"Nos cerraron la puerta, nos dijeron que nos buscáramos la vida": así fue el desalojo del asentamiento de Mr. Leacock en Guía

La autoridad judicial ordenó esta mañana el desalojo de 50 personas, entre las que se encontraban cinco familias, de las infraviviendas levantadas en el entorno de la antigua fábrica azucarera de Mr. Leacock, ubicada entre Santa María de Guía y Gáldar. En torno a las 11.00 horas llegaron al lugar los primeros efectivos de la Guardia Civil, que cerraron la carretera que conecta ambos municipios. Sin embargo, fue una hora más tarde, a las 12.00 horas, cuando comenzó el operativo.

Cerca de 50 agentes, de diferentes unidades como la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) y la Policía Local de Santa María de Guía, participaron en la actuación para desalojar a los residentes, que abandonaban el asentamiento cargando maletas y carros de la compra llenos de enseres personales, mientras la maquinaria iniciaba el derribo de algunas casas.

Según los residentes que iban abandonando el recinto, las cinco familias se atrincheraron, pues, al no contar con una vivienda alternativa, las autoridades les advirtieron de que los menores serían trasladados a centros de acogida. Sin embargo, a las 14.30 solo quedaba dentro un núcelo familiar.

Familias sin alternativa habitacional

Etuani Saher es el padre de una de estas familias. Llevaba cinco años viviendo en el recinto con sus tres hijos y su mujer, en una casa que levantó con sus propias manos y en la que invirtió 19.000 euros para su construcción. Saher relató que las familias esperaban alguna alternativa habitacional tras las reuniones mantenidas con las administraciones durante los últimos meses, aunque finalmente no obtuvieron una solución. "Nos cerraron la puerta, nos dijeron que nos buscáramos la vida y que, si no encontrábamos una alternativa, podrían llevarse a los niños a un centro, y eso es injusto", lamentó Etuani horas antes de que se efectuara el desalojo, cuando todavía mantenía la esperanza de que el juez interrumpiera la orden de desahucio.

"Estamos buscando alquiler, pero es imposible", añadió el padre de familia. Considera que las dificultades responden tanto a la escasez de vivienda disponible como a su condición de extranjero, aunque subraya que muchas de las personas que residían en el asentamiento cuentan con permiso de residencia y con un empleo estable. Es el caso de Gilah Alcubi, que llevaba diez años viviendo en Mr. Leacock y, a pesar de tener un trabajo estable en el sector de la industria, no ha encontrado ninguna alternativa. "Ahora mismo, si me dicen que salga, voy a dormir en la calle", confesó Alcubi.

El desalojo se produce después de que, el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Guía solicitara la intervención conjunta del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria ante la inminencia del lanzamiento judicial, fijado desde entonces para el 30 de junio. Tito Martín, miembro del colectivo Derecho al Techo, presente en el desahucio, denunció la "pasividad" de las administraciones públicas, que no han dado respuesta a "un auténtico drama habitacional". Martín recalcó que se trata de personas que no pueden acceder a un mercado inmobiliario "desbocado" y que, además, sufren "racismo inmobiliario", pues su origen marroquí supone en muchas ocasiones una dificultad para acceder a una vivienda, aseguró el portavoz.

Un asentamiento marcado por la precariedad

El lanzamiento judicial fue solicitado por el propietario del terreno, donde llegaron a convivir cerca de 200 personas, aunque en los meses previos al desalojo muchas abandonaron la zona de forma voluntaria. Las condiciones de vida en el lugar eran precarias, pues las viviendas, construidas de forma improvisada tanto en el interior de la antigua fábrica como en sus alrededores, carecían de unas condiciones adecuadas de habitabilidad.

Pese a ello, muchas familias encontraron allí una solución ante las dificultades para acceder a una vivienda, mientras algunos de sus miembros trabajaban en distintos sectores, especialmente en la agricultura. Durante los últimos meses, el Ayuntamiento de Santa María de Guía había trabajado junto con otras administraciones para tratar de encontrar alternativas de alojamiento temporal, aunque reconocía que la capacidad municipal era insuficiente para afrontar una intervención de esta magnitud.

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