Antonio Morales afronta su décimo Debate con su defensa de la ecoísla, pero marcado por la nulidad del Plan de Ordenación de Gran Canaria

A menos de un año de entrar en la recta final del mandato por las elecciones de 2027, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afronta los próximos 22 y 23 de junio su décimo Debate sobre el Estado de la Isla, una ocasión en la que previsiblemente vuelva a defender su proyecto de ecoísla, pero también estará marcado por la nulidad del Plan de Ordenación Insular (PIO), uno de los documentos más importantes del gobierno insular, ya que regula el modelo territorial del futuro de la Isla en aspectos como el turismo, las energías renovables, el sector primario o las reservas naturales.

El debate llega además en un momento especialmente sensible para el grupo de gobierno de Nueva Canarias y PSOE, con varios proyectos estratégicos en marcha, entre ellos, la ejecución de más del 60% de las obras de la central hidroeléctrica de Salto de Chira; la próxima adjudicación de la reforma integral del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de 2030, la finalización de 63 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria o la apertura del Museo de Bellas Artes a finales de este año.

Pero Morales también tendrá que enfrentar las críticas de la oposición del Grupo Popular, Coalición Canaria y Vox por la crisis de la vivienda, los problemas en la atención a la dependencia, los atascos o la actividad turísticas, entre otros asuntos que probablemente también vayan más allá de las competencias que tiene el Cabildo por ley.

Viviendas públicas

Estas sesiones, que se celebran cada año desde 2017, constituyen el principal foro político del Cabildo para evaluar la situación de Gran Canaria. Durante dos jornadas, los representantes de los isleños en la Corporación confrontan sus diagnósticos, fiscalizan la gestión del gobierno y dialogan o discuten sobre algunos de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, como el acceso a la vivienda.

Ya en el debate de 2025, celebrado en abril, las formaciones aprobaron por unanimidad impulsar un convenio entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los 21 municipios para facilitar la construcción de vivienda pública mediante la cesión de suelo municipal y la financiación de urbanizaciones. Un año después, el acuerdo no se ha extendido a la totalidad de los municipios de la Isla.

En un territorio que arrastra más de una década sin inaugurar vivienda pública y un déficit estimado de 6.000 casas protegidas, el gobierno insular ha proyectado más de 450 nuevos inmuebles, que se suman a más de 2.000 actuaciones de rehabilitación repartidas por 14 municipios. La primera promoción en ver la luz será la de 63 viviendas destinadas al alquiler asequible en El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, cuya entrega está prevista antes de mayo de 2027.

A esta actuación se suma la rehabilitación de un edificio inacabado en Valleseco para habilitar 16 viviendas públicas que serán transferidas al Instituto Canario de la Vivienda para su adjudicación. También figura entre los proyectos destacados la construcción de 240 viviendas en el barrio de Las Torres, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con una inversión cercana a los 40 millones de euros. Además, el Cabildo participa junto al Gobierno de Canarias en nuevas promociones de 25 viviendas en Santa Lucía de Tirajana, 32 en Gáldar y 45 en Santa María de Guía.

Los servicios sociales

Pleno a pleno, los grupos de la oposición han puesto el foco en las listas de espera, la falta de plazas residenciales y la situación de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad (CADI), sobre los que pesan desde hace años críticas por el estado de las infraestructuras, así como la calidad de la atención y la capacidad de respuesta del sistema.

La controversia se ha concentrado especialmente en los cuatro CADI de Gran Canaria (Reina Sofía, San José de las Longueras, Obispo Padre Cueto y El Tablero), gestionados por la empresa Grupo 5. El servicio ha continuado funcionando mediante prórrogas forzosas y decretos de Presidencia tras la expiración de los contratos originales. La situación derivó en enero de este año en el abono de 8,5 millones de euros por parte del Cabildo para saldar servicios prestados fuera de contrato, después de que se declarara la nulidad de la licitación anterior al no contemplar financiación suficiente para cubrir los costes salariales del personal.

