El Cabildo de Gran Canaria rechaza las granjas marinas previstas frente a La Aldea y Artenara

El Cabildo de Gran Canariaha manifestado su rechazo unánime a la instalación de granjas marinas en el litoral de La Aldea de San Nicolás y Artenara, dentro de la Zona de Interés Acuícola GC-9. Durante la sesión plenaria de este 26 de junio, los cinco grupos que conforman la institución insular exigieron al Gobierno de Canarias que paralice o deje sin efecto cualquier autorización para este tipo de infraestructuras mientras no se garantice la protección del medio marino y la compatibilidad con la pesca artesanal.

La moción, presentada conjuntamente por los grupos que integran el gobierno insular, Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y PSOE, sostiene que el emplazamiento propuesto para las jaulas marinas presenta "serias dudas" desde el punto de vista ambiental y territorial, debido a la elevada sensibilidad ecológica de la zona y a sus particulares condiciones oceanográficas. Por lo que instan al Ejecutivo autonómico a revisar de forma urgente la planificación acuícola prevista para el litoral occidental de Gran Canaria y a aplicar estrictamente el principio de precaución antes de autorizar cualquier proyecto.

El consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, encargado de defender la moción, aclaró en que el rechazo no se dirige contra la actividad acuícola en sí, sino contra una ubicación concreta próxima a algunos de los espacios naturales más valiosos de la Isla. Entre ellos citó la Reserva Natural Especial de Guguy, la Reserva Natural Integral de Inagua, el Parque Natural de Tamadaba, la Zona de Especial Conservación de los Sebadales de Guguy o la franja marina protegida entre Mogán y La Aldea.

Un litoral virgen

Según el documento aprobado, la implantación de una granja marina industrial en este enclave podría afectar a un litoral que conserva un elevado grado de naturalidad y que apenas ha sufrido procesos intensivos de transformación humana. Además, el Cabildo advierte de que las especiales condiciones marítimas de la costa occidental, caracterizada por una fuerte exposición al oleaje y complejas dinámicas oceánicas, generan dudas sobre la viabilidad técnica de estas instalaciones.

Otro de los argumentos esgrimidos por la Corporación insular hace referencia al impacto que podría tener el proyecto sobre la pesca artesanal. El acuerdo señala la necesidad de preservar los usos tradicionales del litoral y proteger la actividad pesquera profesional, de la que dependen numerosas familias de La Aldea.

Ciencia y participación ciudadana

El Cabildo también reclama al Gobierno de Canarias que cualquier decisión sobre el desarrollo de la acuicultura en esta zona se sustente en estudios científicos independientes e informes ambientales exhaustivos que evalúen los efectos sobre el medio marino, el paisaje, la economía local y el tejido social. Asimismo, exige la puesta en marcha de procesos de información y participación pública "amplios, transparentes y efectivos" que permitan escuchar a los vecinos, a las organizaciones ecologistas y al sector pesquero.

Durante el debate, Coalición Canaria defendió el derecho de la población de La Aldea a ser escuchada ante la creciente preocupación social existente en el municipio y reclamó información rigurosa sobre los posibles efectos de la instalación. El Partido Popular, por su parte, calificó el área como una zona de "alta sensibilidad ecológica" incompatible con una granja marina de grandes dimensiones y recordó que sus representantes en el Ayuntamiento aldeano ya habían expresado su oposición al proyecto.

Vox, aunque cuestionó algunas contradicciones del grupo de gobierno al considerar que no se puede pedir simultáneamente más estudios y rechazar la iniciativa, terminó apoyando la moción por "coherencia" con la sensibilidad ambiental del litoral aldeano. Pese a su rechazo a este emplazamiento concreto, el acuerdo aprobado por unanimidad deja constancia de que el Cabildo reconoce el potencial de la acuicultura como actividad económica y como herramienta para diversificar la economía canaria, generar empleo y reforzar la seguridad alimentaria, siempre que se desarrolle bajo estrictos criterios de sostenibilidad ambiental y social.