiento de las actuaciones anunciadas.

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