El Cabildo reclama al Gobierno canario que frene las granjas marinas en La Aldea y Artenara

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria expresó este viernes su rechazo unánime a la instalación de granjas marinas en el litoral de La Aldea de San Nicolás y Artenara, dentro de la Zona de Interés Acuícola GC-9, mientras no quede garantizada la preservación de los espacios marinos de la zona y la protección de la pesca artesanal.

La Corporación insular acordó exigir al Gobierno de Canarias que paralice o deje sin efecto cualquier autorización vinculada a estos proyectos, al considerar que podrían generar afecciones sobre el medioambiente, el territorio y la actividad pesquera tradicional.

La iniciativa, presentada por los dos grupos que integran el Gobierno insular, Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y Partido Socialista Canario-PSOE, fue defendida en el Pleno por el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo. Durante su intervención, Hidalgo subrayó la necesidad de actuar con especial cautela ante la ubicación propuesta para la instalación acuícola, por las características marítimas del enclave y por su proximidad a espacios naturales de alto valor ambiental y paisajístico.

Un litoral de alta sensibilidad ambiental

El acuerdo aprobado sostiene que la idoneidad del emplazamiento previsto para los viveros resulta “muy dudosa”, debido a las condiciones marítimas de la zona, marcada por una elevada exposición al oleaje y a las dinámicas oceánicas.

El Cabildo advierte de que la implantación de estas infraestructuras exige un análisis específico, al tratarse de un espacio costero de alta sensibilidad ambiental. El ámbito se encuentra próximo a varios espacios protegidos, entre ellos la Reserva Natural Especial de Guguy, la Reserva Natural Integral de Inagua, el Parque Natural de Tamadaba, la Zona de Especial Protección para las Aves de la Franja Marina Mogán-La Aldea, la Zona de Especial Conservación de Sebadales de Guguy y la Micro Área Marina Protegida de La Aldea de San Nicolás.

La institución insular considera que las directrices del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura no eximen de exigir las máximas garantías. En el texto aprobado se advierte de que un impacto negativo en este entorno tendría consecuencias graves para un patrimonio natural que conserva un elevado grado de protección y que apenas ha sufrido procesos de transformación humana.

Por ello, el Cabildo reclama al Ejecutivo autonómico que cualquier decisión sobre estos proyectos se adopte únicamente después de una evaluación exhaustiva de todos los informes técnicos y ambientales preceptivos. El objetivo, señala el acuerdo, debe ser asegurar el máximo nivel de protección del medio marino y del entorno natural.

La Cámara insular también insta al Gobierno de Canarias a abrir procesos amplios, transparentes y efectivos de información, diálogo y participación pública, de manera que puedan recogerse y valorarse las aportaciones de la ciudadanía y de los sectores afectados.

Apoyo a la acuicultura, pero con garantías

El acuerdo aprobado por unanimidad no cuestiona la acuicultura como actividad económica. El Cabildo reconoce que se trata de un sector respaldado por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que la considera una herramienta relevante para la seguridad alimentaria, la diversificación de la producción pesquera y la creación de empleo en territorios costeros.

La institución insular señala, además, que comparte la necesidad de explorar alternativas económicas sostenibles que contribuyan a diversificar la economía de Canarias y a generar nuevas oportunidades laborales. “No dudamos de que la acuicultura, desarrollada bajo criterios rigurosos de sostenibilidad ambiental y social, puede contribuir a la creación de riqueza y empleo”, recoge el documento.

No obstante, al tratarse de una competencia del Gobierno de Canarias, todos los grupos con representación en el Cabildo reclaman al Ejecutivo autonómico un análisis minucioso y vinculante de los efectos que la actividad acuícola podría tener sobre el medio marino, el paisaje, el medioambiente y la realidad social y económica de la zona.

El acuerdo apela al principio de precaución antes de autorizar cualquier proyecto en este enclave.

Greenpeace celebra la decisión

Greenpeace valoró positivamente la posición adoptada por el Cabildo ante el proyecto de jaulas marinas previsto en el litoral de La Aldea, promovido por Gran Canaria Bass Company SL y con una producción estimada de 5.400 toneladas de lubinas al año. Para la organización ecologista, el acuerdo supone un respaldo a la movilización ciudadana y confirma su rechazo a un modelo de acuicultura industrial que, sostiene, no puede considerarse sostenible.

La entidad advierte de que la instalación podría afectar a la pesca artesanal, a los caladeros tradicionales y a espacios de alto valor ecológico próximos a la zona. Greenpeace aseguró que seguirá vigilante para que las próximas decisiones prioricen la protección del medio marino y del entorno natural.