Con el objetivo de regularizar el servicio, el IASS impulsó una nueva licitación valorada en más de 61 millones de euros, dividida en varios lotes y orientada a reforzar la calidad asistencial mediante un nuevo modelo de gestión. Mientras la oposición ha mantenido sus críticas sobre el funcionamiento del sistema y la falta de soluciones estructurales, el gobierno insular reconoce las dificultades acumuladas en los últimos años, pero defiende las medidas adoptadas para garantizar y mejorar la continuidad de la atención, incrementar las plazas disponibles y corregir las deficiencias detectadas.

La movilidad y las carreteras

La movilidad constituye otro de los asuntos llamados a centrar gran parte la discusión, especialmente, los atascos diarios en la GC-1 en los accesos a Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Entre las soluciones adoptadas, destaca el proyecto para incorporar un cuarto carril en varios tramos de la autopista a su paso por Telde, a la que se sumará la incorporación de un servicio de grúas de respuesta rápida para retirar con mayor agilidad los vehículos implicados en accidentes o averías, una de las principales causas de los colapsos circulatorios en la red viaria insular.

Pero la gran apuesta a medio y largo plazo sigue siendo el tren de Gran Canaria. El proyecto ferroviario entre la capital y el sur ha logrado obtener una declaración de impacto ambiental favorable, un paso considerado imprescindible para avanzar hacia su ejecución. No obstante, el principal reto continúa siendo la financiación. La infraestructura requiere una inversión estimada cercana a los 2.000 millones de euros, una cantidad que excede la capacidad económica de la corporación insular y que obliga a buscar el respaldo financiero del Estado y de la Unión Europea.

Planificación y turismo

A estas cuestiones se suma ahora la situación creada por la anulación del Plan Insular de Ordenación de 2022. En apenas dos meses el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado cuatro sentencias que declaran la nulidad del documento por entender que fue aprobado adaptándose a una normativa ya derogada. El Cabildo ha recurrido las resoluciones y sostiene que el plan sigue vigente mientras las sentencias no sean firmes, pero la oposición considera que se trata de uno de los principales varapalos jurídicos sufridos por la institución durante los últimos años.

Además, los recursos presentados con el PIO han guardado relación con la ordenación que realiza el documento del sector turístico, especialmente, en la controversia por los usos del suelo. En este sentido, el Cabildo reclamó en 2025 anular las sanciones a residentes e instar a que el Ejecutivo autonómico derogara la obligación de destinar viviendas exclusivamente al uso vacacional. La reivindicación sigue vigente y la Plataforma de Afectados por la Ley Turística mantiene su presión para que el Gobierno canario modifique el marco regulador.

En este ámbito, cabe recordar que en la sesión del pasado año, el Cabildo también aprobó por unanimidad instar al Gobierno de Canarias a implantar una tasa turística en la Isla para destinar la recaudación a la conservación de espacios naturales, la renovación de la planta alojativa y actuaciones vinculadas a la sostenibilidad. Un año después, únicamente el Ayuntamiento de Mogán ha puesto en marcha un impuesto de estas características.

Contra el transfuguismo

En el ámbito puramente político, la única propuesta impulsada por la oposición que logró salir adelante en el debate del pasado año fue una iniciativa del Partido Popular en defensa de la «decencia política» y contra el transfuguismo.

La iniciativa se enmarcaba en pleno proceso de ruptura interna en Nueva Canarias, que desembocó en la creación de Primero Canarias Municipalistas, la formación liderada por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. Un año después, aquella escisión sigue marcando la actualidad política insular en distintos municipios con el trasvase de nombres de una formación a otra y acusaciones de transfuguismo.

Por todo ello, el debate también servirá para medir los equilibrios políticos en un escenario especialmente complejo y a menos de un año de las elecciones de 2027. En el propio grupo de gobierno, el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, y el consejero de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, afrontan la cita ya integrados en Municipalistas Primero Canarias tras su salida de Nueva Canarias.

La nueva posición de Municipalistas Primero Canarias y su sintonía con Coalición Canaria añadirán un elemento de interés al debate, especialmente por los asientos a los que dirigirán sus principales criticas los grupos de la oposición CC y PP, que comparten gobierno en Canarias. Y también podrían marcar los debates las dinámicas estatales entre PP y Vox, cuyas posiciones se han aproximado en la política nacional.